México está a semanas de estrenar su nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y uno de los cambios más relevantes será que las compañías de telefonía estarán obligadas a entregar equipos desbloqueados, ya sea en prepago o en contrato. Sin embargo, el Senado incluyó un mecanismo de protección para evitar que los usuarios adquieran un teléfono a crédito y desaparezcan sin pagarlo.
Según un reporte de El Economista, este candado se integró en los artículos 185 y 273 gracias a una reserva presentada por el senador Ricardo Sheffield Padilla (Morena), que advirtió que la redacción original podía provocar un desequilibrio en el mercado móvil mexicano. De no haberse corregido, las telefónicas hubieran perdido incentivos para financiar teléfonos y el mercado habría girado hacia tiendas departamentales que venden celulares, pero con precios más altos y sin los servicios de telecom incluidos.
“Estuve trabajando todo el día en esa reserva, socializándola incluso con personas del gobierno federal“, dijo Sheffield en entrevista con El Economista. La modificación clave fue la inclusión de una oración que asigna a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la tarea de emitir lineamientos sobre cómo deberán cumplirse las nuevas obligaciones. Esa simple adición evitó, según el senador, una “lluvia de amparos” del sector.
Ajustes de última hora en el Senado: solo tres reservas fueron aceptadas
De acuerdo al Canal del Congreso, la reserva de Sheffield fue una de apenas tres aceptadas durante la noche de la votación en el Senado. Otra de ellas, presentada por el senador Javier Corral, trató sobre la suspensión precautoria de transmisiones y la viabilidad financiera de medios comunitarios. Ambos legisladores jugaron un rol central en que la nueva LMTR tuviera una redacción menos disruptiva para los actores del mercado.
La nueva ley también crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituye al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este nuevo organismo será el encargado de definir cómo y cuándo deben entregarse los teléfonos desbloqueados, así como supervisar las tarifas y condiciones que ofrecen los proveedores.
Un mercado millonario en juego: más de 30 millones de celulares vendidos al año
Según El Economista, en México se usan más de 151 millones de celulares, y cada año se venden unos 30 millones más. Es un mercado valorado en 6,500 millones de dólares que involucra tanto a operadoras móviles como a minoristas. Sheffield lo explica así:
“Se iba a generar un desequilibrio en favor de cadenas como Coppel o Elektra, cuyo negocio es vender equipos, no servicios. Eso afectaría a los usuarios, que pagarían más por los mismos teléfonos”
Por eso, el objetivo final fue preservar el libre mercado y proteger al consumidor, sin afectar los modelos de negocio de las telefónicas.
Adiós al IFT: críticas por concentración del poder en el Ejecutivo
Como anteriormente reportamos en Xataka México, la desaparición del IFT fue uno de los puntos más polémicos del dictamen. Opositores como el PRI y el PAN aseguran que se le ha entregado al Poder Ejecutivo el control total sobre las telecomunicaciones, incluyendo vigilancia de contenido y supervisión del espectro radioeléctrico.
La nueva ley también impone la obligación de asociar toda línea de telefonía móvil a una CURP, lo que genera preocupación entre defensores de derechos digitales. Además, permite a las autoridades solicitar geolocalización en tiempo real de dispositivos sin orden judicial, lo que el gobierno defiende como una herramienta contra delitos, pero la oposición considera un atentado a la privacidad.
Pese a las críticas, la bancada de Morena sostiene que la LMTR busca cerrar la brecha digital y garantizar el acceso universal a internet. La nueva normativa establece que se favorecerá el acceso al espectro para pequeños operadores, se exigirán metas de cobertura anuales, y se impulsará la conectividad en zonas rurales y prioritarias.
No obstante, el nuevo marco legal también podría traer prácticas de control y vigilancia, especialmente al depender de una agencia sin autonomía constitucional.
Cortesía de Xataka
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