¿Qué prioridades manifiesta un PPEF 2026 donde se asignan 744 millones de pesos al Tren “Maya” y 856 al Programa de Prevención y Detección de la Violencia Feminicida y la Atención de Causas? ¿Qué indica la ausencia de referencias específicas a los refugios para mujeres violentadas, sus hijos e hijas tanto en el PPEF como en los Anexos de éste? ¿Acaso el gobierno ignora que los refugios salvan vidas? ¿O cree que con afirmar que “los feminicidios han disminuido” va a borrar la realidad? Discurso y políticas públicas sin presupuesto que los consolide son palabras huecas.
La “fusión” del programa de refugios, los centros de justicia y las alertas de género en un solo programa para “eficientar los recursos”, según la Secretaría de las Mujeres, resulta por sí misma extraña y opaca. Más aún cuando su presupuesto se incluye en el PPEF sin desglosar qué recursos corresponden a cada uno de estos programas y medidas cuya finalidad se interrelaciona y complementa pero que involucran acciones distintas, administran distintas instancias y deben evaluarse con distintos criterios.
Para la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, la eliminación del rubro “Refugios” del Anexo 13 y del PPEF en general significa un retroceso en la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y sus hijos/as. Entrevistada para esta columna ante esta alarmante medida que, cuando menos siembra incertidumbre acerca de la sostenibilidad de estos espacios imprescindibles, Figueroa afirma que garantizar los derechos humanos de las mujeres debe ser “una política de Estado para que se garantice la continuidad presupuestaria” para los refugios que atienden a las mujeres violentadas, muchas de ellas en riesgo de feminicidio. Estos recursos, además, deben ser progresivos y distribuirse a tiempo para evitar que, como sucedió este año, algunos de estos centros cierren.
La inclusión de los refugios en un “programa genérico”, explica, conlleva opacidad y discrecionalidad. Falta de compromiso, podríamos añadir. Lo “mínimo” es que aparezcan en el PPEF 2006. “Lo que no se nombra no existe”. Al invisibilizar los refugios (como se invisibiliza la violencia al manipular cifras de feminicidio y desapariciones), se “invisibiliza a las víctimas y a sus familias”, se muestra “desdén” hacia ellas.
De por sí, la RNR ha enfrentado desde hace varios sexenios obstáculos diversos para responder a las crecientes necesidades de las mujeres violentadas, desde presupuestos insuficientes –que a menudo tienen que cabildear-, falta de transparencia acerca de los criterios para seleccionar los proyectos, hasta entregas tardías que los ponen en riesgo de cierre. Estos obstáculos han empeorado en los últimos años por falta de claridad y transparencia.
Contra lo que asegura el discurso oficial, la violencia ha aumentado: las atenciones en los refugios aumentaron 5% y en los Centros de Atención Externa 500%. Además, señala, el feminicidio no siempre se tipifica como tal, muchos no se denuncian. Tampoco se toman en cuenta otras violencias: “la que sucede en el Metro, en plataformas digitales, en el ámbito laboral y escolar”. Hay por tanto una “gran cifra negra”. Ni el discurso oficial ni los datos corresponden a la realidad de las mexicanas.
Figueroa reconoce la utilidad de informar a la población sobre sus derechos pero se pregunta para qué sirve la Cartilla de Derechos Humanos que se está distribuyendo, si no se indica a dónde acudir en caso necesario: “¿Qué acciones efectivas van a complementarla?” Ciertamente, sin políticas públicas efectivas, integrales, transversales y transexenales, con perspectiva de género interseccional, no puede enfrentarse la violencia machista en el país.
Pese al discurso triunfalista del gobierno y a su intolerancia a la crítica, la RNR sigue insistiendo en la obligación del Estado de garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia; demanda que el PPEF 2026 integre explícitamente a los refugios y sus recursos asignados para asegurar su continuidad, su capacidad de atención y su contribución a la prevención del feminicidio.
Cortesía de El Economista
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