Dos organizaciones criminales se concertaron para fraguar el magnicidio contra el precandidato presidencial y senador opositor Miguel Uribe Turbay: La Zaga, una banda de la localidad bogotana de Engativá, y la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc que comanda “Iván Márquez” desde Venezuela.
Esta es la principal hipótesis que siguen los investigadores del caso y que tres meses después del atentado les ha permitido encarcelar a siete personas ligadas a las tareas logísticas y operativas del plan. Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó varias fuentes cercanas a la investigación, que mostraron su reticencia por la manera en que se han filtrado hallazgos del expediente, y dejaron entrever que hay algunas inconformidades entre los 150 policías de la Dijín y los agentes del CTI asignados al caso, lo que estaría provocando compartimentaciones de datos, desconfianza interna y una paulatina ralentización de los avances. En promedio, se ha dado una captura cada 13 días (ver la Cronología), una media importante, aunque concentrada en los eslabones más bajos de la cadena de mando, alejados en la estructura ilegal de los autores intelectuales.
De los siete detenidos, dos fueron integrantes de La Zaga: Harold Daniel Barragán Ovalle (“Harold”) y Elder Arteaga Hernández (“el Costeño”). Ellos, presuntamente, se encargaron de reclutar a quienes ejecutaron el ataque y las tareas logísticas, antes y durante el atentado al precandidato presidencial el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de Bogotá.
Es por esto que parte de los investigadores se han dedicado a halar todos los hilos ligados a esta banda que delinque en Engativá, dedicada principalmente al tráfico local de estupefacientes, secuestros y sicariato al mejor postor. En una de las casas que funcionaba como guarida de ese grupo se escondía “el Costeño”, confiado en que la red de campaneros le avisaría si llegaban a detenerlo, pero los contactos le fallaron.
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Exmiembros de la Policía Metropolitana de Bogotá explicaron que La Zaga controla plazas de vicio e informantes en los barrios El Muelle, Villas del Dorado, Los Álamos y Villa Teresita, además de los alrededores del aeropuerto El Dorado.
Ahora los agentes están recuperando los expedientes contra esa banda para entender con qué otras facciones trabaja y quiénes son sus verdaderos jefes.
En 2020 fueron capturados siete de sus integrantes en una redada policial, incluyendo a dos cabecillas conocidos como “Álex” y “Yuli”, quienes al parecer ya salieron de la cárcel y ahora son buscados de nuevo para establecer si tienen conexión con el magnicidio.
Fue justamente analizando los contactos de este grupo como se construyó la hipótesis sobre la otra organización involucrada: la Segunda Marquetalia.
El eslabón es un hombre apodado “Daniel” o “David”, quien compartió celda con “el Costeño” en el pasado, en la cárcel de Acacías (Meta), y se cree que es miembro de la columna móvil Teófilo Forero, una célula de los marquetalianos que delinque en la frontera de Huila y Caquetá.
La Policía cree que este personaje se esconde en la zona rural del municipio caqueteño de Belén de los Andaquíes, el sitio en el que pretendía refugiarse Katerine Martínez (“Gabriela”), la joven de 19 años que transportó el arma homicida el día del ataque, y quien ya fue arrestada.
La Teófilo Forero estaba bajo las órdenes de José Sierra Sabogal (“Zarco Aldinever”), el jefe militar de la Segunda Marquetalia, quien al parecer fue asesinado por el ELN en una emboscada a principios de agosto, en la frontera colombovenezolana. El Gobierno confirmó su muerte, aunque no hay evidencias del sitio exacto del ataque ni del destino del cadáver.
Aún así, “Zarco Aldinever” tenía un superior, en quien recae la responsabilidad de todas las acciones de la Segunda Marquetalia: Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien lleva nueve años escondido en Venezuela, con el auspicio del régimen de Nicolás Maduro.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que todavía no hay una orden de captura en su contra por el magnicidio, aunque recalcaron que tiene vigente una circular roja de Interpol, un pedido de extradición de Estados Unidos y múltiples condenas pendientes de pagar en Colombia, que sumadas dan más de cuatro siglos.
