El presidente Donald Trump logró que la Cámara de Representantes aprobara un paquete de tres leyes que, de entrar plenamente en vigor, reconfigurará el marco regulatorio de los activos digitales en el país. La iniciativa llega en un momento clave, cuando Europa está a semanas de poner en marcha su propio marco regulatorio, diseñado para controlar los mercados de criptoactivos y proteger a los consumidores. La pugna por convertirse en el centro global de la innovación financiera digital ya ha comenzado, y Trump ha dejado claro que su objetivo es que Estados Unidos sea la “capital mundial de las criptomonedas”.
La llamada “Semana de las criptomonedas” en el Congreso estadounidense culminó con la aprobación de tres proyectos que han generado entusiasmo y preocupación. El primero es la Ley GENIUS, que regula las llamadas stablecoins, criptomonedas cuyo valor está vinculado a un activo estable, el dólar estadounidense a través de bonos del Tesoro estadounidense, con el fin de reducir la volatilidad. El segundo establece una nueva estructura de mercado para la compraventa y emisión de criptodivisas, y define cuáles se consideran materias primas reguladas por la Comisión de Comercio de Futuros y cuáles deben ser vigiladas por la Comisión de Valores. El tercero prohíbe expresamente a la Reserva Federal emitir su propia moneda digital de banco central. De las tres normas, únicamente la Ley GENIUS había sido aprobada previamente por el Senado y está lista para la firma presidencial.
El corazón de la Ley GENIUS es el establecimiento de requisitos estrictos para quienes emitan stablecoins. La norma obliga a mantener reservas respaldadas por activos seguros, someterse a auditorías regulares y cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones internacionales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que, con este marco regulatorio, el mercado de stablecoins podría alcanzar un valor de 3.7 billones de dólares hacia finales de la década. Para el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, la medida garantizará la competitividad estadounidense y ofrecerá un nivel de protección al consumidor sin precedentes en este sector.
La aprobación de estas leyes no puede entenderse sin reconocer el creciente peso político del sector de las criptomonedas. Empresas, inversionistas y asociaciones de la industria han invertido millones en campañas electorales, favoreciendo a candidatos afines, incluido el propio Trump. Según Forbes, el presidente y su familia poseen activos en criptomonedas cuyo valor supera los mil millones de dólares. Entre ellos destaca su participación en World Liberty Financial, un proyecto que en 2024 lanzó su propia stablecoin y con el que Trump declaró haber obtenido 57.35 millones de dólares por la venta de tokens. Este dato ha alimentado críticas, especialmente desde las filas demócratas, que advierten sobre conflictos de interés, ya que la nueva legislación prohibe a congresistas y sus familias beneficiarse de estos instrumentos, salvo un pequeño detalle: no incluyó al presidente.
Otro de los puntos de fricción en la opinión pública y en los debates legislativos está en la posibilidad de que grandes corporaciones, como Apple o Samsung, por ejemplo, emitan sus propias monedas digitales. Los defensores argumentan que esto abriría la competencia y ampliaría las opciones para los consumidores, mientras que los detractores alertan que podría dar lugar a sistemas de pago cerrados y no interoperables, con el riesgo de fragmentar el mercado y generar desigualdades de acceso. En palabras más sencillas: ¿aceptaría Apple las monedas de Samsung o viceversa?, ¿qué ocurriría con su valor en transacciones cruzadas?
Mientras en Washington se celebra la aprobación de la Ley GENIUS como un hito, en Bruselas crece la inquietud. El marco regulatorio, fundamentado en la ley de mercados de criptoactivos (MiCA) –que entró en vigor en mayo del 2023—, busca precisamente lo contrario: mantener bajo control el mercado de criptomonedas con normas financieras que obligan a bolsas y emisores a registrarse, segregar activos y cumplir estándares contra el uso de información privilegiada. Por esta razón, la Unión Europea se posiciona en contra de la propuesta estadounidense decidida a ofrecer menos trabas y más incentivos.
La historia reciente aporta advertencias. El colapso de la stablecoin Terra en 2022 borró de un plumazo 60 000 millones de dólares del mercado global. Más atrás, el caso de Argentina entre 1991 y 2002 ilustró los peligros de mantener paridades artificiales. Es decir, la fijación de un peso por dólar terminó distorsionando la economía y desembocó en una crisis económica devastadora cuando la paridad se rompió. En el contexto actual, un gigante corporativo que emitiera cientos de miles de millones de stablecoins respaldadas por bonos del Tesoro podría, en caso de dificultades, verse obligado a liquidar masivamente estos activos, presionando los tipos de interés y desestabilizando la economía mundial.
