Qatar afirmó este martes que las conversaciones en curso para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas requerirán tiempo, tras el optimismo expresado el día anterior por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible avance.
Las negociaciones indirectas entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas comenzaron el domingo en Doha, con el objetivo de lograr una nueva tregua tras 21 meses de conflicto. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, que interviene como mediador, indicó que los encargados de la mediación están hablando por separado con las dos delegaciones para establecer un marco para las discusiones. “Puedo decirles que necesitamos tiempo para ello”, subrayó.
Las negociaciones
El lunes, en un encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense negó que haya algún obstáculo en las negociaciones. “Creo que las cosas van muy bien”, dijo el republicano a los periodistas, cuando le preguntaron qué impedía alcanzar un acuerdo de paz en Gaza. también expresó su confianza en que Hamas esté dispuesto a poner fin al conflicto. “Quieren reunirse y quieren obtener ese cese al fuego”, agregó.
Una fuente próxima a las negociaciones, indicó a la agencia de noticias AFP: “Las conversaciones continúan tratando sobre los mecanismos de puesta en marcha de un acuerdo, en particular, las cláusulas relativas a la retirada (israelí) y a la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza”.
Según fuentes palestinas, la propuesta estadounidense prevé un alto el fuego de 60 días, durante el que Hamas liberaría a 10 rehenes israelíes vivos y entregaría varios cadáveres de secuestrados, a cambio de la excarcelación de presos palestinos en Israel. De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo islamista en Israel, 49 siguen cautivas en Gaza, 27 de las cuales el ejército israelí cree que están muertas.
Además, las mismas fuentes señalaron que Hamas reclama la retirada israelí del territorio gazatí, garantías de que el alto al fuego vaya a durar y de que la ONU y organizaciones internacionales reconocidas retomen la gestión de la ayuda humanitaria en el enclave.
Un funcionario israelí que viajó con Netanyahu a Washington explicó a la prensa que la respuesta de Hamas fue fundamentalmente negativa “pero las diferencias son mínimas”. Y añadió: “Esperábamos que eso (un eventual avance) tomase algunos días, pero podría llevar más tiempo”.
Detenciones y torturas
Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) denunció detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura a activistas que participaron en la Marcha Global a Gaza en Egipto el pasado mes de junio, y pidió la liberación de los que siguen bajo custodia policial. “AI insta a las autoridades egipcias a garantizar el derecho a la libertad de reunión y expresión, comenzando por liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por manifestarse pacíficamente, y a investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos”, manifestó la organización en un comunicado.
“Resulta inconcebible que las autoridades egipcias estén arrestando y castigando a activistas por mostrar solidaridad con los palestinos en Gaza”, lamentó AI. “También se pide la libertad inmediata e incondicional de al menos siete personas de nacionalidad egipcia relacionadas con la marcha y de todas aquellas que fueron detenidas por expresar su solidaridad con el pueblo palestino en el contexto del genocidio en curso perpetrado por Israel”, agregó.
Según un abogado de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF), las fuerzas de seguridad detuvieron a siete ciudadanos egipcios (cinco hombres y dos mujeres) en sus domicilios por su vinculación con la marcha; ya que algunos participaban en un grupo de Telegram. Durante días permanecieron incomunicados y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía, que les imputó cargos como “pertenencia a un grupo terrorista (los Hermanos Musulmanes)”, “difusión de noticias falsas” y “financiación de un grupo terrorista”, según la misma fuente.
Algunos activistas extranjeros denunciaron ante AI que también se los sometió a brutales palizas y otras formas de violencia durante su detención, como fue el caso de la activista croata-peruana Stefanie Crisostomo y el portavoz español de la marcha Saif Abukeshek. Otros dos hombres noruegos relataron a AI que policías vestidos de civil los arrestaron en una cafetería de El Cairo, les vendaron los ojos y los interrogaron dentro de una instalación secreta, donde, según los afectados, los agentes les preguntaban sobre la cantidad de participantes en la marcha, sus identidades y el lugar donde se alojaban.
Cientos de activistas internacionales viajaron a Egipto en junio para participar en una marcha global hacia la ciudad de Rafah, fronteriza con Gaza, con el objetivo de “romper el bloqueo ilegal impuesto por Israel a la Franja de Gaza”. La marcha finalmente fue disuelta por las autoridades egipcias alegando falta de permisos para llevarla a cabo, y procedieron al arresto de nacionales egipcios y la deportación de cientos de extranjeros.
Querella contra el gobierno israelí
Por otra parte, un juez español abrió diligencias previas por la querella presentada contra Netanyahu y varios altos mandos militares por el abordaje del barco de ayuda humanitaria Madleen, que se dirigía a Gaza, y preguntó al fiscal si es competente para investigarla. El magistrado de la Audiencia Nacional español Antonio Piña dictó una resolución en la que da el primer paso para una posible investigación de esa querella por la posible existencia de una infracción penal en los hechos denunciados. Es el procedimiento habitual en el ordenamiento jurídico español después de presentarse una querella: se da traslado a la Fiscalía para que emita un dictamen antes de decidir si se abre una causa penal.
El español Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad de apoyo a los palestinos, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe presentaron la querella contra Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante David Saar Salama y otros mandos por crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante.
Los demandantes se amparan en el principio de jurisdicción universal recogido en la legislación española para investigar a esos responsables civiles y militares por el abordaje del Madleen, ocurrido el pasado 8 de junio cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Solicitan una investigación judicial, que se tomen declaraciones a los activistas y se recaben pruebas sobre el operación militar israelí. También reclaman que se coopere con la Corte Penal Internacional, que mantiene una investigación abierta sobre la situación en Palestina.
Según los querellantes, durante el abordaje se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar. “Esos hechos, conforme al ordenamiento jurídico español, son crímenes de guerra que se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra la población palestina en Gaza y contra quienes intentan ayudarlos”, aseguró a la agencia EFE Jaume Asens, abogado de la organización.
La querella denuncia que los detenidos -entre ellos los activistas Greta Thunberg (Suecia), Rima Hassan (Francia) y Thiago Ávila (Brasil)- fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a ver material propagandístico, asegura el texto.
Cortesía de Página 12
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