Las manifestaciones en las calles son la expresión más clara de un régimen democrático que reconoce el derecho a expresarse de todos y cada uno de sus ciudadanos independientemente de su posición política a favor o en contra del gobierno o autoridad alguna. Pero cuando se descalifica desde la cúpula del poder a los participantes en la protesta y se les envían provocadores que generan violencia con la intención de mostrarlos como incapaces de comportarse dentro de la ley, entonces estamos dando un paso más hacia la destrucción de la democracia mexicana.
Y es que un gobierno que ha sido incapaz de contener la violencia durante siete años en el ejercicio del mando no tiene otra opción más que culpar al pasado y a los llamados “traidores” del fracaso de su gestión. El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan ha sido la gota que derramó el vaso de una sociedad hastiada de no contar con servicios de salud de mínima calidad, de carecer de la seguridad mínima necesaria para vivir sin miedo, y de sufrir las consecuencias de una economía paralizada y con empleos formales permanentes.
La estrategia gubernamental de distribuir dinero en forma indiscriminada entre la población le ha rendido frutos en el ámbito electoral. El aparato político de Morena ha sido aceitado con miles de millones de pesos para poder operar en las elecciones de todo tipo, contando además con la ayuda del INE y el Tribunal Electoral, los cuales han sido copados por militantes incondicionales del partido oficial.
Sin embargo, esto no alcanza para anular el descontento popular producto de la ausencia de resultados positivos en la disminución de la criminalidad, en el abasto de medicinas y en una economía que no crece por no contar con la certeza jurídica que impulse la inversión.
La toma de calles llevada a cabo por la Generación Z y el Movimiento del Sombrero el sábado pasado, y el intento de la 4T de minimizarla y atribuirle a sus organizadores la responsabilidad por la violencia de los porros del bloque negro y la respuesta brutal de los inexistentes granaderos, demuestran el grado de enojo y frustración de un segmento social harto de la esquizofrenia de una autoridad que sigue creyendo poder imponer una narrativa de bienestar y confianza ante fenómenos de descomposición social evidentes.
La 4T está convencida de que, así como otros escándalos de corrupción entre sus filas no han generado mayor enojo, esta nueva reacción de descontento se apagará con el tiempo. En esta ocasión podrían estar equivocados en la medida en que el descontento se mantenga como consecuencia de un incremento sustancial de la acción criminal y la falta de un posible incremento en la actividad económica.
La acumulación de un enorme poder en el Ejecutivo no ha sido directamente proporcional a un incremento en el bienestar social percibido por la población. La magia del control político sobre los millones de receptores de dinero cada mes está por acabarse.
Cortesía de El Economista
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