La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Lisa Cook, presentó este jueves una demanda contra el presidente Donald Trump, luego de que este anunciara su destitución a raíz de una investigación por presunto fraude hipotecario, previo a la toma de su cargo. La medida, que la defensa de Cook considera ilegal, es otro de los intentos del mandatario por ejercer control sobre el banco central, para reducir las tasas de interés.
La demanda, realizada ante un tribunal federal en Washington, también incluye como demandados al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a la Junta de Gobernadores, organismo al que Cook pertenece. “Este caso busca frenar un intento ilegal y sin precedentes de remover a la gobernadora Cook de su cargo, lo que sería un hecho inédito en la historia de la Junta”, señala el escrito legal.
En el texto, los abogados de Cook subrayan que la acción de Trump contradice la legislación vigente, que protege la independencia del banco central. La demanda solicita “medidas cautelares y declaratorias inmediatas” que reafirmen el cargo de Cook como gobernadora, permitiéndole seguir ejerciendo sus funciones. “La acusación de Trump carece de sustento: los hechos, previos a su confirmación en el Senado, no constituyen una causa válida para su destitución”, argumenta la presentación judicial.
Con esta nueva medida, Trump intensificó su presión sobre la Fed, luego de meses exigiendo recortes drásticos en las tasas de interés. Si la justicia lo permite, Cook, defensora de mantener la política monetaria sin cambios, podría ser reemplazada por una figura alineada con el enfoque del presidente.
“Solo por causa”
El lunes, haciendo uso de su propia red social, Trump comunicó el despido de Cook “con efecto inmediato”, alegando declaraciones falsas en sus contratos hipotecarios. Sin embargo, no existe hasta el momento ninguna imputación formal contra ella.
Previo a ello, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, había solicitado al Departamento de Justicia que investigue a Cook por dos hipotecas a su nombre, que habría presentado como sus viviendas principales para documentación previa a su toma de posesión en la Fed. La investigación todavía no ha dado resultados.
La batalla legal sobre la decisión de despedir a la gobernadora, sin embargo, podría alargarse por meses. El despido de un miembro de la Junta de Gobernadores sólo puede concretarse por “causa justificada”, lo que generalmente implica mala conducta o negligencia. La ley que rige desde 1913 exige “fundamentos concretos” para que un presidente pueda destituir a uno de sus integrantes.
Aun así, la defensa de Cook sostiene que estas acusaciones son “pretextos” para removerla y colocar a alguien más favorable a los objetivos del presidente. “El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook”, explicó el letrado Abbe Lowell, el mismo que trabajó en la defensa del hijo del ex presidente Joe Biden, Hunter.
“El intento de destitución de la gobernadora Cook se basa únicamente en una carta de recomendación. No tiene fundamento legal ni fáctico”, afirmó el abogado , quien agregó que el accionar de la Casa Blanca viola el derecho a debido proceso establecido por la Quinta Enmienda, ya que el anuncio se hizo por redes sociales y no a través de canales oficiales.
Trump, por su parte, aseguró en su carta que “el pueblo estadounidense debe tener plena confianza en la honestidad de quienes están a cargo de la política monetaria”. Y justificó la destitución al sostener que “la conducta engañosa y potencialmente criminal” de Cook socava esa confianza.
Una “marioneta” de Trump
Lisa Cook, primera mujer afroestadounidense en integrar la Junta de Gobernadores, no ha sido acusada de ningún delito. El episodio, no obstante, generó alarma entre exfuncionarios y especialistas, que ven en esta acción un intento de debilitar la independencia del banco central.
La ley establece que los gobernadores tienen mandatos de 14 años y solo pueden ser removidos por causa. La Fed se autofinancia y rinde cuentas exclusivamente al Congreso, precisamente para evitar presiones políticas que puedan distorsionar la política monetaria. Sin embargo, el Congreso, al reinstaurar en 1935 la norma de “remoción por causa”, evitó definir los motivos específicos dejando un margen de interpretación que ahora será puesto a prueba.
La Reserva Federal, por su parte, aseguró que “respetará las decisiones judiciales” y recordó que la estabilidad institucional requiere que las decisiones monetarias se basen en datos económicos, y no en intereses políticos.
Janet Yellen, expresidenta de la Fed y exsecretaria del Tesoro, criticó duramente la medida en un artículo de opinión para el Financial Times, y advirtió sobre el riesgo de que la Fed se convierta en una “marioneta” del Ejecutivo. Yellen calificó esta acción como ilegal y un claro intento de politizar la política monetaria, lo que pondría en peligro la independencia de la institución y su credibilidad nacional e internacional.
Yellen acusó a Trump de intentar intimidar al Comité Federal de Mercado Abierto, compuesto por siete miembros de la Junta de Gobernadores, cuatro presidentes regionales rotativos y el presidente de la Fed de Nueva York. Según Yellen, el mensaje de Trump busca intimidar a los demás miembros de la Fed, amenazando su capacidad de actuar con independencia y profesionalismo.
Cortesía de Página 12
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