El señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sobre CIBanco, Intercam y Vector como “preocupaciones primarias de lavado de dinero” tiene muy poco que ver con el sector gasolinero. Es una acción que se justificó bajo la autoridad ampliada que se le confirió al Departamento del Tesoro bajo el Fentanyl Sanctions Act y el FEND OFF Fentanyl Act. Es decir, se pensó específicamente bajo la lógica de la lucha contra el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Para diseñarse, usó indicadores, estadísticas y herramientas – Suspicious Activity Reports (SARs), Suspicious Transaction Reports (STRs) en los marcos del Bank Secrecy Act y la regulación mexicana, reportes agregados de la CNBV y otras fuentes de información — que son exclusivas al sector financiero. Por más que haya un sueño regulatorio del tracking de moléculas de combustible en México, hoy el sector gasolinero no tiene un andamiaje de supervisión regulatoria y antilavado tan sofisticado.
Pero sí hay un tronco común. Desde la segunda mitad del año pasado, como detallé en una columna en enero, el mismo Departamento del Tesoro (en este caso, vía su OFAC) ha estado documentando otra preocupación primaria en su lucha contra el financiamiento de los carteles mexicanos: el huachicol. Diversas agencias y procuradurías – tanto de México como de Estados Unidos — han tomado acciones para investigar y señalar, sancionar e imputar, a personas y organizaciones que sospecha están vinculadas con cualquiera de las formas de huachicol. Las líneas de investigación abarcan desde el “simple” robo de gasolina hasta el contrabando de diesel y el de crudo, pasando por la evasión fiscal. FinCEN, la misma agencia que emitió la orden para bloquear a las tres instituciones financieras mexicanas, publicó apenas en mayo de este año una alerta pública advirtiendo del esquema. En ella reitera su petición a las instituciones financieras de reportar cualquier transacción que consideren que pueda estar relacionada con este esquema, a partir de 14 “red flags” específicas, bajo la clave de SAR FIN-2025-OILSMUGGLING.
Los 14 indicadores — que incluyen desde considerar si el cliente es una empresa pequeña de gas y petróleo con márgenes inusualmente altos o con indicios de estar vendiendo crudo por debajo de los precios de mercado hasta si sus sitios webs son sospechosos – dan una guía clara a los bancos e instituciones financieras de lo que están buscando. Si por alguna razón no consideraban ya este tipo de factores en su modelo de riesgo, además de revisar los factores que afectaron a los 3 señalados hasta ahora bajo la lógica de fentanilo, urge que lo incorporen. Podrían estar en un riesgo similar, bajo una lógica antilavado.
Pero, más allá de los financieros, los que participan en el mercado gasolinero deberían investigar su exposición a estos indicadores con la misma urgencia. Operan en un espacio donde ya hay organizaciones formalmente sancionadas, con alertas especializadas y una supervisión muy focalizada. En distintos documentos, el gobierno de Estados Unidos ha puntualizado el tamaño del problema explicando que Pemex pierde miles de millones de dólares por esta práctica, que el gobierno de México pierde decenas de miles de millones de pesos y que, quitando la venta directa de drogas, esta es la principal fuente de financiamiento de las que ahora considera organizaciones terroristas. Son cientos de millones de litros.
Aquí también el gobierno de Estados Unidos ha dejado su sentido de prioridad clarísimo. Desde Pemex y los grandes importadores, pasando por los traders, hasta las estaciones de servicio individuales que son negocio familiar, el grupo que no tenga claro cómo funciona su cadena completa de suministro, identificando a sus beneficiarios, la va a tener difícil para poder argumentar ignorancia o desconocimiento. Las deficiencias de compliance en un contexto de tanta alerta rápido pueden parecer “willful blindness”. Esto, como precedentes en casos similares a los de Chiquita en Colombia o Lafarge en Siria, se podría usar para imputar financiamiento de organizaciones terroristas.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: