La guerra contra el narco: Herencia de inseguridad que México no logra superar.
La llamada “guerra contra el narco”, impulsada en 2006 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, es citada hasta la actualidad como “el motor” que incentivó el incremento de asesinatos en México.
La estrategia se centró en la militarización, la captura y abatimiento de líderes de los cárteles de la droga y el combate directo a la violencia, y aunque no tuvo una fecha oficial de término, condujo a que el sexenio de Calderón Hinojosa concluyera con alrededor de 122 mil 500 homicidios, según datos del Inegi, una cifra para entonces “escalofriante”, sin contar las aproximadamente 16 mil 900 desapariciones reportadas al cierre de su mandato, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los gobernantes de sexenios posteriores siempre voltearon atrás para señalar que la responsabilidad de que México estuviera en una crisis de inseguridad se debía a dicha guerra, aunque cada uno de ellos ha tenido en sus manos la responsabilidad de implementar su propia estrategia en busca de la pacificación del país, quizá sin los resultados deseados.
Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, los medios de comunicación ya reportaban la extensión de los cárteles no solo en el territorio mexicano, sino también en Centro y Sudamérica, así como en Estados Unidos. Cárteles como el de Tijuana, Sinaloa, el Cártel de Juárez y el del Golfo iniciaron diversas disputas entre sí con el interés de controlar las diferentes rutas de trasiego de drogas hacia esos países. Pero, además, impulsaron distintas acciones para “descentralizar” sus negocios, optando por llevar a cabo secuestros de empresarios, extorsiones y cobros de piso que afectaban directamente a la sociedad.
El origen de la estrategia
Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia de México, lo hizo con apenas el 0.56% por encima de su contrincante principal: Andrés Manuel López Obrador, quien al asegurar “un fraude”, se convirtió en fuerte oposición de Calderón, hecho que marcó el inicio de las polarizaciones políticas y sociales a gran escala. Parte de esa presión social llevó a Felipe Calderón a establecer una estrategia clara que erradicara los males causados por el crimen organizado.
Pero a ello se sumó la presión de Estados Unidos, que en la búsqueda de detener el trasiego de droga a su territorio impulsó distintas colaboraciones con el Gobierno de México, como la Iniciativa Mérida, en la cual el gobierno de EU invertiría recursos para capacitar y “limpiar” a las policías locales que, según las mismas autoridades, estaban infiltradas por los criminales, o por lo menos servían al crimen organizado para informar o permitir sus negociaciones sin ser sorprendidos.
Así, se impulsó la Iniciativa Mérida en 2007, que se centró en proporcionar los equipos solicitados por el Gobierno de México, incluidos bienes aéreos para el Ejército Mexicano y la Policía Federal, además de capacitación para los distintos sectores en materia de seguridad pública y nacional.
Fue entonces que Felipe Calderón echó a andar la estrategia de seguridad que abanderó su sexenio, asegurando que con ella “se declaraba la guerra contra el narcotráfico”. Esta consistió, principalmente, en una estrategia militarizada y federalizada para enfrentar a los cárteles de la droga que operaban en México.
Desde diciembre de 2006, Calderón desplegó al Ejército y la Marina en estados donde la violencia era más alta, las policías locales eran insuficientes o estaban infiltradas por el crimen organizado. Estos despliegues se organizaron en operativos conjuntos, como Tijuana, Ciudad Juárez y Michoacán, que combinaban patrullajes, cateos, aseguramiento de armas y detenciones de líderes criminales con el objetivo “de restablecer el control del Estado”.
Uno de los ejes centrales de la estrategia fue la política de “decapitación” de cárteles, que buscaba capturar o abatir a los líderes (o cabezas) de los grupos criminales bajo la idea de que los cárteles perderían poder sin sus jefes.
Durante estos años se registraron casos emblemáticos como la captura de Arturo Beltrán Leyva en 2009 o el abatimiento de Nazario Moreno, “El Chayo”, en 2010. Sin embargo, esta táctica tuvo un efecto secundario: muchos cárteles se fragmentaron en grupos más pequeños y violentos, lo que incrementó los enfrentamientos territoriales y los homicidios.
“La violencia, lejos de aminorar, se generalizó: a partir de mayo de 2008 aumentaron súbita y sostenidamente los homicidios relacionados con la delincuencia organizada a niveles nunca vistos. Paralelamente, la presencia de militares en tareas de seguridad pública y el imperativo de mostrar resultados positivos agravaron la situación de derechos humanos e incrementaron violaciones como tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y procesos penales indebidos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, policiacas y de las instituciones de procuración de justicia”, relata la organización internacional Brigadas para la Paz respecto a la estrategia de Calderón Hinojosa.
Coordinación de esfuerzos por un México en paz
En 2012, Enrique Peña Nieto sería el primero en heredar la crisis de seguridad que dejó tal guerra, apostando por la estrategia “México en Paz”, que consistía en coordinar esfuerzos locales y federales para reducir los índices de violencia y, precisamente, optar por la paz a través del fortalecimiento de las policías, el combate de delitos clave que afectaban a la población (homicidios, secuestros y extorsiones) y promover un sistema penitenciario nacional para lograr la reinserción efectiva.
“México en Paz” buscaba desmarcarse de su antecesor, tratando de dejar en segundo plano el combate al crimen organizado y centrándose en las violencias que impactaban directamente en la sociedad. Afirmó que desarticularía a las bandas y organizaciones criminales “a través de la inteligencia”, desmantelando sus estructuras financieras y aumentando la seguridad en sitios y rutas clave del país, en especial en las fronteras.
