La guerra híbrida, desatada por Estados Unidos para recuperar la primacía perdida, tiene uno de los focos prioritarios en América Latina y el Caribe. Sus máximas autoridades políticas y militares vienen insistiendo en la última década que no pueden aceptar de forma pasiva la cooperación entre lo que consideran su patio trasero y la República Popular China. Esa decisión supone dos líneas de trabajo compartidas por el Departamento de Estado y el Pentágono. Por un lado, debilitar la cooperación entre Beijing y el Hemisferio Occidental y por el otro, amenazar y amedrentar en formato militar a quienes logren autonomizarse del control político ejercido por Washington: a mayor ejercicio de la soberanía asumida por un Estado de la región, mayor presión económica, comercial y diplomática. A mayor ejercicio de la independencia, se incrementa en forma exponencial el riesgo de una amenaza o agresión militar.
La administración de Donald Trump (foto) redobla la presión sobre Venezuela porque: (a) la economía de Caracas continúa con su crecimiento gradual –en términos de su Producto Bruto Interno–, a pesar de las sanciones y el bloqueo. Esta realidad frustra las hipótesis de implosión previstas por los Think Tank corporativos estadounidenses; (b) las empresas petroleras venezolanas se encuentran buscando alternativas de producción con colaboración rusa y persa; (c) las corporaciones energéticas estadounidenses no se resignan a perder el control de las enormes reservas de hidrocarburos, que son estimadas como las más importantes a nivel global; (d) necesitan sobreactuar su poder militar hemisférico –sobre todo en relación con el votante “gusano” de Florida– ante las frustraciones cotidiana vividas por la firmeza de Vladimir Putin y a Xi Jinping, (e) la creciente articulación y cooperación de Venezuela con los BRICS+, que incluye la desdolarización del comercio internacional; (f) la paulatina mejora de las relaciones políticas de Caracas con tres de los países que lideran la cosmovisión soberanista de Latinoamérica y el Caribe (Brasil, México y Colombia).
Washington necesita limitar esa dinámica porque debilita el vínculo con una región que considera de su propiedad. Para conseguirlo, demoniza a Cuba, Nicaragua y Venezuela; amenaza a México, y desata una guerra comercial contra Brasil. El proceso de criminalización incluye la recompensa ofrecida para la captura del presidente Nicolás Maduro, de 50 millones de dólares, y la invención fantasiosa de la existencia de un grupo de narcotraficantes denominado Cartel de los Soles. Dicha asociación criminal no figura en ninguna detención realizada en la última década ni en los detallados registros de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la criminalidad del narcotráfico. El Cartel de los Soles aparece, de esa manera, como el nuevo pretexto para operar contra un país que ha decidido orientar, de forma independiente, su destino como nación.
La demonización sobre la República Bolivariana repite excusas instrumentadas por Washington como la explosión del Acorazado Maine en la Bahía de La Habana en 1898, que sirvió para iniciar la guerra contra España; la invasión de Vietnam después del falso incidente del Golfo de Tonkín; el desembarco en Panamá en 1989, después de acusar al aliado de la CIA, Manuel Noriega, de vínculos con el narcotráfico; y la invasión a Irak en 2003, después de que el general Colin Powell mostrara en la ONU una ampolla conteniendo un supuesto armamento de destrucción masiva utilizable para la guerra bacteriológica. El intento de amedrentar a América Latina y el Caribe en su conjunto –dada la oposición creciente a la prepotencia trumpista– incluye el anunciado despliegue (aún no comprobado) de un submarino de propulsión nuclear. Dicha utilización supondría, en el caso de acreditarse, la violación del Tratado de Tlatelolco, que establece a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas y dispositivos nucleares. Dado que el objetivo declarado de Washington es el de combatir a los grupos criminales responsables del narcotráfico, aparece como llamativa la utilización de una flota de guerra compuesta por ocho buques y un submarino nuclear. En una nota del New York Times, se caracterizaba esta iniciativa como “utilizar un obús para intervenir en una pelea callejera con navajas”.
La guerra híbrida tiene componentes diversos. Un capítulo central de su dispositivo integral es el amedrentamiento y el debilitamiento moral del enemigo. Para conseguirlo, se apela a las Operaciones Psicológicas y Psicosociales (PSYOP), y a las Operaciones de Apoyo a la Información Militar (MISO), ambas con manuales y protocolos conocidos. Según la información brindada oficialmente por el Comando Sur (USSOUTHCOM), dichas tareas son desarrolladas por “sus Componentes y Fuerzas de Tarea Conjuntas (…) en toda su Área de Responsabilidad, específicamente en Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela”. La totalidad de los Once Comandos Unificados estadounidenses realiza parte de sus tareas (psicológicas y de información) con el propósito de “influir en las emociones, motivos, razonamiento objetivo y, finalmente, en la conducta” de las poblaciones-objeto.
El exdirector del FBI entre 2013 y 2017, James Comey, afirmó -en su libro autobiográfico Saving Justice– que Trump le había expuesto que el gobierno de Maduro era un gobierno sentado sobre una montaña de petróleo que Estados Unidos se veía obligado a comprar, cuando en realidad se podía quedar con ella sin pagarla. Años después, en 2024, previo a obtener su segundo mandato, el actual magnate devenido en presidente dijo: “Cuando me fui, Venezuela estaba lista para colapsar. Si la hubiéramos tomado, tendríamos todo ese petróleo, pero ahora estamos comprando petróleo de Venezuela, así que hacemos a un dictador rico. ¿Pueden creerlo?”
La sensibilidad que genera la brutalidad y criminalidad asociada al narcotráfico es una excelente excusa para demonizar a cualquier actor que se rebela ante el imperio. Sin embargo, el reciente Informe Mundial 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes y con un posicionamiento ínfimo en las rutas de tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Entre los carteles señalados como responsables de la logística del tráfico, tampoco aparece el (supuesto) Cartel de los Soles. En esa misma línea, el exdirector ejecutivo del programa antidrogas de la ONUDD, Pino Arlacchi, aseguró que la narco-narrativa fue fabricada por Estados Unidos y no aparece en ninguna investigación a nivel internacional: “Durante mi mandato como Director de la agencia de la ONU contra la droga y el delito, estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visité Venezuela. Simplemente, no hubo necesidad. La cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica; se puede comparar solo con el impecable historial de Cuba”. Esta vez, la “falsa bandera” es demasiado evidente. Y está colgada de un mástil manchado de sangre.
Cortesía de Página 12
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