Los caprichos tienen consecuencias

Incluso antes de tomar posesión como presidente, AMLO dejó claro quién mandaba. En los días previos a la farsa de consulta para cancelar el NAIM, salió en un video mostrando la portada del libro de Felipe González, ¿Quién manda aquí? Al país entero le quedó claro quién iba a mandar y cómo iba a hacerlo. En la mayoría de los temas trascendentales gobernó a base de caprichos. Muchos advertíamos que tal o cual ocurrencia era una mala idea y que en algún momento nos costaría, a lo que las respuestas en redes sociales o medios solían ser insultos o burlas. Pues bien, parece que la época de pagar por esos caprichos está empezando.

Tomemos el primero, de escala monumental. Se canceló el aeropuerto de Texcoco, inversión de miles de millones, por puro capricho presidencial. Luego construyó el AIFA donde quiso. Pero lo más grave vino después: obligó a las aerolíneas a mover toda su operación de carga de la noche a la mañana, sin transición ni plan. El Departamento de Transporte estadounidense sancionó al AIFA y al AICM. Hoy, la Ciudad de México es categoría dos, lo que impide abrir nuevos vuelos internacionales. Es irónico: cuando el Mundial 2026 se acerca, carecemos de capacidad aeroportuaria. El AIFA transporta 7.3 millones de pasajeros para 2025, pero la incertidumbre paraliza la expansión. Aeroméxico iba a bolsa —inversión que generaría confianza— y ahora está detenida por la volatilidad heredada.

Luego están los caprichos energéticos. Se retiraron arbitrariamente permisos de importación de hidrocarburos y se crearon incentivos perversos que derivaron en el mayor escándalo de corrupción fiscal moderna: el huachicol fiscal, documentado sistemáticamente. El American Petroleum Institute denunció en octubre de 2025 violaciones sistemáticas al T-MEC. El documento es claro: desde 2019 existe un patrón de amenazas de arbitraje, límites a importaciones, prioridad a la CFE sobre privados, cancelación de permisos sin justificación y un viraje hacia el control estatal. No son insultos capitalistas: es documentación rigurosa de un patrón que viola compromisos internacionales.

Después vino el SAT, con interpretaciones creativas de la ley. La reforma judicial destruyó la independencia —Norma Piña removida bajo presión política— y el resultado fue inmediato: empresas multinacionales reevalúan su presencia en el país. Samsung enfrenta una multa de 15,000 millones; Sony frenó inversiones; Semicon canceló planes. La Cámara de Comercio de EU documenta que México viola el T-MEC: reforma judicial arbitraria, prácticas fiscales opacas y eliminación de autonomía regulatoria. La inversión nueva bajó considerablemente, aunque la reinversión de utilidades fue 84% de la IED en 2025 —las empresas que quedan no traen dinero nuevo, solo reciclan ganancias. El mensaje en Wall Street es claro: no hay confianza institucional en México.

Como cualquier persona, el expresidente tuvo caprichos buenos y malos. Los que menciono son solo algunos de los ejemplos cuyas consecuencias ya estamos pagando, y seguramente vendrán más. Aunque en los hechos —no el discurso— la presidenta ha empezado a desmarcarse con regulaciones más sensatas, como la eléctrica o al devolver a la UIF sus verdaderas funciones, la realidad es que a esta administración le tocará pagar las cuentas de alguien más. Ojalá el gobierno tenga un panorama claro de por dónde vendrán las facturas, cómo mitigará los costos y, lo más importante, cómo abordará las consecuencias de estos caprichos en la revisión del T-MEC el próximo año.

Cortesía de El Economista



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