Aunque en el discurso sonaba menos la violencia como arma para contener el crimen organizado, lo anterior no se reflejó en las cifras de asesinatos, pues el sexenio de Peña Nieto cerró en 2018 con alrededor de 156 mil 500 homicidios, de acuerdo con cifras del Inegi, y 32 mil 682 desapariciones según la Comisión de Búsqueda, superando a su antecesor.
Al respecto, Brigadas Para la Paz refirió que no solo no disminuyó este tipo de ilícitos, sino que, además, fue en su administración que aumentaron las denuncias por abuso y violaciones a los derechos humanos, pues la militarización no salió de las calles, además de que en este sexenio proliferaron las autodefensas.
La creación de la Guardia Nacional
Luego de tres intentos, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en diciembre de 2018 con su estrategia emblema, llamada “Abrazos, no balazos”, la cual, afirmaba, se centraría en resolver las causas y evitar confrontaciones directas con los cárteles. De esta forma, su gobierno buscaría atender la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, priorizando los programas sociales y ayudando a los jóvenes “para que no cayeran en las manos del narcotráfico”.
Sin embargo, no solo la oposición, sino la academia y especialistas criticaron dicha estrategia debido a que, consideraban, no ponía un alto a los grupos criminales, e incluso llegaron a señalarlo por establecer vínculos con ellos, por el hecho, por ejemplo, de sostener diversos encuentros con la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, o al liberar (en su primera captura) a Ovidio Guzmán para evitar que escalara el llamado “Culiacanazo”, registrado en Sinaloa el 17 de octubre de 2019.
Además de todo ello, Andrés Manuel optó por crear la Guardia Nacional, primero con el objetivo de “tener una policía civil de primer contacto con la ciudadanía”, aunque más tarde la incorporó a las Fuerzas Armadas de México, movilizando a especialistas al alertar que, con esto, se estaba militarizando al país.
Arturo Villarreal Palos, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, consideró que este cambio incumple los compromisos internacionales de México, contraviniendo los acuerdos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, Anuar García, presidente de SOS Capítulo Jalisco, consideró que este cambio marca el paso definitivo hacia la militarización del país: así, el mando civil que teóricamente debía liderar la Guardia Nacional nunca fue respetado, y la corporación ya estaba dirigida por un mando militar.
La estrategia, en su conjunto, no solo no logró desmarcarse de los fracasos de los sexenios anteriores, sino que llevó a que el mandato de Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en el más violento de los últimos tiempos, al acumular 202 mil 336 asesinatos en el país, según las cifras del Inegi. “No hay más violencia, hay más homicidios”, llegó a manifestar Andrés Manuel López Obrador en una de sus ruedas de prensa (“Mañaneras”) el 6 de mayo de 2024.
En su sexenio, además, se registraron 54 mil 049 nuevas desapariciones, según los datos documentados por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los retos del nuevo mandato
Aunque Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta de México, ha confirmado en diversas ocasiones que su gobierno “busca dar continuidad” al mandato de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, algunos especialistas han reconocido que, por lo menos en su primer año de gobierno, Sheinbaum Pardo ha apostado por desmarcarse de la estrategia en materia de seguridad.
De octubre a agosto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman 20 mil 237 homicidios. Y aunque se trata de una cifra alta, representan una baja del 25% respecto de las cifras de López Obrador.
Por ejemplo, para Marcos del Rosario, académico del ITESO, es destacable que la mandataria se deslindó de la postura de su predecesor en el combate al narcotráfico. “Al menos se percibe que busca enfrentarlo y no mostrarse como su aliado, como ocurrió con Andrés Manuel. Puede ser una estrategia orientada también a mediar la crisis con Estados Unidos, pero es un viraje relevante”, puntualizó Marcos.
“Sí hay un plan de seguridad, sí hay combate. Habrá que ver si es efectivo, porque veníamos de seis años de ‘Abrazos, no balazos’, una política que permitió al crimen organizado moverse a sus anchas. Es difícil que en un año se vean resultados contundentes, pero es un inicio”, consideró Del Rosario.
“Sí vemos una estrategia distinta, lo que es positivo y abre una esperanza, en contraste con la insensatez que fue ‘Abrazos, no balazos’ de su antecesor”, dijo Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, aunque lamentó que persistan temas sensibles sin respuesta, como las desapariciones, que al mes de marzo pasado, cifra más reciente reportada por la Comisión de Búsqueda, sumaban 6 mil 814.
Todo lo anterior pone en evidencia que la guerra contra el narco marcó un antes y un después en la historia reciente de México en materia de seguridad: lo que comenzó como una estrategia que buscaba acabar con los cárteles, se transformó en políticas con las que ningún gobierno ha logrado revertir la crisis. El despliegue militar, los miles de homicidios y desapariciones, evidencian que el país quedó atrapado en una espiral de violencia que se alimenta a sí misma.
El desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum es poder demostrar que puede romper esta espiral, y aunque los primeros datos muestran una reducción en los homicidios, los especialistas advierten que el reto es mayúsculo: contener el crimen organizado sin repetir los errores de la militarización, atender de fondo las desapariciones y recuperar la confianza de una sociedad que lleva casi dos décadas viviendo bajo los estragos de esta violencia.
CT
Cortesía de El Informador
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