El gobierno de Claudia Sheinbaum prepara su propia “amnistía fiscal”, señalan los especialistas. Bajo el nombre de repatriación de capitales, el Paquete Económico 2026 ofrece a quienes mantuvieron dinero sin declarar en el extranjero la posibilidad de regularizarlo pagando solo 15% de impuesto sobre la renta, menos de la mitad de lo que aporta un contribuyente común.
La administración argumenta que se trata de una medida para atraer recursos y fortalecer la inversión en sectores estratégicos, contemplados en el Plan México. Sin embargo, los expertos advierten que la propuesta representa una nueva forma de amnistía fiscal que beneficia a los patrimonios más altos y envía un mensaje negativo a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
“Es una amnistía fiscal que favorece a quienes tienen mayores recursos y no pagaron sus impuestos en México”, señaló Iván Benumea, investigador de Fundar y miembro de la Alianza por la Justicia Fiscal. “El problema es que se refuerza la idea de que quienes no cumplen podrán hacerlo después con descuentos y sin consecuencias.”
De la amnistía de EPN a la de Sheinbaum
El antecedente más reciente fue el programa de repatriación implementado en 2017, cuando más de 5,000 contribuyentes retornaron al país más de 385,000 millones de pesos desde el extranjero. Pagaron una tasa preferencial del 8% y obtuvieron facilidades administrativas, bajo el argumento de que los recursos se destinarían a inversión productiva.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el programa dejó una recaudación de poco más de 20,000 millones de pesos, pero la mayor parte de ese dinero no llegó a la economía real. Más del 80% se colocó en instrumentos financieros, acciones o depósitos bancarios, mientras que solo 1% se dirigió a la compra de activos fijos. Además, más de 900 contribuyentes no informaron en qué utilizaron los fondos, lo que impidió rastrear cerca de 19,000 millones de pesos.
Es razonable que se incentive el regreso de capitales, pero solo si se garantiza que estos recursos se inviertan de verdad y no se utilicen como un nuevo refugio financiero
Además, en ese momento, “fue una amnistía discrecional y sin controles, además de inconstitucional, porque el Ejecutivo no tiene facultades para reducir tasas de impuestos por decreto”, explicó Benumea al recordar que el programa de Peña Nieto dejó sin rendición de cuentas ni evaluación de impacto, además de que se emitió por decreto. Un vicio que evita la actual propuesta del Paquete Económico 2026.
El riesgo de volver a premiar a los incumplidos
Aunque la propuesta actual amplía los sectores donde podrían invertirse los recursos —infraestructura, innovación tecnológica o transición energética— los especialistas temen que se repita el patrón de 2017. Benumea considera que nada garantiza que el dinero no termine nuevamente en instrumentos financieros que poco aportan al empleo o a la producción.
“Si observamos lo que pasó antes, lo más probable es que los recursos vuelvan a colocarse en instrumentos financieros y no en proyectos que generen empleo o tecnología”, señaló el investigador.
Fundar plantea que el gobierno establezca candados firmes para evitar la reincidencia. Entre ellos, impedir que quienes se beneficiaron con la amnistía de 2017 vuelvan a acceder al programa, publicar la lista de beneficiarios y aplicar una fiscalización exhaustiva a las empresas y personas físicas que decidan regularizar sus capitales.
“El SAT debería identificar a quienes se acojan a este esquema y revisar de manera intensiva todas sus operaciones. Lo mínimo es garantizar que no puedan beneficiarse en futuras amnistías”, añadió.
Una medida incómoda para la narrativa de la 4T
La política de repatriación que se propone para 2026 choca con el discurso de justicia fiscal que el actual gobierno ha impulsado desde su inicio. La medida busca obtener liquidez y promover inversión, pero también reabre el debate sobre la equidad y la credibilidad del sistema tributario.
“Con este tipo de medidas, el sistema fiscal mexicano manda el mensaje de que hay reglas distintas para quienes más tienen. El ciudadano común cumple con tasas de hasta 35%, mientras que los grandes capitales obtienen descuentos especiales”, señaló en un comunicado Luis Alberto Romero, director de Rofa Legal & Tax.
Benumea también recordó que, tras el decreto de Peña Nieto, no hubo un informe público de resultados ni evidencia de que los recursos repatriados hubieran generado empleos o inversión nueva. Fundar calcula que la pérdida fiscal de 2017 superó los 63,000 millones de pesos.
Para organizaciones como Fundar, la clave no está solo en el monto de los ingresos adicionales, sino en la forma en que se obtienen y en los incentivos que el Estado decide premiar.
Cortesía de Expansión
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