Miles productores agrícolas de al menos 10 Estados del país tienen dos semanas manifestándose mediante bloqueos carreteros, para exigir al Gobierno federal que se les pague un precio justo por los productos que siembran. Especialmente se trata de productores de maíz quienes exigen que se aumente el pago de precio de cinco mil pesos a 7 mil 200 pesos por tonelada producida.
Como suele ocurrir en protestas que incluyen la interrupción de la movilidad, con frecuencia se pone el acento en las afectaciones a los usuarios antes que a las causas que originaron la protesta. Sin duda la protesta de los productores agrícolas causa molestias a quienes se encontraron atrapados en los bloqueos carreteros. Pero lamentablemente el Gobierno federal, y las empresas intermediarias que acaparan la mayoría de la producción, no les dejaron otra alternativa. La raíz del problema es que los campesinos no se les está pagando un precio justo por su producto, mientras un puñado de empresas cuasi monopólicas se quedan con elevadas ganancias por el acaparamiento y procesamiento del maíz.
Lo explicó de un modo muy claro Jesús Díaz, productor maicero de Tototlán, Jalisco. A ellos les pagan el kilo de maíz a cuatro o cinco pesos (cuatro mil o cinco mil la tonelada) mientras el kilo de tortilla (a partir de harina de maíz nixtamalizada) se vende en 24 y hasta 28 pesos el kilo. ¿Quién se queda con esos 20 o hasta 23 pesos entre el kilo de maíz que se paga a los maiceros y el kilo de tortilla que se vende al público? Claro, hay que descontar otros costos como insumos, salarios y otros gastos. Aún así la diferencia entre ambos costos revela una simple economía política de la protesta que llevan a cabo los productores de maíz.
A lo largo de los años y ahora durante los bloqueos carreteros, los productores de maíz apuntan a dos problemas: abandono gubernamental y la virtual monopolización de la producción maicera nacional por cuatro o cinco grandes empresas. Así lo dijo René Hernández, productor maicero del municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco: “Es una vergüenza que la industria, que son cuatro o cinco, inclinan a un país. Cuando nosotros somos 40 mil productores”, aseguró y añadió que los maiceros llevan tres años con precios bajos y ahora lo que piden es un rescate al campo.
Son “cuatro o cinco que inclinan a un país”, dijo René Hernández al referirse a estas empresas a acaparadoras, pero en realidad se trata prácticamente de dos productoras de harina nixtamalizada: Gruma y Minsa. Minsa es del consorcio Promotor Empresarial de Occidente que fundó el empresario y ex senador priista Raymundo Gómez Flores y que ahora dirige su hija Altagracia Gómez Sierra, extremadamente cercana a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, Gruma es la empresa propietaria de la marca Maseca que es el verdadero monopolio de la industria maicera. De hecho, en octubre de 2024 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) concluyó “que no existen condiciones de competencia en el mercado de harina de maíz nixtamalizada que se vende a las tortillerías de México”, por la concentración de mercado en manos de Gruma.
Luego de dividir el país en ocho regiones y ver la industria del maíz, Cofece llegó a la conclusión de que Gruma tiene entre 50% y el 90% de las ventas en cada una de las regiones, y una participación de mercado entre dos y nueve veces mayor que su mayor competidor en cada una de las regiones, lo que le permite establecer un precio promedio casi 10 por ciento mayor que el de sus competidores (http://bit.ly/3JxcAXc). Es tal la concentración de mercado que la Cofece sugirió que Gruma vendiera cinco plantas de producción así como toda la flota de distribución y fuerza de ventas de dichas plantas para trata de regular el mercado. No hay noticias de que eso haya sucedido. Gruma fue fundada por el empresario Roberto González Barrera (fallecido en 2012) y ahora dirigida por sus hijos. La familia González fue muy cercana al PRI en su apogeo y con gran cercanía con la familia Salinas de Gortari. Ahora sigue teniendo importantes contactos en la clase política de todos los partidos.
Ante las protestas y el enorme estrangulamiento de carreteras en el país, el gobierno federal aceptó una mesa de negociaciones con los dirigentes maiceros. En la reunión del lunes el gobierno les propuso un pago base de 5 mil 200 pesos por tonelada (que pagarían las empresas acaparadoras) y un apoyo gubernamental de 850 pesos para un total de 6 mil 050 pesos por tonelada. Los maiceros rechazaron la oferta e insisten en un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada. Pero el problema persistirá más adelante sino no se rompe la estructura de mercado monopolizada en unas pocas empresas que se benefician del trabajo de las familias campesinas.
Cortesía de El Informador
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