El 24 de octubre de 2025, pasó algo histórico que marcará a Colombia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton, una sanción que conlleva severas restricciones financieras y limitaciones internacionales para los implicados. Aquí le contamos.
La decisión ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, generando preocupación sobre sus posibles repercusiones políticas.
Diversos analistas y sectores políticos en Colombia consideran que la sanción podría tener un trasfondo más político que judicial, al producirse en medio de un contexto de fricciones bilaterales y diferencias ideológicas.
La llamada Lista Clinton es el nombre popular de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En ella aparecen personas y entidades acusadas de participar en actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo o corrupción.
Ser incluido en esta lista equivale, en la práctica, a quedar excluido del sistema financiero internacional, ya que el poder de Estados Unidos sobre el dólar y la banca global amplifica las sanciones mucho más allá de sus fronteras.
Lo más preocupante es un bloqueo financiero total para el sancionado. Cuentas congeladas y operaciones prohibidas. Un veto financiero absoluto.
Todas las cuentas bancarias en Estados Unidos y en cualquier entidad que opere con dólares quedan congeladas. Esto incluye tanto bancos tradicionales como plataformas que mantengan vínculos con el sistema financiero estadounidense.
Además, se prohíbe cualquier tipo de transacción: abrir nuevas cuentas, usar tarjetas de crédito, realizar transferencias electrónicas o acceder a servicios financieros digitales, como billeteras o pasarelas de pago. La persona o empresa queda desconectada por completo del circuito económico formal.
Las repercusiones no terminan ahí. De acuerdo con el Diario La República, cualquier empresa o individuo que mantenga relaciones comerciales con alguien incluido en la Lista Clinton puede ser sancionado por las autoridades estadounidenses.
Este riesgo lleva a que socios, proveedores y clientes corten vínculos inmediatamente, generando un aislamiento económico que afecta no solo las finanzas, sino también la reputación del sancionado. Un problema para hacer negocios.
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En palabras de analistas, se trata de una “muerte civil”, ya que el individuo o empresa pierde la posibilidad de operar legalmente en múltiples jurisdicciones y queda fuera de los canales de crédito, inversión y comercio.
Algo no menor es que más allá de las sanciones económicas, estar en esa lista negra supone una acusación pública grave.
Estar señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con delitos internacionales deja una marca que trasciende lo jurídico y afecta todos los aspectos de la vida del sancionado.
La estigmatización internacional puede implicar el cierre de empresas, la pérdida de contratos y la exclusión de redes profesionales. Incluso si la persona busca apelar su inclusión, el proceso es largo y complejo, mientras el daño reputacional ya está hecho.
Es posible salir de la Lista Clinton, aunque el procedimiento es lento, complejo y altamente técnico. La persona o entidad sancionada debe presentar una solicitud formal de remoción ante la OFAC, acompañada de pruebas sólidas que demuestren que ya no participa en las actividades que motivaron su inclusión, como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción.
Para avanzar en el proceso, es indispensable presentar documentación que acredite un cambio de conducta o de situación legal, además de contar con asesoría legal especializada en sanciones internacionales.
En ciertos casos, la cooperación con investigaciones o procesos judiciales puede ser determinante. La OFAC analiza cada caso de manera individual y puede tardar meses o incluso años en emitir una decisión. Durante todo ese tiempo, el sancionado mantiene los bloqueos financieros y comerciales derivados de su presencia en la lista.
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Cortesía de El Colombiano
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