
Malí, Burkina Faso y Níger, países de África occidental liderados por militares, han anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), denunciándola como “una herramienta de represión neocolonial.”
El anuncio, en un comunicado conjunto publicado el lunes, es el ejemplo de agitación diplomática en la región del Sahel de África occidental tras ocho golpes de Estado entre 2020 y 2023.
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Los tres países, gobernados por fuerzas militares, ya se han separado del bloque regional de África occidental CEDEAO y han formado un organismo conocido como Alianza de Estados del Sahel. También han frenado la cooperación en materia de defensa con las potencias occidentales y han buscado lazos más estrechos con Rusia.
Malí, Burkina Faso y Níger son miembros de la CPI, con sede en La Haya, desde hace más de dos décadas. Pero en su comunicado afirmaron que consideraban que el tribunal era incapaz de enjuiciar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión y genocidio. En la declaración no se especificaron ejemplos de los casos en que los países creían que la CPI había fallado.
Los tres países luchan contra grupos milicianos islamistas que controlan grandes extensiones de territorio y han perpetrado frecuentes ataques contra instalaciones militares este año.
Human Rights Watch y otros grupos han acusado a los milicianos, así como a los ejércitos y fuerzas asociadas de Burkina Faso y Malí, de posibles crímenes atroces.
En abril, expertos de Naciones Unidas afirmaron que la presunta ejecución sumaria de varias decenas de civiles por parte de las fuerzas malienses podría constituir crímenes de guerra.
La CPI tiene abierta una investigación en Malí desde 2013 por presuntos crímenes de guerra cometidos principalmente en las regiones septentrionales de Gao, Tombuctú y Kidal, que habían caído bajo control miliciano.
Ese mismo año, Francia intervino para hacer retroceder a los insurgentes.
La investigación sobre Malí se abrió a raíz de una remisión del Gobierno de entonces.
Cortesía de El Economista
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