Las manifestaciones y cierres de comercios iniciadas el domingo contra la precaria situación económica en Irán se han esparcido por casi todo el país y se están recrudeciendo. La televisión estatal iraní ha informado de la muerte, la noche del miércoles, de un paramilitar que participaba en una fuerza habitualmente desplegada para reprimir manifestaciones. Se trata de la primera víctima mortal en el marco de unas protestas que empezaron objetando la inflación y la caída del rial iraní, fuertemente devaluado, y que han derivado en llamamientos al fin del régimen de la República Islámica.
El Gobierno iraní decretó el miércoles el cierre de 21 de las 31 provincias, incluyendo Teherán, al anunciar un día festivo con el pretexto de las bajas temperaturas en un intento de enfriar las mayores movilizaciones desde 2022, desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini. La decisión ha mantenido clausuradas las universidades, las oficinas gubernamentales y las empresas en buena parte del territorio nacional.
Las mayores autoridades del país, incluyendo el presidente, Masoud Pezeshkian, han reconocido durante los últimos días las dificultades económicas que atraviesa la nación y el derecho a la protesta pacífica, pero lo hacen al mismo tiempo que advierten contra las injerencias extranjeras. El fiscal general de Irán, Mohammad Mohavedi-Azad, se ha expresado en la misma línea, anticipando una respuesta “legal, proporcionada y decisiva” para quienes impulsen “escenarios diseñados” desde más allá de las fronteras del país.
La tensión en las calles iraníes aumenta desde el lunes, cuando la frustración alrededor de la inflación —que alcanzó un 42% en diciembre— y de la caída de la moneda local, que ha perdido la mitad de su valor frente al dólar solo durante 2025, llevó a la dimisión del antiguo jefe del Banco Central, Mohammad Reza Farzin. Desde entonces, las expresiones de indignación se han propagado por el territorio. En ellas han participado ciudadanos de todos los espectros sociales, manifestando con frecuencia enfado por las carencias en el suministro de agua corriente o por la gestión de las autoridades iraníes.
Amirhossam Khodayari Fard, un joven de 21 años perteneciente a la fuerza paramilitar Basij —desplegada para reprimir manifestaciones— murió la noche del miércoles en Kudasht, a 400 kilómetros al suroeste de Teherán, convirtiéndose en la primera víctima registrada durante las protestas. El hecho supone una escalada que hace temer una mayor dureza por parte de las autoridades. Una agencia de noticias percibida como cercana a la fuerza Basij ha citado al gobernador de esa provincia, Saeed Pourali, que asegura que el voluntario ha sido “martirizado” a manos de “alborotadores”. “Las voces [de los manifestantes] deben ser escuchadas con atención y tacto, pero la gente no debe permitir que sus demandas sean manipuladas por individuos que buscan obtener beneficios”.
Sin entrar en detalles, la televisión estatal ha informado este jueves de la detención de siete personas —algunas de ellas, según los manifestantes, están en paradero desconocido— y de la confiscación de 100 pistolas. Al menos cuatro de esos arrestos tuvieron lugar el miércoles en el territorio de Fasa, al sur de Irán, cuando grupos de manifestantes lanzaron objetos a las puertas del complejo gubernamental de la zona y las forcejearon hasta abrirlas. El gobernador de Fasa acusó a los manifestantes de estar “influenciados por medios de comunicación hostiles”.
Ensayo de un tono amable
Los dirigentes del régimen de los ayatolás han intentado adoptar un tono amable hacia el estallido de las protestas en medio de un contexto ya de por sí difícil en el que no se pueden permitir más frentes abiertos. La economía del país sigue ahogada por las sanciones internacionales e Irán todavía se recupera de la guerra de 12 días que libró con Israel el pasado junio, en la que murieron más de mil personas y a la que se sumó la Administración de Donald Trump con un bombardeo contra distintas instalaciones nucleares.
El lunes, en una comparecencia conjunta, el mandatario estadounidense y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abrieron la puerta a la posibilidad de retomar la ofensiva sobre el Estado persa si sus autoridades reinician el programa nuclear, aunque estas aseguran que han dejado de enriquecer uranio.
El miércoles, durante el nombramiento del nuevo jefe del Banco Central, el presidente Pezeshkian llamó a criticar al Gobierno de manera “constructiva” para evitar “divisiones internas” que empeoren las tensiones actuales. Fatameh Mohajerani, portavoz del Ejecutivo, anunció el martes durante una rueda de prensa la intención de llevar a cabo un diálogo con representantes de las manifestaciones: “Vemos cómo la gente hoy en día lucha intensamente para ganarse la vida. Vemos, escuchamos y reconocemos las protestas, las crisis y las dificultades”.
Quienes se manifiestan en las calles observan con escepticismo la aparente tolerancia de las autoridades, quienes en el pasado reciente han respondido con mano de hierro a anteriores estallidos de descontento. En 2019, la represión de las fuerzas de seguridad mató a más de 1500 personas en menos de dos semanas, según contaron a Reuters tres funcionarios, en el marco de unas protestas que comenzaron por el aumento del precio de la gasolina y que se convirtieron en uno de los mayores retos para el régimen desde su establecimiento en 1979.
Ahora, las protestas que engullen Irán representan el mayor temblor social desde 2022, cuando la detención y la posterior muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini por llevar el velo mal puesto desató una oleada masiva de manifestaciones. Entonces, como hoy, las protestas exigían mejoras en la condición de la mujer y en las oportunidades socioeconómicas, mientras se proferían y se profieren ahora gritos como “muerte al dictador”, en referencia al Líder Supremo Ali Khamenei, de 86 años de edad.
Cortesía de El País
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