En el tablero de la geopolítica y la economía global, la pandemia de COVID-19 no solo dislocó las cadenas de suministro y reconfiguró los mercados, sino que también desnudó con una las vulnerabilidades estructurales de nuestros sistemas de salud. Se hizo evidente que la eficiencia, la resiliencia y la capacidad de respuesta no solo dependen de la infraestructura física o el número de profesionales de la salud, sino, de manera crucial, de la arquitectura digital que los sostiene. La salud, que durante décadas se ha debatido entre la inversión pública y la privada, hoy se enfrenta a un nuevo reto tecnológico: formalizar y priorizar la Salud Digital. La pregunta que se impone en los foros de discusión es si México tiene una visión estratégica lista para transformar una respuesta emergente y fragmentada en una política de Estado, un pilar de su soberanía y su eficiencia.
La salud digital no es un lujo o una tendencia “futurista”; es una necesidad estratégica y un catalizador para la modernización de nuestro sistema de salud. Sin embargo, su desarrollo en México ha sido, hasta ahora, un mosaico de esfuerzos aislados: iniciativas bien intencionadas (o no) en instituciones específicas, proyectos piloto en algunas entidades federativas y un universo de aplicaciones y plataformas privadas que operan sin una brújula común. Este panorama fragmentado es el verdadero freno de mano para la innovación y la eficiencia, un freno que hoy debe atenderse.
El primer paso, y el más fundamental, es elevar a la Salud Digital a la categoría de política pública prioritaria y, más aún, formalizar su existencia y operación en un marco jurídico sólido. Y no hay mejor lugar para anclar esta transformación que la Ley General de Salud. Integrar la Salud Digital en el cuerpo principal de la legislación sanitaria no es un mero formalismo. Es una declaración de intenciones que le otorga legitimidad, define su alcance, establece los derechos y obligaciones de los pacientes y los proveedores de servicios, y, crucialmente, sienta las bases para una inversión pública y privada sostenida.
¿Qué implicaría esto en la práctica? La Ley podría definir conceptos clave, como la telemedicina, la interoperabilidad de los expedientes electrónicos, los estándares de seguridad de los datos sanitarios y la validez legal de las consultas y prescripciones remotas. Sin este blindaje jurídico, cualquier avance tecnológico corre el riesgo de ser un esfuerzo sin sustento, vulnerable a la discrecionalidad o a la falta de continuidad.
Para que esta formalización no se quede en letra muerta, es indispensable que exista una estrategia clara y un liderazgo unificado. La rectoría de la Secretaría de Salud es la pieza central para garantizar una política de Salud Digital coherente y nacional. El rol de la Secretaría debe ser el de un arquitecto y un director de orquesta que alinee todos los instrumentos para que funcionen en armonía. Esta rectoría se manifiesta a través de tres pilares indiscutibles: gobernanza, interoperabilidad y trazabilidad.
La gobernanza se refiere a quién toma las decisiones, quién establece las reglas del juego y quién es responsable de la rendición de cuentas. Un marco de gobernanza claro, liderado por la Secretaría de Salud, es esencial para evitar la proliferación de sistemas incompatibles y proyectos redundantes. La Secretaría debe establecer un comité interinstitucional que incluya a representantes de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil. Este comité sería el encargado de definir los principios rectores, las políticas de privacidad y los mecanismos de financiamiento para la salud digital. Sin esta guía, cada institución —desde el IMSS hasta las secretarías de salud estatales— continuará operando en su propio silo, construyendo muros tecnológicos que impiden la integración y la colaboración, generando ineficiencias y duplicando esfuerzos y costos.
La interoperabilidad es, quizás, el reto más grande y la mayor oportunidad. La interoperabilidad es la capacidad de los diferentes sistemas de información de salud para intercambiar datos de manera fluida y segura. Hoy, el expediente clínico de un paciente en un hospital público a menudo no se comunica con el de una clínica privada o con el de un centro de salud rural. La información de su historial, sus diagnósticos y/o sus tratamientos queda atrapada en sistemas incompatibles. Una estrategia nacional con una rectoría clara de la Secretaría de Salud podría imponer estándares tecnológicos y protocolos de comunicación que actúen como un lenguaje universal para toda la información sanitaria. Esto permitiría construir una verdadera columna vertebral digital de la salud en México, donde el historial médico de un paciente sea accesible y legible en cualquier punto de atención, independientemente de la institución, generando diagnósticos más precisos, tratamientos más oportunos y, en última instancia, una atención de mayor calidad y seguridad. La interoperabilidad no solo conecta sistemas, sino que salva vidas al conectar datos críticos.
La trazabilidad se refiere a la capacidad de rastrear y documentar la trayectoria de la información y los servicios de salud digital. En un mundo donde la transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales, la trazabilidad es indispensable. Permite asegurar la integridad de los datos, identificar posibles errores o fraudes y monitorear la calidad de los servicios prestados a distancia. Una estrategia nacional de salud digital debe incluir la creación de sistemas que permitan seguir el rastro de cada consulta de telemedicina, cada prescripción electrónica, cada diagnóstico y su tratamiento asociado, es decir, cada registro en un expediente digital. Esto no solo genera confianza en el sistema, sino que también provee a las autoridades sanitarias de herramientas poderosas para la vigilancia epidemiológica, la gestión de crisis sanitarias y la optimización de los recursos públicos. La trazabilidad es la garantía de que la salud digital es un sistema seguro, confiable y responsable.
Más allá de los beneficios intrínsecos de una mejor gestión sanitaria, formalizar la salud digital es una inversión con un retorno económico y social estratégico. Un sistema de salud digital robusto reduce los costos operativos a través de la automatización, optimiza la asignación de recursos al proveer datos en tiempo real sobre las necesidades de la población y disminuye los errores médicos que, además de ser una tragedia humana, son una carga financiera para el sistema. Permite a los pacientes acceder a servicios médicos en zonas remotas, reduciendo los costos de transporte y las barreras geográficas. En un país con la vastedad territorial de México, la telemedicina no es una opción, es una necesidad.
La formalización de este sector también crea un ecosistema propicio para la innovación privada, atrayendo inversiones en desarrollo de software, dispositivos médicos conectados y análisis de datos de salud, generando empleos de valor agregado. Es una oportunidad para que México se posicione como un líder regional en la materia, aprovechando su base de talento y su cercanía con el mercado estadounidense.
El camino no está exento de desafíos. La brecha digital, el acceso desigual a la tecnología, la protección de la privacidad de los datos y la capacitación del personal médico y la población son retos que deben abordarse con un enfoque integral y una inversión sostenida.
Es una oportunidad para trascender la fragmentación y construir un sistema de salud del que centraliza sus decisiones con fundamento en la información de un sistema de registro único. El camino es claro: anclar la Salud Digital en la Ley General de Salud, establecer la rectoría de la Secretaría de Salud para garantizar una gobernanza, interoperabilidad y trazabilidad.
Hoy cierro con una frase que se atribuye al Dr. Eric Topol: “Un sistema de salud no es solo un conjunto de hospitales y médicos. Es una red de información, y la eficiencia de esa red es lo que determina la calidad y la equidad del cuidado.”
*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, es socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad.
Cortesía de El Economista
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