La Cámara de Diputados ha recibido este lunes la minuta de reforma de la Ley de Amparo, una importante iniciativa presidencial que ha descarrilado momentáneamente después de que el Senado le incluyera una polémica cláusula de retroactividad que es considerada inconstitucional por los expertos y por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Los senadores habían contemplado enmendar la ley a través de una fe de erratas, un recurso para corregir errores menores de ortografía o gramática. Su uso para corregir una cuestión de fondo habría sido excepcional. Aun así, la posibilidad había sobrevolado la escena política durante todo el fin de semana. El envío de la minuta de una Cámara a otra ha disipado las dudas: serán los diputados quienes revisen el polémico artículo transitorio.
El enredo en torno a esta cláusula fue mayúsculo y se fue agrandando conforme avanzó la jornada en la Cámara Alta. La iniciativa presidencial llegó al Senado sin el artículo, pero alguien, “un duende legislativo”, como lo bautizó la senadora priista Claudia Anaya, lo incluyó en el texto sin contar con los presidentes de las comisiones encargadas de elaborar la redacción final: Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos. El presidente de la primera, el morenista Javier Corral, propuso a la comisión conjunta eliminar el artículo, que consideró “un error en términos de archivos”, y devolver el dictamen a su redacción original. La comisión votó a favor de la propuesta del veterano senador, incluido su compañero de bancada Manuel Huerta, quien luego volvería a introducir al final de la noche la cláusula mediante una reserva en un giro imprevisto.
“Fue la orientación que nos dieron nuestros compañeros senadores para poder llegar a acuerdos”, explica Huerta por teléfono a este periódico, preguntado por qué apoyó en la comisión retirar una redacción que luego él mismo introduciría de nuevo. “Es un debate que mantuvimos todo el día los senadores y llegamos los 60 que votamos a favor de esta conclusión, que es lo fundamental”, apuntala en referencia a la reserva que se votó más tarde y que detonó la crisis que forzó la intervención de la presidenta.
Una veintena de senadores morenistas se opusieron a votarla, entre ellos el senador Javier Corral, que dijo haber advertido de la inconstitucionalidad del precepto en numerosas ocasiones durante la jornada. La cláusula contradice el artículo 14 de la Carta magna, que prohíbe aplicar con carácter retroactivo ninguna ley en perjuicio de nadie. Sheinbaum, que también la tomó por inconstitucional, aclaró la mañana siguiente que ese punto no formaba parte de su iniciativa, y llamó a cuentas a sus asesores jurídicos Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy. Además, en su conferencia matutina del jueves lanzó un mensaje disciplinador a la Cámara de Diputados para que corrigieran el desaguisado jurídico, que había terminado de encender las alarmas de todos los expertos, ya de por sí descontentos con muchos de los cambios de la reforma. El coordinador de los diputados morenistas recogió el guante y anunció, apenas un par de horas después, que la Cámara Baja haría un análisis muy cuidadoso de la redacción para despejar cualquier atisbo de inconstitucionalidad.
El origen de esa redacción sigue siendo una incógnita. Fuentes del Gobierno apuntaban a este periódico que la petición venía de la nueva Suprema Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar, pero el documento con las sugerencias del ministro, al que tuvo acceso EL PAÍS, revelan que hay una enorme brecha entre la propuesta del Poder Judicial y la que finalmente aprobada por el Senado. En la Corte denuncian “mala fe” en esa lectura.
En pleno incendio, Arturo Zaldívar acudió a la mañanera de la mandataria un día después, el pasado viernes, para explicar cuál era, en realidad, “la intención del legislador”. Según el asesor jurídico del gabinete presidencial, el precepto no incurre en una retroactividad violatoria de la Constitución porque busca preservar los actos ya concluidos dentro del proceso, y aplicar la nueva normativa únicamente a los actos posteriores. Esta misma argumentación fue la esgrimida por Huerta y reiterada por el senador en los días posteriores y en entrevista con este periódico, aunque rechaza que la redacción del artículo procediera de la Consejería Jurídica del Gobierno. Cuál fue la intención inicial del legislador es ya un asunto superado, pues la letra del proyecto, de acuerdo con expertos, la oposición, la propia presidenta y diversos legisladores morenistas, viola la Constitución y deberá ser corregida por los diputados esta semana.
Cortesía de El País
Dejanos un comentario: