Morena ha convertido su supermayoría legislativa, en el mejor de los casos, en un instrumento para disimular sus errores políticos, o en una herramienta de venganza en contra de sus adversarios. Cuando la incapacidad de sus funcionarios deriva en tragedias públicas, o cuando los opositores incómodos no se sosiegan, la reacción inmediata es una iniciativa de reforma.
Que si explotó una pipa de gas, entonces vamos a cambiar la ley para imponer nuevos requisitos a los transportistas. Que si el Gobierno está perdiendo los juicios fiscales, pues vamos a reformar la ley para dificultarle la defensa al contribuyente. Que se viralizaron los memes contra funcionarios, pues los penalizamos. Que las plataformas digitales no quieren borrar las críticas al régimen, pues facultamos a la autoridad para bloquearlas. Que un empresario o algún medio de comunicación nos está ganando los amparos, ahorita mismo lo resolvemos con una iniciativa en fast track, y le ponemos un transitorio que permita la retroactividad. ¡Faltaba más!
Lejos de admitir las deficiencias en la administración pública, o por lo menos hacer el intento de atenderlas, el oficialismo cree que lo puede resolver todo con reformas. El problema es que las leyes son -o por lo menos deberían ser- generales e irretroactivas. Estas características de la norma no son caprichosas. La función de las leyes no es resolver casos concretos o preexistentes, sino prever la forma en que se resolverán conflictos futuros. Así, si Morena reforma la ley, aún cuando su objetivo sea una persona, juicio o evento concreto, los efectos de la ley serán aplicables a todos los gobernados, por lo que la afectación a los derechos humanos es generalizada y masiva.
El caso más claro, y uno de los más peligrosos, es la iniciativa para reformar la Ley de Amparo, que actualmente se encuentra en revisión por la Cámara de Diputados. El amparo es un juicio que existe exclusivamente para defender a los particulares cuando una autoridad presuntamente ha violado sus derechos humanos. La autoridad demandada debe acreditar que el acto reclamado ha cumplido con todos los requisitos y controles legales, sin embargo las deficiencias ya normalizadas en el ejercicio del servicio público provocan muchas veces que los particulares ganen los juicios de amparo.
Con la política de “honestidad, no capacidad”, el oficialismo probablemente anticipó que el problema no podría resolverse mejorando la gestión pública, así que de nuevo, acudió a la solución mágica: una reforma. La iniciativa original era casi cínica. Cada aspecto a reformar implicaba la reducción de los derechos de los particulares, pero además, los motivos expuestos en el dictamen señalaban expresamente que se buscaba reducir “cargas innecesarias al Estado”, “dotar a los órganos jurisdiccionales de mayores herramientas para desechar recusaciones” y combatir la “sobrecarga de juicios de amparo sin fundamento sólido”. También se pretendía “evitar abusos que pudieran derivar en la incorporación tardía de actos [reclamados]” y evitar que la suspensión de los actos “paralice indebidamente facultades esenciales del Estado”.
En otras palabras, el Estado está cansado de que le reclamen cuando viola derechos humanos, y le provoca mucho desgaste innecesario tener que defenderse cada vez que lo hace. Así no se puede gobernar. Los particulares han sido abusivos en sus reclamos, y las autoridades ya merecen un respiro. Por si fuera poco, algún legislador audaz agregó un transitorio al dictamen señalando que sus efectos serían retroactivos sobre juicios ya en trámite, un cambio que sólo puede explicarse como una dedicatoria particular.
Como se ha vuelto costumbre, las dimensiones de la iniciativa se salieron de control entre los propios morenistas, y ahora las comisiones en la Cámara de Diputados han tenido que revertir el alcance de algunas de sus ocurrencias, incluida la retroactividad. Si algún día nuestro país logra revertir el daño que ha causado la supermayoría, habrá que diseñar controles para evitar que el poder político vuelva a concentrarse como mercado de telefonía celular.
Cortesía de El Economista
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