Economistas de renombre como Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Robert Shiller ven en la actual fiebre por el Bitcoin y otros criptoactivos señales inequívocas de una burbuja especulativa. Krugman lo ha calificado como un esquema Ponzi disfrazado, Stiglitz cree que debería prohibirse por su potencial para el lavado de dinero, y Shiller, aún cuando un poco más moderado, advierte que su cotización vive un momento de euforia similar al de la bolsa antes del crack de 1929. Este tipo de advertencias remiten inevitablemente a episodios como la burbuja de las puntocom, cuando una mezcla de innovación tecnológica, capital abundante y expectativas irreales infló valoraciones hasta niveles insostenibles antes de que el mercado colapsara abruptamente.
Trump, por su parte, insiste en que la regulación aportará estabilidad y permitirá que las criptomonedas compitan de igual a igual con el sistema financiero tradicional. Sin embargo, episodios recientes como el colapso del Silicon Valley Bank en 2023 demuestran que incluso marcos regulatorios sólidos pueden fallar.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta de Trump es su plan para crear una reserva nacional de Bitcoin, una medida inédita que entusiasma a los inversionistas del sector pero inquieta a quienes advierten que podría incrementar la volatilidad. Si el gobierno de la mayor economía del mundo se convierte en un actor relevante en la compra y venta de esta criptomoneda, se requeriría un sistema de supervisión capaz de detectar exceso, corrupción y mecanismos de vigilancia verdaderamente oportunos dada la asimetría de información respecto de los usuarios del sistema, algo complejo de construir en un entorno tan dinámico y globalizado.
En México, la regulación adopta un enfoque prudente: desde 2018 la Ley Fintech permite a instituciones de tecnología financiera operar con “activos virtuales” solo con autorización previa del Banco de México, que además integra un comité interinstitucional con SHCP y CNBV para supervisar el sector. En 2019, Banxico emitió la Circular 4/2019, que restringe a bancos y fintech reguladas a realizar únicamente operaciones internas con criptoactivos —no de cara al público— y siempre bajo autorización del propio banco central; la norma fue ajustada en 2020. De forma consistente, Banxico, SHCP y CNBV recordaron en un comunicado conjunto que las criptomonedas no son moneda de curso legal ni divisas en México, además, advirtieron sobre sus riesgos. Por su parte, Banxico ha mantenido un posicionamiento técnico que subraya la alta volatilidad y limitaciones de escalabilidad de los criptoactivos, mientras que dependencias como la SSPC y la Condusef emiten alertas y recomendaciones de cuidado para usuarios.
La reforma de julio de 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita incorporó en el artículo 17, fracción XVI, a las operaciones con activos virtuales como actividades vulnerables, incluye las plataformas extranjeras que atiendan a clientes en México. La reforma incluyó la reducción del umbral para presentar avisos de 645 a 210 UMAs (aprox. 23,800 pesos) y se estableció la obligación de reportar comisiones desde 4 UMAs. Las plataformas nacionales y foráneas deben identificar y verificar a sus clientes y beneficiarios finales, conservar la documentación por diez años, reportar operaciones relevantes o inusuales en un plazo máximo de 24 horas, designar oficiales de cumplimiento y contar con sistemas automatizados de monitoreo para detectar actividades sospechosas, alineando así la regulación mexicana con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental que establece estándares y promueve medidas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El panorama internacional atraviesa una encrucijada decisiva. Estados Unidos y la Unión Europea avanzan hacia modelos regulatorios opuestos: uno orientado a la flexibilización y otro al control estricto. El debate ya no gira solo en torno a qué bloque atraerá más innovación, sino a cuál será capaz de construir un marco que soporte las inevitables sacudidas del mercado. Si la apuesta de Trump resulta acertada, Estados Unidos podría consolidarse como el epicentro del nuevo sistema financiero digital; si fracasa, el costo de esta revolución apresurada podría medirse en billones de dólares y traducirse en una crisis global que recordará que la historia de las finanzas está marcada tanto por vertiginosos ascensos como por colapsos devastadores.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.
Cortesía de El Economista
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