Los organismos de control de Rionegro están preocupados por la forma en la que están arribando al aeropuerto internacional José María Córdova los ciudadanos colombianos deportados desde o en su camino hacia Estados Unidos.
Mientras se espera que en pocos días llegue un tercer vuelo con más expulsados, la Personería de Rionegro elevó su voz de protesta y le pidió al Gobierno Nacional cumplir su promesa de hacer un acompañamiento integral en medio de ese drama humanitario.
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Como muestra de que durante las últimas semanas dicha promesa se estaría quedando en palabras vacías, el personero de Rionegro, Jorge Restrepo, denunció que los primeros dos vuelos que han arribado a la terminal de ese municipio la situación de muchos ciudadanos ha sido de absoluta incertidumbre y el grueso de los órganos de control y entidades garantes de los derechos humanos han quedado aisladas de dicha atención.
“Nosotros tuvimos un acompañamiento en un primer vuelo de deportados al José María Córdova, en donde fuimos informados por medios de comunicación y nos contactó la Personería Distrital de Medellín y llegamos al sitio”, señaló el servidor público, haciendo alusión al primer vuelo de deportados registrado el pasado 3 de febrero, en el que llegaron aproximadamente 43 personas.
“Ese día conocimos el estado de los deportados, con ocasión a las presuntas vulneraciones en materia de derechos humanos, porque muchos narraron que venían apresados de brazos, que habían recibido tratos contrarios a la adecuada garantía de los derechos humanos y que inclusive podría generar violencias en materia de enfoque diferencial en el marco internacional de los derechos humanos”, añadió Restrepo.
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Además de ese apresamiento de brazos, que no se repitió en un segundo vuelo que arribó a Medellín el pasado 13 de febrero, el personero señaló no obstante que en esa segunda llegada de deportados se identificó que por lo menos 19 no eran oriundos de Antioquia y se habían quedado a la deriva.
“Del último vuelo, aproximadamente 19 no tenían una ruta de retorno segura, no tenían dinero, ni cómo llegar a su ciudad de origen. Entonces esto pone un reto grandísimo. ¿Dónde van a existir albergues de tránsito?, ¿si se van a reportar las personas a sus ciudades origen?, ¿cuál va a ser la política integral de atención?”, interrogó el funcionario, al tiempo que también le pidió al Gobierno Nacional condiciones para que las entidades garantes de los derechos humanos tanto del orden nacional como locales puedan hacer presencia para verificar la llegada de los deportados.
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Además de esos migrantes desorientados y sin recursos, Restrepo recordó que también son necesarios protocolos robustos para activar las rutas de atención en caso de que haya menores de edad que deban ser puestos bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se resuelve su situación.
El llamado realizado por le Personería de Rionegro parece en medio de un panorama marcado por múltiples denuncias de malos tratos por parte de ciudadanos deportados, tal como ocurrió el pasado 13 de febrero, cuando a ese municipio llegaron varios ciudadanos desde Panamá.
“Cuando llegamos donde tienen el control ellos, que queda más o menos a dos horas bajando las banderas, a todos los colombianos que pasan por ahí les hacen disparos y los obligan a tirarse al piso boca abajo. No nos dejan hablar e inmediatamente nos amarran, nos esposan y nos comienzan a golpear”, denunció por ejemplo el colombiano John Luis Perlaza Quiñones, quien fue detenido por las autoridades panameñas cuando intentaba cruzar el Tapón del Darién.
“Nos meten en una celda donde todo el día nos tienen con luces y nos sacan una hora para que nos bañemos y el consulado puede a la comida. Los guardias panameños se comen la comida de nosotros, se comen la fruta y nos dan lo que ellos quieren. Nos tratan como muertos de hambre, que nosotros no servimos, que nosotros no somos bienvenidos en Panamá”, narró.
Cortesía de El Colombiano
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