Tras el cambio del CURP, ahora vendrían nuevas leyes con respecto a los datos biométricos de los mexicanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado una iniciativa de reforma que busca reforzar la lucha contra la desaparición de personas mediante la creación de una Plataforma Única de Identidad. Según el comunicado, este sistema permitirá la interconexión de múltiples bases de datos públicas y privadas y facilitaría la identificación y localización de personas desaparecidas.
El comunicado también señala que esta plataforma incluirá información del Registro Nacional de Población, carpetas de investigación y datos forenses. Además, tendrá acceso a bases de datos del sector privado, como registros financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación y seguridad social. Las fiscalías y cuerpos de seguridad como la Sedena, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia podrán consultar esta información sin que, según el proyecto, se vulnere el derecho a la protección de datos personales.
En la exposición de motivos, se menciona que bases de datos del INE y del sector salud también se integrarán a esta plataforma, lo que permitiría realizar búsquedas en tiempo real a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Especialistas alertan sobre riesgos para la privacidad y el uso indebido de los datos
Mientras el gobierno presenta esta reforma como una estrategia para combatir la crisis de desapariciones en el país, expertos y organizaciones advierten que el acceso sin restricciones a bases de datos podría representar un riesgo para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Según Animal Político, la propuesta de Sheinbaum plantea que cualquier particular que posea datos biométricos o información identificativa debe compartirlos con el gobierno, lo que implica una apertura sin precedentes al acceso estatal.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sostiene que esta medida es una amenaza grave a la privacidad, en declaraciones al citado medio dijo lo siguiente:
“Nos parece gravísimo, es una absoluta desproporción. Algo distinto sería, por ejemplo, establecer mecanismos de colaboración, en donde una autoridad pueda solicitarle a un particular que si cuenta con información de una persona desaparecida , la entregue. Una cosa es esa colaboración y la entrega de información, y la otra es dar acceso irrestricto y consulta inmediata. Eso es absolutamente desproporcionado y una amenaza gravísima para la privacidad”
Uno de los principales temores es que esta base de datos pueda ser vulnerada por delincuentes o incluso utilizada de manera indebida por autoridades coludidas con el crimen organizado. Según García, el gobierno no ha demostrado la capacidad de proteger información sensible, como lo evidencia la filtración reciente de una megabase de datos personales en foros de internet.
La falta de control judicial y el posible uso político de la información
Otro aspecto preocupante de la iniciativa es la ausencia de controles judiciales. De acuerdo con Animal Político, el artículo 16 de la Constitución establece que el acceso a información privada debe estar sujeto a autorización judicial, pero la reforma de Sheinbaum no contempla ninguna supervisión de este tipo.
Joseph Olid, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara, explicó al mismo medio que este tipo de medidas requieren un control judicial previo o posterior.
“Desde la perspectiva penal, puede resultar inconstitucional ; hay ciertos actos en los que debes tener siempre control judicial, aunque sea posterior. Aquí ni siquiera dice que antes o después; en la medida que no está esa restricción, el acceso en tiempo real rompe lo que antes era la necesidad de contar con control judicial. ¿En términos llanos qué significa? Que va a haber un acceso indiscriminado a ciertas bases de datos y eso puede generar ciertas violaciones, y el espectro de protección, que es la expectativa razonable de privacidad, se está frente a las necesidades de la seguridad pública”
Además, se advierte que la integración de datos biométricos a la CURP podría derivar en un sistema de vigilancia estatal sin precedentes. Según García, esto podría generar exclusión y discriminación, lo que afectaría especialmente a comunidades vulnerables como personas en situación de calle, migrantes y “poblaciones racializadas“. A pesar de las críticas, la iniciativa sigue su curso en el Senado, solamente queda esperar si será aprobada o no.
Cortesía de Xataka
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