La comunidad nahua de Santa María Coapan, en Puebla, se organizó en 2021 para exigir que el basurero tóxico que funcionó durante 30 años en su comunidad, sin regulación y a cielo abierto, fuera cerrado por los efectos negativos para la salud de los pobladores. Unos meses después lograron el cometido, aunque los daños persisten. La lucha tuvo cauce gracias a varios juicios de amparo que frenaron, poco a poco, una oleada de daños que hoy siguen sin repararse. Los amparos han sido la única herramienta de la comunidad indígena para afrontar una interminable cadena de omisiones por parte de autoridades de todos los niveles que permitieron que el lugar —que recibió toneladas de deshechos y residuos de todo tipo— funcionara sin las más básicas normas de regulación.
El juicio de amparo en México es visto, sobre todo desde la sociedad y de los grupos más vulnerables, como un escudo para contrarrestar abusos del poder o imposiciones gubernamentales. También es un recurso para plantarse ante las omisiones de Gobiernos (federales, estatales y municipales) y autoridades. Lizy Peralta, abogada integrante del equipo asesor de Santa María Coapan, explica que en el caso del basurero hay tres amparos en proceso que pretenden establecer un procedimiento para la remediación y para el saneamiento del lugar. “Por eso debilitar el amparo pone en mayor vulnerabilidad estas situaciones y a las comunidades. La ley de Amparo te protege contra actos de cualquier autoridad, incluso particulares”, explica.
El abogado y profesor de derechos humanos, Luis Eliud Tapia, fue durante muchos años integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Recuerda el caso de María Herrera, una mujer con cuatro hijos desaparecidos. En 2020, el Centro comenzó un litigio porque el Estado mexicano no había reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para conocer casos individuales sobre México. “Doña Mari solicitó a la Cancillería que diera una respuesta y por esa decisión se presentó un amparo. Ella argumentó tener un interés legítimo en que la política exterior mexicana se basara en derechos humanos y permitiera a personas como ella acudir a la justicia internacional en caso de que los tribunales locales no la atendieran”, recordó el experto.
La reforma al amparo fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbam y es una de sus grandes apuestas legislativas en este primer año al frente del país. De acuerdo a la mandataria, busca agilizar los procesos judiciales para que el recurso no sea usado “por quienes quieren evitar la justicia”.
Tapia, quien ha escrito varios textos sobre la materia, entre ellos una propuesta de diez puntos para mejorar la ley, cree que todas las implicaciones sociales repercutirán a personas que no son necesariamente empresarios, evasores fiscales o “delincuentes de cuello blanco”. Estos son los principales focos de la reforma, según han explicado algunos legisladores de Morena.
“Yo creo que no hay ingenuidad, hay perversidad porque son personas que conocen perfectamente el amparo”, considera el experto. Tapia menciona al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien trabajó reformando la figura en 2013 e hizo su tesis doctoral sobre el amparo. “Hay suficiente capacidad para entender lo que están haciendo y por eso me parece más criticable aún, porque saben los efectos que eso provoca (…) Es una reforma pro autoridad”, añade.
Durante los dos días previos a la votación de la reforma, sesiones públicas de consultas a expertos tuvieron lugar en el Senado. Los foros reunieron a unos 40 especialistas en la materia, no solo abogados, sino también miembros de organizaciones civiles. El consenso fue claro: había que tomar con cautela las modificaciones que respondían a una necesidad que no les parecía urgente, sino más bien que respondía a un mandato político.
Arturo Zazueta, abogado que trabajó durante 14 años en el Poder Judicial, fue uno de los invitados a las audiencias. Habló ante los legisladores y explicó que aunque ve puntos positivos en la propuesta —como menores plazos o avances en la digitalización— está más preocupado ante el panorama que plantea la reforma y viendo que casi todas las grandes reformas recientes en México han llegado sin recursos adicionales para ponerlas en marcha.
“Más allá de los aspectos positivos, que no son tan positivos, lo que a mí me parece verdaderamente indignante es pensar: ¿esta es realmente la carta de presentación de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Genuinamente, su Administración hizo un diagnóstico y consideró que estos eran los temas más apremiantes en la tutela de derechos humanos y para renovar el juicio de amparo? Esto no tiene nada que ver con las necesidades de las víctimas, esto es un interés de un puñado de personas que claramente trabajan para una autoridad del Estado mexicano. Si quisieran ver qué le hace falta al juicio de amparo, hay un montón de cosas más”, asegura.
Para la abogada Araceli Olivos, la sorpresa primero, y luego la prisa por aprobar esta reforma demuestra que el foco no está puesto en el pueblo, una bandera que ha usado como eslogan el oficialismo. “Ha sido avasallador este proceso de Morena para debilitar el sistema judicial y también ahora el único recurso que existe, aunque no es perfecto por ser demasiado técnico y poco democrático”, dice Olivos. La abogada asegura que un juicio de amparo requiere de la guía de un letrado, lo que de entrada reduce el acceso a los quejosos a este “mecanismo de control de poder”.
La discusión se ha sostenido en dos diálogos que parecen no tocarse mutuamente. El oficialismo repite los ejemplos de quienes han “abusado” del juicio de amparo, apuntando toda su artillería a empresarios o personajes acaudalados que se han servido con los recursos del pueblo.
Por otro lado, las víctimas de violaciones de derechos humanos, comunidades indígenas, y otros colectivos que aglutinan minorías históricamente maltratadas, parecen haber quedado al margen de esta renovación del recurso de amparo. Una figura legal que ha sido en muchos casos su única oportunidad de defensa ante las grandes injusticias nacionales.
Cortesía de El País
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