El senador de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, propuso una reforma constitucional para establecer una norma general que unifique los tipos penales y ordene la investigación de la extorsión de oficio. La iniciativa busca proteger a las víctimas sin que tengan que exponerse a denunciar, al mismo tiempo que fortalece la coordinación y eficacia de las fiscalías y autoridades de seguridad en todo el país, incluidas las de Jalisco, para enfrentar de manera más efectiva este delito.
Lomelí Bolaños señaló que la extorsión se ha convertido en una de las manifestaciones más crueles de la violencia:“No sólo vacía los bolsillos, sino que también roba la tranquilidad de las familias, paraliza a comerciantes, acorrala a productores y deja marcada a la víctima mucho después de que termina la amenaza”.
Durante una rueda de prensa, el senador criticó que en Jalisco este delito ha prosperado debido a la ausencia de estrategias efectivas de prevención y sanción, lo que ha permitido que la extorsión se mantenga como un problema grave y extendido en la región.
“Datos recientes muestran que más del 16 por ciento de los hogares de la Área Metropolitana de Guadalajara reportaron haber sido víctimas de este delito”, refirió.
El líder morenista denunció que la extorsión en Jalisco se esta presentando en diferentes modalidades, desde a locales comerciales por parte de autoridades municipales, estafas telefónicas, a través de plataformas digitales y hasta el despojo de terrenos por parte de juzgados y jueces en toda la zona metropolitana,por lo que están golpeando a las familias.
También criticó que, mientras las bandas de extorsionadores se fortalecen y actúan con total impunidad amparadas por autoridades municipales y el poder judicial local, las autoridades locales parecen enfocarse más en su imagen pública que en la seguridad ciudadana. Señaló que les resulta más importante generar espectáculo en redes sociales, promoviendo con gran cobertura mediática acciones menores o simbólicas, como la incorporación de camionetas tipo Cybertruck para la Policía Estatal, dejando en evidencia que su prioridad es la apariencia antes que proteger a la población.
El Legislador de Morena señaló que Jalisco es el estado que tiene la menor de las sanciones por extorsión, con tan solo seis meses, cuando existen otros estados que su pena mínima es de 15 años, como Michoacán o Morelos, o como Quintana Roo, donde alcanzan los 25 años de prisión.
“Por esta situación, no es gratuito que Jalisco sea uno de los estados con mayor crecimiento en las extorsiones de todo el país”, señaló.
Para finalizar y respecto a la propuesta de la construcción de un nuevo C5 para Jalisco, solicitó que esta obra se realice con transparencia, honestidad, pulcritud y con la participación de empresas expertas en el sector, ya que la seguridad del pueblo de Jalisco no merece improvisaciones ni negocios privados.
YC
Cortesía de El Informador
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