La ciudad de Los Ángeles y otros municipios del sur de California se unen a una demanda contra la Administración Trump destinada a detener las redadas de inmigración que han sembrado el pánico entre las comunidades de inmigrantes y desatado protestas generalizadas.
La demanda, presentada la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles, acusa a los agentes federales de utilizar tácticas policiales ilegales, como el uso de perfiles raciales, para cumplir con las cuotas de arrestos de inmigrantes establecidas por el Gobierno.
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La acción legal de Los Ángeles supone su primer esfuerzo formal para detener las redadas después de que el Gobierno demandara a la ciudad en junio por limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
“No se puede permitir que continúen estas redadas y redadas inconstitucionales”, dijo la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, a periodistas, flanqueada por funcionarios de municipios que se unieron a la demanda, incluidos el condado de Los Ángeles, Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood.
Donald Trump llamó a las tropas de la Guardia Nacional y a los marines estadounidenses a Los Ángeles en junio en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración, marcando un uso extraordinario de la fuerza militar para apoyar las operaciones de la policía civil dentro de Estados Unidos.
Las redadas forman parte de la línea dura del presidente republicano en materia de inmigración.
Las tropas han seguido trabajando junto a los agentes federales, y el lunes fuerzas de la Guardia Nacional recorrieron el parque MacArthur, cerca del centro de Los Ángeles, en una operación criticada por la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.
Según la demanda de la ACLU, las autoridades federales de inmigración han llevado a cabo acciones ilegales en el sur de California que incluyen detenciones sin orden judicial por parte de agentes enmascarados y anónimos y la denegación de asistencia letrada a personas retenidas en una instalación “similar a un calabozo”.
Cortesía de El Economista
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