Durante el primer Parlamento Abierto sobre la Ley de Amparo, organizaciones coincidieron en que ésta conlleva aciertos que permitirían acelerar sentencias y evitar la prolongación de procesos judiciales de manera indefinida; no obstante, las modificaciones también representan riesgos para sectores vulnerables.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Representantes de organizaciones civiles como Artículo 19, Greenpeace, Prodesc, Fundar y demás coincidieron en que la iniciativa presidencial que propone reformar la Ley de Amparo busca agilizar el procedimiento y la emisión de sentencias, pero sería un retroceso en el acceso a los derechos humanos si restringe la figura de “interés legítimo”, la cual ha permitido a comunidades indígenas, agrarias y colectivos de trabajadores el acceder a la justicia.
El juicio de amparo busca detener actos de autoridad que vulneran derechos al medio ambiente, al territorio, al agua, a la salud, pero para que una persona o un colectivo pueda acceder a esta protección jurídica (suspensión y luego amparo) debe acreditar un interés: el jurídico (afectación directa), legítimo (afectación indirecta) o simple (sin afectación).
La iniciativa plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Amparo para que el “interés legítimo” solo se configure ante una lesión real, actual y diferenciada, y no ante una afectación hipotética, lo que, dijeron los participantes de la audiencia pública, haría que no se reconociera el “interés legítimo” de comunidades o colectivos representados por organizaciones civiles.
Es decir, para evitar casos en que organizaciones jurídicas como la de Claudio X. González se amparen contra megaproyectos o reformas del Gobierno de la 4T como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA, dejaría en la indefensión a quienes no tienen recursos para acceder a una defensa privada y son representados por organizaciones civiles.
Cortesía de Sin Embargo
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