La noticia que ayer retomaron diversos medios sobre el contrato que Pemex asignó a empresas de Grupo Carso por 1,991 millones de dólares americanos para la perforación de 32 pozos en el campo Ixachi es un signo inequívoco de que la reforma energética aprobada durante la administración del presidente Peña Nieto tenía una lógica de enorme peso: que Pemex no puede, ni debe, enfrentar sola el riesgo que hay detrás de la actividad petrolera.
A lo largo de los siete años que han transcurrido desde que empezó a gobernar la 4T, hemos escuchado una y otra vez numerosas descalificaciones en contra de la reforma energética de 2013, cuya legislación secundaria fue aprobada en 2014. La alianza que han venido estructurando Pemex y Grupo Carso se inscribe en ese objetivo racional de buscar que la empresa paraestatal comparta el riesgo del desarrollo de campos petroleros en nuestro país. En el caso de la actual administración, se hace a través de un vehículo distinto: los Contratos de Desarrollo Mixto.
No hay duda de que compartir el riesgo es una política acertada. Eventualmente deberá analizarse, de manera independiente, si el vehículo elegido por el gobierno de la presidenta Sheinbaum es el mejor posible, porque cada alternativa implica costos y beneficios, para la paraestatal, y para los inversionistas privados, por supuesto.
Para nadie es un secreto que la realidad operativa y financiera de Pemex es apremiante en el sentido de que sus pasivos con proveedores siguen siendo excesivos, el tamaño de sus pasivos financieros es aún muy elevado; y el volumen de producción de crudo no logra mostrar signos de estabilización para colocarse en una trayectoria sostenida de crecimiento.
Por ejemplo, para el mes de agosto pasado Pemex reporta una producción promedio de 1 millón 373,000 barriles de petróleo crudo por día, prácticamente 100,000 barriles diarios menos que en el último mes del gobierno del presidente López Obrador. En este contexto, debe darse la bienvenida a los mecanismos que permitan que la paraestatal pueda mejorar su desempeño, disminuyendo el riesgo que tienen que asumir todos los mexicanos, al ser compartido con agentes privados.
Ahora bien, cuando digo que eventualmente deberá evaluarse si la fórmula diseñada por el gobierno federal y Pemex es la mejor o más conveniente, desde el punto de vista económico, implica revisar si es la más adecuada desde el punto de vista de los contribuyentes. Lo anterior, porque para que Pemex esté en condiciones de pagarle más adelante a Grupo Carso por los pozos que llegue a perforar como parte del contrato anunciado ayer, además de otros compromisos de la paraestatal, el gobierno federal ha tenido que realizar importantes esfuerzos presupuestales mediante la transferencia directa de alrededor de 1 billón 354,000 millones de pesos entre 2019 y 2025, además de significativos sacrificios fiscales por la reducción de la carga tributaria para Pemex.
No debe pasarse por alto lo que Grupo Carso expresa en el último párrafo del comunicado que dio a conocer ayer a la Bolsa Mexicana de Valores: “La experiencia de estas subsidiarias de Grupo Carso incluye perforación de pozos en campos estratégicos tales como Quesqui e Ixachi, a través de contratos de servicios con Pemex en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados”.
Es decir, que a pesar de que Pemex le debe montos sustanciales de dinero, Grupo Carso está dispuesto a asociarse con la empresa de todos los mexicanos en la aventura del campo Ixachi. De igual forma, tampoco podemos abstraernos del hecho de que Grupo Carso está dispuesto a esperar a que Pemex le empiece a pagar hasta enero de 2027. De ese tamaño será la recompensa económica que seguramente obtendrá.
Por eso es válido preguntarse si esta “novedosa” forma de asociación entre nuestra empresa petrolera y agentes privados, es la más adecuada, porque es altamente probable que terminemos pagando un sobreprecio por el riesgo que están dispuestos a asumir agentes como Grupo Carso, que cuentan con cuantiosos recursos económicos (deep pockets, en inglés) para hacer frente a la incertidumbre que implica lidiar con Pemex.
*El autor es economista.
Cortesía de El Economista
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