AT&T acaba de ganar una batalla legal que llevaba casi tres años en tribunales. Según un reporte de Expansión, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Telecomunicaciones dejó sin efecto una multa impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en noviembre de 2022. La sanción, cercana a medio millón de pesos, respondía a que en 2016 la compañía entregó con retraso metadatos solicitados por autoridades de justicia.
La información se trataba de nueve solicitudes de cooperación que pedían datos como origen de llamadas, mensajes, fechas y duración de conversaciones. Estas fueron requeridas por fiscalías de Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Michoacán, la Ciudad de México y la propia Fiscalía General de la República. Aunque la empresa sí entregó los datos, pero fuera de plazo, el regulador decidió aplicar una multa de 0.01% de sus ingresos por cada solicitud tardía.
El problema es que el tribunal concluyó que la sanción del IFT fue emitida fuera de los plazos jurídicos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que anuló por completo la resolución.
El fallo no solo beneficia a AT&T: también marca un precedente en regulación tecnológica en México
De acuerdo con El Congresista, este fallo marca un precedente importante en el sector de las telecomunicaciones. La anulación de la multa no significa que AT&T haya cumplido en tiempo y forma, sino que el regulador actuó fuera de los tiempos legales. Esto es clave, porque abre la puerta a que otras empresas de telecomunicaciones cuestionen sanciones similares.
La resolución llega en un momento delicado, pues la entrega de información a las autoridades de procuración de justicia cada vez está más vinculada a debates sobre privacidad, protección de datos y hasta derechos humanos. Y ahora, con la nueva legislación que sustituye al IFT por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el escenario se vuelve todavía más complejo.
En cifras, entre 2017 y 2018 AT&T recibió más de 26,000 solicitudes de colaboración de autoridades judiciales, según resoluciones del propio IFT. Responder en menos de 24 horas a cada una de esas peticiones implica una carga técnica y económica enorme. Con las nuevas obligaciones, ese reto solo crecerá.
El IFT se despide con sanciones históricas, mientras la nueva ATDT entra con atribuciones polémicas
El contexto es igual de relevante que la multa. Según El País, el IFT en sus últimos meses de operación llegó a imponer sanciones multimillonarias, como la de 1,782 millones de pesos contra Telcel por prácticas monopólicas con Oxxo. Sin embargo, su capacidad como regulador llegó a su fin en noviembre de 2024, cuando se aprobó su desaparición.
En su lugar, la nueva ATDT será la encargada de supervisar telecomunicaciones, con un mandato mucho más cercano al Ejecutivo. Y aquí entra el nuevo marco legal.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada este año obliga a los concesionarios a entregar datos de geolocalización en tiempo real a las autoridades que lo soliciten, sin necesidad de una orden judicial. Además, deberán pedir la CURP para activar o mantener líneas telefónicas y conservar registros detallados de todas las comunicaciones.
Cortesía de Xataka
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