El Estado mexicano registra 23,281 millones de pesos que la Hacienda pública ha dejado de percibir por las renuncias de las empresas de telecomunicaciones a sus concesiones de espectro que les ha resultado caro de utilizar en la prestación de servicios de Internet y voz móviles.
Este número resulta de una sumatoria de todo el dinero que México ha dejado de recaudar entre los años 2019 y 2024 por concepto de los derechos para explotar distintas bandas radioeléctricas que en su oportunidad estuvieron concesionadas a Telefónica y AT&T.
El monto por los aprovechamientos anuales de las frecuencias y, en su caso, por las contraprestaciones de aquellas bandas a las que tocaban renovar licencias en algún momento de ese tiempo, equivale a 1,172 millones 244,969.20 dólares, conforme el tipo de cambio promedio peso-dólar para el periodo 2019-2024.
La cifra toma mayor relevancia cuando se conoce que esa cantidad de dinero equivaldría a la inversión de casi tres años de América Móvil en Argentina y de un año de Telcel en México; también sería equivalente a los ingresos de un año de Telefónica en México y al dinero que AT&T factura durante un trimestre en este país. La cifra además es superior a los ingresos de dos años de Altán Redes, una compañía con participación mayoritaria del Estado y a la que se le cobra de otra manera por el uso de su espectro.
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Pero más relevante todavía es el amago de la telefónica estadounidense AT&T que registró el IFT en un informe, pues esa empresa ha advertido que podría retornar más espectro radioeléctrico al Estado y que no compraría más frecuencias en la próxima subasta de 5G, si el contexto macroeconómico del país y las mismas condiciones del mercado mexicano de telecomunicaciones impactan negativamente a su negocio. AT&T aporta anualmente 7,481 millones de pesos al Estado por el uso de espectro en sus operaciones aquí.
México, al arranque del año 2025, es la economía latinoamericana de importancia que menos espectro tiene asignado: 562.51 Megahertz, entre las bandas que usan Telcel, AT&T y Altán Redes; y esto, luego de las renuncias de Telefónica y AT&T al espectro caro. Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil rebasan a México en la materia y México supera apenas a Venezuela.
Un análisis del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que esa misma autoridad hizo llegar al arranque del año 2025 a la Secretaría de Hacienda para dialogar sobre un ajuste a los precios del espectro, indica que en México el 89.83% del espectro que se encuentra asignado para servicios masivos de comunicación, y sólo en manos de las empresas con capital enteramente privado como son AT&T y Telcel, se encuentra sobrevaluado.
Es decir, en México hay un total de 427.92 Megahertz, pertenecientes a distintas bandas radioeléctricas y con distinta naturaleza técnica, que se venden más caro aquí que en cualquier otra parte de América Latina y otras regiones del mundo. Sólo 48.43 Megahertz se tasan aquí más “barato” frente a los datos de otros mercados internacionales.
En términos más llanos, el espectro de los 1900 MHz y de los 1.7/2.1 GHz (AWS y PCS) se fiscaliza en México un 93% más caro que la media internacional. El de los 2500 Megahertz (2.5 GHz) está 83% más caro con respecto al promedio internacional. La banda de 3.5 GHz cuesta 24% más cara en México y sólo el espectro de los 800/850 MHz quedaría un 14% abajo frente la media internacional, si bien ha habido interés del gobierno mexicano por cobrar más dinero por esa banda, según cuenta el informe del IFT.
La banda de PCS, anteriormente más usada en servicios de 3G, está asignada a Telcel y AT&T, con porcentajes similares; de 54% y 46%, respectivamente. La banda de los 2.5 GHz, por donde AT&T y Telcel han comenzado a comercializar servicios 5G, es operada en 57% por AT&T y en 43% por Telcel. Y en la banda de 3.5 GHz, más idónea para aplicaciones combinadas de 5G con productos de IoT, está en 50% asignada para Telcel y AT&T, cada una.
“Mantener un régimen con alto costo del espectro radioeléctrico en México respecto al contexto internacional tiene impactos negativos para la conectividad de empresas y personas, la competitividad del país y el bienestar de la población; desincentiva las inversiones y la participación en futuros procesos licitatorios; concentra el mercado; podría incrementar la posición asimétrica de Telcel; limita las posibilidades de que en México se ofrezcan servicios 5G y, además, no garantiza que el Estado reciba mayores ingresos por concepto de derechos derivado de la falta de interés en nuevas licitaciones de espectro”, expuso el IFT en su informe al gobierno federal.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones propuso en el análisis que hizo llegar al Ejecutivo, algunos mecanismos para una asignación del espectro no tan onerosa. Éstos se reproducen aquí tal cual fueron propuestos por el IFT:
- Mantener los derechos de las bandas de frecuencias que no se encuentran sobrevaluadas (600 MHz, 800 MHz y 850 MHz) en su nivel actual.
- Establecer como objetivo disminuir las cuotas de los derechos de las bandas sobrevaluadas (AWS, PCS, 1.5 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz) hasta llegar al nivel de benchmark, mientras que la recaudación de derechos se mantenga o inclusive se incremente.
- La asignación de espectro en cualquier banda de frecuencias reduciría las cuotas de derechos de las bandas de frecuencias sobrevaluadas (AWS, PCS, 2.5 GHz, 3.5 GHz y L) al mismo tiempo que se incrementaría la recaudación.
- Para lo anterior, se considera que cada banda de frecuencias tiene un costo diferente y por tanto su impacto no puede ser el mismo. De no tener esta consideración dependiendo de la banda que se asigne, se podría llegar a una recaudación menor a la actual en un año determinado, dependiendo del conjunto de bandas asignadas.
“Se resalta que, independientemente de la propuesta que la SHCP considere más viable implementar para el próximo ejercicio fiscal, es relevante mantener las disposiciones transitorias de no incrementar los derechos por uso del espectro conforme a la inflación, de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo primero de la Ley Federal de Derechos, toda vez que se reconoce que esta medida es relevante para mitigar parcialmente los efectos negativos del alto costo del espectro en México”, dijo el IFT.
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Se desconoce si el gobierno federal estudió el informe del IFT o si hizo oídos sordos a la propuesta, debido a que días atrás el Ejecutivo federal decidió mantener su política fiscal sobre la explotación del espectro para el ejercicio del año 2026, con lo que no queda claro de qué tamaño será el éxito de la primera licitación de espectro 5G que el gobierno promete iniciaría en los próximos meses.
El IFT argumentó que modificar la política fiscal por el precio del espectro, se traduciría en una recaudación de 17,487 millones 463,901.85 pesos, 4.24% más frente a lo esperado por el Estado en 2026.
“Se propone un esquema en el cual las asignaciones de otras bandas de frecuencias también influyan en la reducción de cuotas”, dijo el IFT en su último informe sobre precios de bandas enviado al Ejecutivo.
Cortesía de El Economista
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