Los despliegues agresivos y sin precedentes de la Guardia Nacional del presidente Donald Trump se pondrán a prueba una vez más en dos audiencias judiciales en diferentes estados de este jueves, cuando los gobernadores que se resisten a la militarización de sus ciudades desafíen al gobierno federal en los tribunales.
Un juez federal de Illinois decidirá si detiene temporalmente el de Chicago, y un tribunal de apelaciones en California revisará la apelación inicial de Trump sobre su decisión de enviar efectivos a Portland, Oregón, que un juez federal bloqueó el fin de semana.
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Una coalición de 24 estados presentó el miércoles un escrito en apoyo a la demanda de Oregón y California y en oposición al despliegue de la Guardia Nacional en Portland. Al instar al tribunal de apelaciones a que dé la razón al tribunal inferior, los estados argumentaron que el despliegue desafía la Constitución de Estados Unidos, anula la autoridad del estado de Oregón y pone en peligro a las comunidades de Portland.
Mientras se desarrollan las batallas legales, 500 efectivos de la Guardia Nacional están preparados cerca de Chicago.
Las tropas de la Guardia Nacional son milicias estatales que, a pesar de llevar uniformes del Ejército de Estados Unidos, responden ante sus gobernadores, excepto cuando son llamadas al servicio federal. Normalmente se despliegan para ayudar en catástrofes naturales.
Trump afirma que son necesarias para proteger a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que, según él, están amenazados por manifestantes callejeros y cargos electos demócratas que se han negado a cooperar con la Casa Blanca. Gobernadores y alcaldes demócratas han acusado a su vez al presidente de fabricar una crisis por motivaciones políticas.
Trump se enfrenta a cuatro demandas por sus despliegues de tropas en Portland, Los Ángeles, Washington D.C. y Chicago. Los despliegues han sido declarados ilegales por los dos tribunales que han tomado las primeras decisiones, ya que los jueces dictaminaron que las protestas en Los Ángeles y Portland no justificaban una respuesta militar.
El tribunal de California ha sido invalidado hasta ahora por el mismo tribunal de apelaciones que supervisará el caso de Portland, diciendo que las decisiones militares del presidente deben recibir una gran deferencia.
Cortesía de El Economista
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