A pesar de los esfuerzos que hizo Morena para intentar legitimar el proceso legislativo para aprobar la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los datos que hoy se observan en el portal en línea del Poder Judicial de la Federación exhiben ya el descontento generalizado en torno a la nueva ley.
Después de conocerse el primer proyecto de iniciativa de ley que presentó Claudia Sheinbaum, el ecosistema digital y los medios de comunicación reaccionaron de inmediato cuando advirtieron la notoria intención de censurar a la opinión pública. Ante la presión generada por el hashtag #leycensura, el partido oficialista entró en crisis.
Mientras la Presidenta asimilaba que algunos problemas de la ley eran apuestas arriesgadas, como el bloqueo de las plataformas digitales, la censura de contenidos extranjeros y las violaciones al T-MEC, algunos legisladores de Morena se quedaron por unas horas sin línea sobre la postura que el régimen adoptaría y defendieron con lealtad ciega el primer dictamen. José Merino trató de explicar en vano que la censura de plataformas digitales ya existía, que no la había inventado él, pero el daño ya estaba hecho y el oficialismo tuvo que suspender la aprobación fast track de la ley, rompiendo sus rigurosas tradiciones y procesos.
El Senado finalmente aceptó llevar a cabo conversatorios sobre los aspectos más preocupantes de la ley. Las conversaciones entre el legislativo y el pueblo fluían en bloques de cinco minutos, que se volvieron un insumo valioso y codiciado. Luego de que concluyera este ejercicio democrático de alto nivel, el equipo de Merino preparó una presentación de PowerPoint para dar a conocer el consenso alcanzado. Una vez legitimada, la nueva ley se promulgó y publicó el 16 de julio, y según el informe de este lunes, servirá para resarcir los daños del periodo neoliberal.
Pues bien, a pesar de todos los esfuerzos democráticos, a la fecha, los sitios oficiales en línea del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, reportan ya decenas de juicios de amparo que se han interpuesto en contra de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De la información pública disponible, se pueden identificar, por lo menos, los juicios de amparo con expedientes 236/2025, 238/2025, 239/2025, 241/2025, 243/2025, 244/2025 y 245/2025 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, todos ellos en contra de la nueva ley.
Por su parte, en el Juzgado Tercero de Distrito con la misma especialidad, se han abierto ya los expedientes 250/2025, 254/2025, 255/2025, 256/2025, 257/2025, 258/2025, 259/2025, 260/2025, 261/2025, 262/2025, 265/2025, 272/2025, 277/2025 y 278/2025, por lo menos, señalando como acto reclamado la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entre los quejosos se encuentran tanto personas físicas, como morales, incluyendo a Grupo Carso (265/2025 – Juzgado Tercero), AT&T (272/2025 – Juzgado Tercero) y TV Azteca (254/2025 – Juzgado Tercero), entre muchas radiodifusoras y hasta asociaciones civiles.
En la mayoría de los casos, los juzgados se han declarado incompetentes, o han desechado las demandas de amparo. De la información pública disponible, se desprende que la autoridad judicial ha señalado en varias ocasiones, como causal de desechamiento, que la propia ley aún no ha causado agravios a los quejosos. También se aprecia que algunas de estas resoluciones ya han sido impugnadas.
Con independencia del sentido en el que se resuelvan los amparos y demás recursos interpuestos, la lluvia de amparos exhibe sin lugar a dudas que los conversatorios y los ajustes a la ley no son el resultado de un ejercicio democrático para alcanzar un consenso, sino una mera simulación de ello. Desafortunadamente, el sentido de las resoluciones judiciales iniciales no parece favorecer a los quejosos, y la implementación de la reforma judicial tampoco ofrece un panorama esperanzador.
Cortesía de El Economista
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