“Ahí llegamos a un punto muerto, porque mientras esté en Venezuela, con el supuesto apoyo del gobierno de allá, es muy difícil rastrearlo y conseguir evidencias”, acotó uno de los agentes.
Incoherencias del Gobierno
“La gente del Gobierno se está lanzando a los medios con hipótesis apresuradas, tal vez mal asesorados por la Policía en esos consejos de seguridad”, contó otro de los investigadores consultados.
Se refiere a una serie de teorías que, sin evidencia aportada en el proceso penal, han disparado los miembros de la Casa de Nariño desde que se produjo el atentado.
El primero que se aventuró fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien salió a la prensa tres días después del ataque y apuntó contra el Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).
Su anuncio se basaba en que dicha organización criminal estaba ejecutando por esos mismos días (el 10 y 11 de junio) una escalada terrorista con carrobombas y hostigamientos a la Fuerza Pública en distintos lugares de la Costa Pacífica.
“Hay hipótesis que indican que los atentados de esta mañana pueden estar relacionados con el ataque a Miguel Uribe Turbay. Quien está poniendo las bombas hoy tiene que ver con el atentado del sábado. Estamos pensando en ‘Iván Mordisco’ y las disidencias”, dijo ante los micrófonos.
El presidente Gustavo Petro ha lanzado múltiples especulaciones. La primera, a los cinco días del atentado, ponía en la palestra a la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico, una red de crimen organizado transnacional que acusa de quererlo matar, y la cual tiene operaciones en el altiplano cundiboyacense (zonas esmeralderas), Bogotá y Dubái.
“Una oficina con su nombre, que no puedo ahora mencionar, con los alias de sus jefes, dio la orden, estando situada muy lejos de Bogotá”, expresó en una entrevista, y luego aseveró ante el Congreso, el 20 de julio, que “por ahí vino (desde Medio Oriente) una orden de atentar contra un senador, como vino la de matar al Presidente”.
Petro también ha culpado al ELN del magnicidio, aunque después se retractó. Lanzó esa idea al aire el 12 de agosto, en la Escuela de Cadetes General Santander: “He movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando. El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”.
No aportó evidencias, y cuando la opinión pública se las reclamó, trinó a los seis días: “Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay (…). No hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el Gobierno, están en una oposición armada”.
El jefe de Estado tampoco desaprovechó la oportunidad para salpicar a sus enemigos políticos, como el excanciller Álvaro Leyva, a quien denunció por varios delitos, en respuesta a las cartas que este ha publicado, señalando los supuestos vicios de Petro y deslices en sus correrías por el exterior.
En el paquete de delitos que le endilgó, desde calumnia e injuria, incluyó la instigación al asesinato del congresista. “A las semanas de la carta en la que Leyva insinúa la posibilidad de una tragedia, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado atribuido a las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Iván Márquez’, estructura con la cual Leyva había tenido contacto (…). Este nexo, aunque no permite imputación directa por autoría, sí justifica la hipótesis de instigación”, reza en la demanda.
Desde que comenzó la investigación, la intervención del Gobierno, con disparates y filtraciones de datos en eventos públicos, ha provocado el rechazo de la Fiscalía.
Por orden de Petro se constituyó un puesto de mando unificado en la Dirección de la Policía, pero a las reuniones empezaron a llegar directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), situación que disgustó a la fiscal general, Luz Camargo.
En un comunicado, afirmó que “toda reunión de coordinación y seguimiento del caso se realizará con quienes llevan a cabo las tareas en nuestras instalaciones”. Incluso rechazó la propuesta de Petro de recibir a una comisión internacional de investigadores de la ONU.
Aún así, las salidas en falso continuaron, al punto de que Camargo tuvo que quejarse por la supuesta intromisión del Gobierno. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, trató de bajarle la temperatura a las hipótesis en una entrevista.
