La decisión de Estados Unidos de imponer un arancel del 17% al tomate mexicano, desde julio pasado, ha orillado al Gobierno de México a proponer sus propias alternativas para intentar atajar el golpe arancelario y la sospecha de supuestas prácticas dumping —cuando una empresa vende por debajo del precio corriente para eliminar a la competencia— de los productores mexicanos a EE UU. A principios de este mes, la Administración de Claudia Sheinbaum fijó precios mínimos de exportación para el tomate fresco. En el decreto, las autoridades mexicanas defienden que de esta manera se mantendrá el acceso del fruto a los mercados internacionales. No obstante, el efecto para los productores está por verse porque a este precio mínimo se sumará el arancel impuesto por Washington, lo que para algunos representantes del sector supondrá una doble camisa de fuerza para los exportadores mexicanos.
La orden del Gobierno de Sheinbaum establece precios mínimos para las diferentes variedades de tomate de exportación, que van desde 0,88 dólares a 1,7 dólares por kilo. El documento defiende que de no establecerse estas cotizaciones se podría generar una distorsión de precios si se exporta el tomate a EE UU por debajo de sus costos de producción. “El establecimiento de precios mínimos de exportación no tiene por objeto restringir volúmenes, fijar precios máximos ni distorsionar el mercado, sino fortalecer y mantener el orden existente en la industria de exportación de tomate fresco”, señala el documento firmado por las secretarías de Economía y Agricultura.
La decisión del Gobierno mexicano se enmarca en la guerra proteccionista del Gobierno de Trump en varios frentes. En este caso, Washington desempolvó una vieja demanda de los productores de tomate de Florida, Georgia y Carolina del Sur sobre las supuestas prácticas dumping en las que incurrían los exportadores mexicanos. Así, el 14 de julio pasado, la Casa Blanca impuso una cuota compensatoria del 17,09% sobre el fruto mexicano y argumentó que “durante demasiado tiempo sus agricultores se han visto afectados por prácticas comerciales desleales que rebajan los precios de productos como los tomates”. Con esta orden, Estados Unidos asestó un golpe al campo mexicano, cuyo comercio está valuado en más de 2.800 millones de dólares anuales. De acuerdo con cifras oficiales, EE UU es, todavía, el principal mercado de exportación de tomate de México, con una participación de más del 90%.
Aunque el impacto del nuevo arancel para México aún está en ciernes, el establecimiento de estas cotizaciones de referencia por parte del gobierno mexicano ha dividido opiniones en el gremio. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) avaló la fijación de precios mínimos, asegurando que esta medida protegerá los más de 400.000 empleos directos del sector. “El nuevo esquema, que sustituye al anterior sistema de precios de referencia, otorga mayor certidumbre comercial, fomenta la competencia leal y contribuye a un comercio equilibrado y sostenible”, argumentó el organismo por escrito.
Sin embargo, otros expertos y productores aseguran que fue una decisión apresurada por parte del gobierno federal, sin suficiente consenso y más aún, sin garantías de que EE UU vaya a negociar la eliminación del arancel del 17%. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), advierte de que al fijar los precios mínimos, México admite ante su vecino país del Norte que incurrió en prácticas dumping. “Fijar precios mínimos implica aceptar que antes había dumping. Esta medida genera preocupación porque encarecerá al consumidor en Estados Unidos, reducirá exportaciones y generará sobreoferta interna. Además, no se aclara si se negociará con Estados Unidos la eliminación del arancel”, refiere.
El productor tomatero de Sinaloa, Enrique Riveros, explica que este acuerdo busca mantener las condiciones que ya existían en el acuerdo de suspensión dumping derogada por el gobierno de Trump, pero opina que fue muy prematura la negociación. “El acuerdo correcto era el que ya teníamos, pero ese lo quitó Estados Unidos en julio, ahora el gobierno mexicano busca mantener las condiciones que teníamos y qué seguirá, pues ya dependerá de los mercados. Creo que lo que debe pasar es que el mismo consumidor norteamericano se queje de esta cuota compensatoria y la quiten”, añade
A un mes de que entró en vigor el arancel del 17% a las exportaciones, Riveros asegura que aún es muy pronto para evaluar el impacto proteccionista sobre los envíos mexicanos. Los productores mexicanos desean continuar, sin embargo, será hasta la próxima cosecha cuando se vislumbrará el verdadero impacto del muro arancelario de Trump y de los nuevos precios mínimos por parte del gobierno mexicano. “Aún no han llegado las primeras liquidaciones de la cuota, cada uno de los distribuidores y clientes lo está manejando de manera distinta, esto con el tiempo se va a ir acomodando, pero por ahora todavía es muy temprano”, zanja.
Cortesía de El País
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