En medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este martes a su par estadounidense, Donald Trump, a entablar un diálogo basado en la verdad y el respeto a la soberanía. Lo hizo durante un acto en Brasilia, horas antes de que entren en vigor los nuevos aranceles del 50 por ciento impuestos por Washington a productos brasileños, motivados por la supuesta “cacería de brujas” contra el ex presidente, Jair Bolsonaro.
Durante la sesión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible, Lula lanzó una enérgica defensa de la soberanía nacional, denunciando injerencias externas que, según advirtió, buscan debilitar las instituciones y la economía brasileña. Lula tomó la palabra al cierre del evento, inmediatamente después de que el vicepresidente, Geraldo Alckmin, hiciera un llamado a respetar las leyes y la verdad. “Sería tan importante que trabajáramos basados en la verdad, y solamente en la verdad”, expresó Lula.
“No es posible que el mundo funcione si perdemos lo mínimo: responsabilidad, respeto a la soberanía, a las Cortes Supremas de los países, al funcionamiento de los Congresos. Si comenzamos a opinar sobre todo lo que ocurre en otros países, estamos violando una palabra mágica: soberanía”, añadió.
“Injerencia externa”
El vicepresidente Alckmin, que también ocupa la cartera de Industria, Comercio y Servicios, reiteró que el gobierno mantiene la voluntad de diálogo, incluso con la entrada en vigor de los aranceles el miércoles y tras la aplicación de sanciones contra De Moraes. Lula, por su parte, afirmó que no llamará a Trump para negociar la cuestión arancelaria, porque no cree que esté dispuesto a dialogar.
El mandatario, que compareció acompañado por los ministros de Hacienda, Fernando Haddad, y de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira , subrayó su intención de evitar fricciones con Washington. Vieira, por su parte, anticipó que el Ministerio responderá formalmente a las acusaciones estadounidenses, que además de denunciar una “persecución judicial” contra Bolsonaro, cuestionan el sistema de pagos PIX y otras prácticas comerciales brasileñas.
El juez Alexandre de Moraes, quien instruye la causa por golpismo contra Bolsonaro, le impuso prisión domiciliaria este lunes, argumentando que el expresidente violó las medidas cautelares que le prohibían comunicarse públicamente.
La medida judicial elevó las tensiones con Trump, quien ya había impuesto aranceles a importaciones brasileñas. La semana pasada, el presidente estadounidense incluso sancionó a De Moraes bajo la Ley Magnitsky, habitualmente aplicada a violadores de derechos humanos, lo que desde el gobierno de Lula fue calificado como “un ataque directo a la democracia brasileña”.
Trump también prohibió a De Moraes ingresar al país y congeló sus bienes en territorio estadounidense. En paralelo, legisladores de ultraderecha brasileña anunciaron que impulsarán la destitución de De Moraes en el Senado.
“Paquete de paz”
Tras el anuncio de la domiciliaria, la defensa de Bolsonaro sostuvo que el exmandatario no violó las restricciones impuestas por la Corte y negó que haya cometido delito alguno. Desde Estados Unidos, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y también investigado, denunció un “abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”.
Por su parte, el Gobierno estadounidense emitió una condena contra la detención de Bolsonaro y amenazó con sancionar a más miembros del Supremo. “Restringir aún más la capacidad de Bolsonaro para defenderse no es un servicio público. ¡Déjenlo hablar!”, manifestó la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, cuestionó duramente la decisión del juez en un mensaje en redes sociales, donde calificó la medida como un acto de “autoritarismo judicial“, acusando al magistrado de utilizar el cargo para silenciar críticas y llevar a Brasil hacia una “dictadura judicial”.
Esa es también la percepción entre sectores del bolsonarismo, especialmente representados por los hijos del expresidente. Reunidos en la rampa del Congreso Nacional en Brasilia, anunciaron ante la prensa “paquete de la paz” con el objetivo, según dijeron, de “pacificar” el país.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, anunció un paquete legislativo que buscaría “resolver” la crisis desde el Congreso. Calificó la decisión judicial como una “aberración jurídica” motivada por “deseos de venganza”.
El paquete incluye tres ejes: una amnistía general para los involucrados en los juicios por el intento de golpe, la destitución del juez y una enmienda constitucional que eliminaría la inmunidad parlamentaria, permitiendo que los legisladores sean juzgados en tribunales de primera instancia.
Negociación
La orden judicial de De Moraes fue emitida apenas dos días antes de que se activen los aranceles del 50 por ciento a productos brasileños anunciados por Trump. La decisión está fundamentada, además de la supuesta “persecución” contra Bolsonaro, por lo que el republicano identifica como una serie de “prácticas comerciales desleales“, incluso lanzando una investigación por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Vieira confirmó que el 18 de agosto Brasil presentará su respuesta formal ante la USTR. Entre los puntos que Estados Unidos investigará figuran el sistema PIX, las “barreras“ al etanol y posibles violaciones de propiedad intelectual. El canciller criticó los aranceles como represalia política y advirtió que una guerra comercial podría desembocar en una “espiral de inflación y estancamiento global”.
“Las negociaciones pragmáticas son la solución más prometedora para empresarios, trabajadores y consumidores”, advirtió Vieira. En ese sentido, destacó que las gestiones diplomáticas del Gobierno brasileño fueron claves para excluir unos 700 productos del decreto arancelario, lo que permitió “preservar” sectores estratégicos como la industria aeronáutica, la producción de jugo de naranja y el sector de la celulosa.
Cortesía de Página 12
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