El tira y afloja político entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos ha terminado por aterrizar en las calles de la capital mexicana, que este viernes congregó a cientos de jóvenes en una marcha contra la gentrificación. Este fenómeno, que asedia a los centros urbanos y expulsa de los barrios a gran parte de la población humilde y local, se ha impregnado en el país hispano de las tensiones que cada día marcan el paso de la relación bilateral. La sospechosa tregua con la que los países atravesaron la última semana tropezó con las consignas antiestadounidenses que enarboló un sector de la manifestación, y la respuesta al norte del río Bravo no se ha hecho esperar. El Departamento de Seguridad Nacional ha volcado toda su ironía en la réplica y ha escrito en su cuenta oficial de X: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”, una referencia a la plataforma digital con la que los migrantes irregulares se alistan para autoexpulsarse del país.
La provocación se ha topado con la habitual templanza de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que este lunes ha evitado referirse al comentario y se ha volcado más bien en condenar los lemas xenófobos del encuentro. “Nosotros somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno. Así es nuestro pueblo y así hay que ser”, ha dicho después de criticar que se utilizara una demanda “legítima” como la lucha contra la gentrificación para pedir la expulsión de “cualquier nacionalidad”. “México ha sido solidario siempre”, ha reiterado, una línea que comparte el Gobierno capitalino, que se ha sumado a la condena y ha esquivado el envite de las autoridades del país vecino. “Si nosotros estamos diciendo que la actitud del Gobierno de Estados Unidos a nuestros paisanos no es la correcta, no podemos actuar de la misma manera”, apunta César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital, por teléfono: “México es un santuario para quienes quieran venir”.
Cravioto califica de “frívolo” el mensaje de la Oficina estadounidense y deja claro su desacuerdo. “No somos iguales. En México se trata de manera distinta a los migrantes”, defiende. Este mismo lunes, el Ejecutivo local ha convocado a una “asamblea informativa” a los vecinos de las céntricas colonias de la Condesa y la Roma, conocidas por la alta presencia de extranjeros estadounidenses y europeos. “Queremos empezar a generar estos foros para encontrar entre todos la mejor manera de que quien quiera seguir viviendo en la ciudad lo pueda hacer, y que no sea el factor económico el que defina quién vive o quién no vive en la Ciudad de México”, señala el responsable público.
Todo apunta a un intento de contener lo más rápidamente posible un conflicto que podría desbordarse en el plano social antes que en el político, donde la diplomacia se impone a cualquier amago de enfrentamiento. “La estrategia de Trump siempre ha sido provocar y, una vez que le contestas, te somete. Eso lo aprendió muy bien el Gobierno mexicano en el primer mandato del republicano”, explica Pía Taracena, experta en asuntos internacionales de la Universidad Iberoamericana. De ahí el “perfil bajo” de las autoridades mexicanas, señala la especialista, ante una narrativa que se enmarca casi en la “guerra verbal”: “Esas provocaciones a veces buscan escalar las cosas, y ya más no pueden escalar”.
En el terreno social, donde la diplomacia queda en un segundo plano, la cuestión se enreda un poco más. Los aranceles, las redadas contra los migrantes y las afrentas verbales del presidente republicano han ido haciendo mella y se suman a las desigualdades sociales, ya de por sí muy pronunciadas en el país. “El conflicto de la vivienda atraviesa estos otros conflictos sociales entre mexicanos y estadounidenses que hacen que, cuando se encuentran en la vida cotidiana, en los espacios públicos, se convierta también en un tema simbólico, político o social”, señala Carla Escoffié, abogada especializada en derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
“No podemos entender la discusión que se está dando en México sin entender estos dos problemas que surgen de manera separada, pero que se están encontrando y entrelazando”, apuntala, y pone de ejemplo el encuentro que le relató una conocida mexicana con un estadounidense que llevaba una gorra de MAGA (Hagamos Estados Unidos grandioso de nuevo, por sus siglas en inglés), el lema bajo el que se agrupan los seguidores de Trump: “Este tipo de conflictos están muy tensos hoy”.
La cuestión nacional añade una capa de complejidad a un tema que de por sí no tiene una solución fácil. La fuerte crisis de vivienda que atraviesa México y en la que se inserta el fenómeno de la gentrificación adopta distintas caras en cada ciudad del territorio. No se manifiesta igual en Tijuana, explica Escoffié, donde la cercanía con la frontera está provocando la dolarización de las rentas, que en Oaxaca, donde la situación está fuertemente ligada al turismo.
En Monterrey, añade también, la discusión pasa por la especulación inmobiliaria y otras dinámicas que se alejan de los llamados nómadas digitales, profesionales con alto poder adquisitivo que cobran en la moneda de sus países de origen, pero trabajan desde cualquier lugar, como Ciudad de México, donde las rentas no han dejado de subir en los últimos años. Es un fenómeno que afecta por igual a ciudades grandes y pequeñas, dice la abogada: “Valladolid, una ciudad chica de Yucatán, es un caso muy crítico. AirBnB está teniendo un impacto muy fuerte”.
El reto para las autoridades mexicanas es ahora múltiple. Por un lado, deberán evitar que el traslado de las tensiones a las calles rebote de nuevo a la esfera política, un escenario que César Cravioto descarta, pues la manifestación del viernes no responde a “una política del Gobierno de la ciudad ni del país, a diferencia de allá”. Por otro lado, tendrán que apaciguar las crecientes fricciones sociales que amenazan con agitar la relativa armonía entre nacionalidades con la que se desarrolla normalmente la vida en la capital. Finalmente, se enfrentarán al desafío más importante: abordar una crisis de vivienda que requiere una solución urgente para muchos de los habitantes de las áreas urbanas del país, que no pueden afrontar un año más de subida de las rentas. La manifestación del viernes también lo ilustró con claridad: detrás de las tensiones políticas se esconde, como casi siempre, la dramática desigualdad social.
Cortesía de El País
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