Las modificaciones a la Ley Antilavado avanzaron en la Cámara de Diputados, en donde este lunes en condición de “urgente” se avaló la minuta recibida por el Senado de la República de manera general.
Con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, el Pleno de la Cámara Baja aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Te puede interesar
Esta reforma, impulsada por el senador morenista Javier Corral, busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien este año evaluará a México en cuestión de prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo.
“Esta reforma sí es necesaria. Se necesita porque el lavado de dinero no sólo ocurre en paraísos fiscales o en bolsas con fajos de billetes. Ocurren cuando se esconden fondos ilícitos tras empresas fantasma o fachadas, estructuras opacas, o transacciones complejas y sofisticadas”, indicó Iraís Reyes de la Torre, diputada por Movimiento Ciudadano.
No obstante, destacó que la bancada de Movimiento Ciudadano votará en abstención debido a que observan riesgos en la reforma, como por ejemplo, el otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la capacidad de acceso a la información más sensible del país, como registros públicos, datos biométricos, datos fiscales, entre otros, sin control judicial. “El combate al crimen no puede justificar la creación de un sistema de vigilancia sin frenos ni contrapesos”.
Por su parte, el priísta Christian Castro Bello señaló que la reforma justifica la discrecionalidad, la opacidad y el debilitamiento del derecho por la expansión de facultades de vigilancia del estado y pone obligaciones desproporcionadas a sectores ya regulares.
La reforma plantea modificaciones como ampliar el concepto de beneficiario controlador; definición de las Organizaciones Sin Fines de Lucro; se actualiza la definición de relación de negocios; amplia la lista de actividades vulnerables e incorpora la definición de personas políticamente expuestas.
Además, establece un régimen simplificado de identificación para clientes públicos; la implementación de capacitación y auditorías; monitoreo y evaluación de riesgos; cooperación de Hacienda con la Guardia Nacional y otras instituciones; así como la protección de la identidad de los encargados de cumplimiento.
También impulsa sistemas automatizados de gestión de riesgos; auditorías externas e internas; se amplían obligaciones de reportes, así como las obligaciones para notarios y corredores; se incorpora la UMA; se fortalecen las sanciones y se reconoce a la UIF como víctima.
Esta reforma se da a la par de los señalamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: