El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), anunció sanciones contra Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, Baja California, así como contra los operadores políticos Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en la zona y facilitar sus operaciones criminales.
Según el comunicado emitido por las autoridades del país vecino del norte, Arcega Aguirre mantenía una relación cercana con Brown Figueredo que le permitió controlar partes del gobierno municipal y colocar a aliados en posiciones estratégicas.
Además, se indicó que los mencionados participaron en la protección de las operaciones criminales de los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes regionales de “Los Mayos”, en el municipio de Rosarito.
El informe también señaló que el grupo recolectaba pagos de extorsión para los Arzate, administraba parte de sus operaciones criminales y aseguraba que la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito protegiera las actividades ilícitas del cártel.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y cuentas en territorio estadounidense de los tres implicados y la prohibición para que personas y empresas de Estados Unidos realicen transacciones con ellos.
Para el caso de Candelario Arcega Aguirre el Tesoro detalló que lo identificó como un operador político clave que aprovechó su relación personal con exalcaldesa para influir en el gobierno municipal y colocar aliados en puestos estratégicos. Además, fue sancionada su empresa Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa corrompiendo funcionarios locales y envenenando a los estadounidenses con fentanilo”, advirtió John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Niega bloqueos
Luego de que EU la incluyera en la lista de personas sancionadas, la también diputada morenista rechazó los señalamientos y negó que sus cuentas hayan sido bloqueadas.
“Ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, expresó en redes sociales.
Resaltó que continuará desempeñando su trabajo como legisladora, “aquí estoy firme para cualquier situación”.
Cortesía de El Economista
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