La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, tiene el propósito de prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través del control de actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero o a la economía formal.
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el fortalecimiento institucional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y respaldó públicamente las reformas legislativas que enriquecen el marco de la Ley Antilavado, especialmente tras presiones internacionales como las sanciones de Estados Unidos.
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8 claves de la reforma Ley Antilavado
Estos son algunos puntos para destacar:
1. Armonización con estándares GAFI. La reforma responde a observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que alinea México con buenas prácticas internacionales.
2. Creación de registro de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Se define y obliga a monitorear cuentas vinculadas a PEPs, sus familiares y allegados, con políticas internas específicas.
3. Identificación del beneficiario controlador. Se refuerza la obligación de investigar y reportar quién controla o se beneficia de las operaciones a través de estructuras jurídicas, aumentando la transparencia.
4. Detección, monitoreo automatizado y análisis de riesgos. Se exige implementar sistemas automatizados para alertas en tiempo real, así como evaluaciones de riesgo periódicas y llevar hacer auditorías internas.
5. Umbrales más bajos y nuevos trámites digitales. Se reducen umbrales para reportes (depósitos en efectivo, tarjetas prepagadas) y se unifican trámites en la plataforma digital con plazos claros de respuesta (10–80 días).
6. Mayor coordinación interinstitucional. La UIF gana facultades reforzadas; la FGR y Guardia Nacional están obligadas a reportar casos sospechosos; la Secretaría de Hacienda puede solicitar datos al INE, Pemex, sindicatos y partidos políticos.
7. Ampliación del catálogo de actividades vulnerables. Se incorporan nuevas actividades como desarrollos inmobiliarios, fideicomisos, comercialización de criptomonedas y activos virtuales. Notarías, corredores y otros nuevos sujetos obligados deberán identificar a beneficiarios finales y reportar operaciones sospechosas, incluso si no se concretan.
8. Reconocimiento de la UIF como víctima. En delitos financieros, la UIF podrá ser considerada víctima, participando formalmente en procesos penales para recuperar activos y reforzar la persecución.
Críticas a la reforma
La discusión de la reforma se realizó luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones vinculadas a lavado de dinero y el narcotráfico.
Aunque la reforma ocurre en un contexto global donde el lavado de dinero se diversificó, particularmente a través de plataformas digitales y activos virtuales, recibió varias críticas.
Más de 50 organizaciones civiles señalaron que la reforma crea cargas administrativas excesivas que podrían amenazar su operatividad y libertad asociativa. La oposición legislativa advirtió que la definición vaga de PEPs y el fortalecimiento institucional deriven en una vigilancia excesiva, posibles abusos discrecionales y efectos políticos negativos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otros organismos advierten que las nuevas obligaciones requerirán inversiones en tecnología, capacitación y sistemas de monitoreo, lo que puede afectar a pequeñas y medianas empresas.
Cortesía de El Economista
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