“Todas las líneas investigativas están abiertas, no se descarta ningún actor. Prefiero abstenerme en este momento de dar algunas hipótesis, porque pueden generar confusión, desviación o mala interpretación”, dijo el 13 de agosto.
Una de las fuentes entrevistadas aseguró que “cada vez que un político sale con una afirmación de esas, a varios policías los ponen a trabajar buscando evidencia para que los señores no queden en ridículo con la prensa. Y eso quita tiempo, porque a veces son cosas que no se han esclarecido en la investigación”.
¿Quién ideó el plan?
Teniendo fuertes indicios de la participación de La Zaga y la Segunda Marquetalia, queda la duda de quién tuvo la idea de asesinar a Uribe. ¿Fueron los terroristas o alguien los contrató para ejecutar el plan? ¿Por qué esa organización ha guardado silencio, cuando en el pasado solía atribuirse los atentados que realizaba?
Antes del senador de la oposición, el magnicidio más reciente que sacudió al país fue el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, acribillado durante su luna de miel en la isla de Barú, el 10 de mayo de 2022.
Han pasado tres años y medio y la justicia detuvo a nueve personas, involucradas en la parte logística y operativa del ataque, sin poder llegar hasta ahora a los autores intelectuales. Se sospecha del narco uruguayo Sebastián Marset, pero no hay una orden de captura en su contra y el caso ya parece estancado.
¿Sucederá lo mismo con el expediente de Miguel Uribe? Las diferencias internas entre la Fiscalía, la Policía y el Gobierno por el manejo de la investigación, la dificultad para continuar las pesquisas en Venezuela y la aparente ralentización para llegar a los verdaderos autores intelectuales, amenazan la verdad sobre este crimen que tiene en jaque a la democracia colombiana.
Los hitos dentro de la investigación judicial
Junio 7/25: Un sicario adolescente atacó al congresista Miguel Uribe Turbay, en pleno mitin político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. Se acercó entre la multitud y le disparó en la cabeza.
Junio 7/25: En plena huida fue capturado el sicario adolescente, a pocas cuadras del lugar del ataque, en el barrio Modelia de Bogotá. Desde el principio aceptó cooperar con la justicia y convertirse en testigo.
Junio 12/25: Capturado Carlos Eduardo Mora González (“el Veneco”) en un retén de la Policía en Bogotá. Según la investigación, participó en el magnicidio transportando a los integrantes de la banda.
Junio 16/25: Capturada Katerine Martínez (“Gabriela”), de 19 años, en Florencia, Caquetá, adonde huyó por orden de “el Costeño”, al parecer buscando protección de las disidencias de las Farc.
Junio 19/25: Capturado William Fernando González Cruz (“el Hermano”) en la localidad bogotana de Engativá. Es sospechoso de participar en la coordinación logística del atentado, asistiendo a reuniones previas.
Julio 5/25: Capturado Elder José Arteaga (“el Costeño”) en una casa de la localidad bogotana de Engativá. Es señalado de ser el líder de la célula logística detrás del atentado. Hace 10 años tiene antecedentes por varios delitos.
Julio 18/25: Capturado Cristian Camilo González en un allanamiento a una casa de Bogotá. De acuerdo con la investigación, fue otro de los transportadores involucrados en los movimientos de los miembros de la banda en el atentado.
Julio 25/25: Un adolescente de 17 años se entregó a las autoridades, diciendo que él había participado en las reuniones para concretar el atentado. Rindió una declaración y a los cuatro días se fugó de un albergue del ICBF.
Agosto 11/25: Luego de dos meses de luchar por su vida en el hospital, el senador Miguel Uribe Turbay murió en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, en Bogotá. La herida en la cabeza resultó letal.
Agosto 30/25: Capturado Harold Daniel Barragán (“Harold”) en la localidad bogotana de Engativá. Según la Fiscalía, participó en el reclutamiento de varios miembros de la célula operativa para ejecutar el magnicidio.
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Cortesía de El Colombiano
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