Fuente de la imagen, Diego Herculano/Reuters
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- Autor, Giulia Granchi y Mariana Schreiber
- Título del autor, BBC News Brasil
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido preventivamente por la Policía Federal en Brasilia la mañana de este sábado, tras una decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La decisión de Moraes revocó la prisión preventiva bajo arresto domiciliario, a la que estaba sometido desde que se conociera su sentencia de 27 años y 3 meses de prisión en septiembre, por lo que el expresidente fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal, donde deberá permanecer en un centro de detención especial.
La nueva prisión preventiva se decretó a petición de la Policía Federal, que indicó un riesgo concreto de fuga.
Según la decisión, este riesgo se identificó después de que el senador Flávio Bolsonaro convocara una vigilia en apoyo a su padre cerca de la residencia donde el expresidente cumplía arresto domiciliario.
La orden establece que la convocatoria podría generar aglomeraciones capaces de obstaculizar la vigilancia policial y la ejecución de decisiones judiciales.
Para la Policía Federal, la vigilia podría crear un ambiente propicio para intentos de fuga y obstaculizar el cumplimiento del arresto domiciliario.
Además, según la decisión, el sistema de monitoreo registró, en la madrugada de este sábado, una violación del brazalete electrónico de tobillo utilizado por Bolsonaro, lo que reforzó la percepción de un riesgo inminente de fuga.
Moraes afirma en la sentencia que la movilización convocada por Flávio Bolsonaro se asemeja a estrategias ya utilizadas por los partidarios del expresidente en otras ocasiones, que incluyeron acampadas frente a los cuarteles tras las elecciones de 2022.
Según el ministro, se intentaría repetir este tipo de movilización, que culminó en los atentados del 8 de enero de 2023.
La decisión también menciona el historial de aliados del expresidente que abandonaron el país para evadir la justicia.
Se citan los casos de la congresista Carla Zambelli, quien viajó a Italia, y del exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y congresista Alexandre Ramagem, quien, según se informa, abandonó recientemente el país rumbo a Estados Unidos. Ambos fueron condenados en el mismo proceso que condujo a la condena de Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
El arresto se produce en un momento delicado del caso.
Bolsonaro ha pasado por sucesivas fases de restricciones judiciales, que comenzaron con medidas cautelares como el uso de un brazalete electrónico en el tobillo, y posteriormente se convirtieron en prisión preventiva bajo arresto domiciliario.
La semana pasada, el Tribunal Supremo rechazó los recursos presentados por la defensa, acercando el proceso a su fase final.
La condena de Bolsonaro
El STF condenó el pasado septiembre a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una organización criminal, integrada por militares, policías y aliados, que actuó para impedir la transición de poder tras las elecciones de 2022, que ganó por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El expresidente fue declarado culpable de cinco delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños agravados mediante violencia y amenazas graves, y deterioro del patrimonio histórico.
Además de Bolsonaro, los otros siete acusados en la causa penal también fueron condenados: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto.
Según el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, la organización criminal actuó en diversos frentes desde 2021 para intentar ejecutar el plan de ruptura, desde discursos públicos para desacreditar el sistema electoral hasta presuntas presiones al Alto Mando de las Fuerzas Armadas para que apoyara un decreto golpista, el llamado “proyecto de ley golpista”.
Gonet también citó en la acusación movimientos para intentar perturbar el proceso electoral, citando los bloqueos de carreteras instalados por la Policía Federal de Carreteras (PRF) el día de las elecciones de 2022, especialmente en regiones con votantes favorables al opositor Lula.
La Fiscalía General también destacó los atentados del 8 de enero de 2023 como el acto final del intento de golpe.
Al final del juicio, el Tribunal Supremo consideró que existían pruebas suficientes para las acusaciones de la Fiscalía General y condenó a los acusados.
Bolsonaro, que desde entonces ha estado sometido a un estricto arresto domiciliario, está pendiente de su recurso a la sentencia.

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Cortesía de BBC Noticias
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