Aunque no es fácil precisar una fecha del inicio de nuestra transición a la democracia, el fraude en la elección de 1988 obligó al gobierno a ceder el control de los órganos electorales que tuvo hasta esa elección. Al gobierno de Salinas no le quedó otra que reconocer la nueva pluralidad que se estaba dando en México y el riesgo de un estallido social si no se garantizaban elecciones limpias y la posibilidad de la alternancia en el poder.
Antes de 1998 hubo huelgas de médicos y maestros en los cincuenta, el movimiento estudiantil en el 68 y la organización ciudadana en el sismo de 1975, pero fue a partir del fraude en la elección de ese año, que el gobierno y el PRI aceptaron perder el control de las elecciones.
Fue la creación de organismos electorales independientes y el respeto al voto lo que abrió en definitiva las puertas a nuestra democracia y permitió la alternancia en el poder. Esta transición fue gradual y sus avances permitieron la autonomía del Poder Judicial a partir de 1994, la autonomía de la Cámara de Diputados a partir de 1997 y la alternancia en la Presidencia de la República a partir del 2000. Durante este proceso se fortaleció el federalismo con el triunfo de la oposición en varias gubernaturas, la transparencia y rendición de cuentas, el Estado de Derecho y las libertades de prensa y expresión.
Todo este proceso democratizador se detuvo a partir del 2018 con la llegada de López Obrador y Morena a la Presidencia y durante lo que va de gobierno de Claudia Sheinbaum. Es exagerado decir que vivimos una dictadura o un autoritarismo, pero están creadas las condiciones para que esto suceda si así lo deciden López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena.
Las Cámaras de Diputados y Senadores están controladas por Morena que, en forma ilegal, con amenazas o interpretaciones amañadas de la ley, obtuvieron la mayoría calificada que les ha permitido modificar la Constitución sin tomar en cuanta la opinión de nadie. Tienen a partir del 1 de septiembre el control de la Corte, los órganos de vigilancia y control y de un gran número de jueces y juezas para usarlos cuando sea conveniente. Han ejercido presión sobre la prensa escrita y salvo algunas excepciones, todos los espacios políticos de los periódicos se han vuelto voceros del gobierno. Los órganos electorales federales, el INE y el Tribunal Electoral están controlados por Morena y como lo vimos en la elección de Poder Judicial, permiten la manipulación del voto y aceptan el fraude electoral.
Criticar al gobierno o a algún morenista se ha vuelto peligroso, la justicia está de su lado y la presidenta Claudia Sheinbaum se ha vuelto cómplice y usa las mañaneras para atacar a los líderes de la oposición o a cualquier voz crítica a su gobierno o al de López Obrador. Es probable que haya más libertad de prensa que en la época priista, pero pende la espada de Damocles sobre las voces críticas. La radio y la televisión han dado de baja a muchos analistas para no confrontarse con el gobierno.
Con el control del Congreso, del Poder Judicial, las amenazas a la libertad de expresión y sobre todo con el control que tienen el gobierno y Morena sobre el INE y el Tribunal Electoral, la oposición no tiene condiciones y no debe participar en las elecciones de 2027 y 2030, sino se garantiza imparcialidad de los organismos electorales. No se debe participar en una elección en donde Morena tiene los dados cargados.
Cortesía de El Economista
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