“Mando a mi hijo a la escuela con una copia del pasaporte en la mochila y un contacto de emergencia por si me deportan”

“Si los deportan, ¿qué va a pasar con mi hermanito y conmigo? ¿Me voy a quedar sola a cargo de él?”.

Angustiados por las preguntas de su hija adolescente, Marisela y Mario* decidieron acudir aquel sábado de finales de noviembre a una jornada de asesoría gratuita organizada por una asociación en defensa de los migrantes en una escuela secundaria del centro de Los Ángeles.

Hacía apenas dos semanas que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales, con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”.

Y ellos, aunque hace casi dos décadas que llegaron de Guatemala, siguen siendo indocumentados, por lo que esperaban que los abogados les ofrecieran alguna vía para obtener la residencia legal.

En lugar de ello, salieron de la Roosevelt High School con una idea clara: lo más urgente era dejar todo atado para que sus hijos, ciudadanos estadounidenses por nacimiento, no terminaran bajo custodia estatal en caso de ser ellos detenidos y expulsados del país.

Hace ya cuatro meses de aquello, y Marisela asegura que lo tienen todo listo. “Armamos una carpeta con documentos, y ya no mando a mi hijo a la escuela sin una copia del pasaporte en la mochila o un contacto de emergencia”, le dice por teléfono a BBC Mundo.

Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.

“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dice a BBC Mundo Kristina Lovato, la directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California, Berkeley.

Se encontró con que las redadas migratorias condujeron a cambios en la estructura familiar, pasando por lo general de ser hogares biparentales y de dos ingresos a familias en su mayoría encabezadas por mujeres tras la repatriación del marido; aunque también entrevistó a menores que terminaron viviendo con la familia extendida o en casas de acogida.

Y entre los casos halló desde inseguridad financiera y dificultad para acceder a vivienda estable, pasando por abandono escolar, miedo a acudir a servicios de salud y la pérdida de vida social, hasta trauma, ansiedad y depresión.

Ahora, con el republicano de nuevo en la Casa Blanca, el panorama se ha agravado “drásticamente”, advierte la experta.

“Desde (que Trump asumiera el cargo de presidente en) enero, la nueva administración ha dado un gran giro a las políticas de inmigración” y la población en riesgo de detención y deportación es mayor, subraya.

Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares con situaciones migratorias mixtas en EE.UU.; cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.

Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no tiene papeles.

A eso hay que sumarle los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS); “programas que están hoy amenazados”, advierte Lovato.

“Así como los más de 300.000 menores que son ellos mismos indocumentados”, prosigue la especialista.

Los expertos subrayan que no hay un plan que sirva para todos los casos y que cada quien debe buscar asistencia legal, averiguar qué avenidas tiene abiertas para la regularización e informarse para poder hacer valer los derechos constitucionales ante un agente de inmigración.

Todos ellos podrían cruzarse con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o ser el objetivo de operaciones que se están reportando por todo el país.

“Hay nuevas órdenes ejecutivas para ampliar el número de agentes migratorios y de la Patrulla Fronteriza, y se ha expandido la capacidad de colaboración de las agencias federales y la policía local”, desgrana los cambios Lovato.

A ello le agrega los intentos de la administración Trump de retirar fondos federales a “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.

Y menciona la polémica ley Laken Riley, la primera firmada por Trump desde que iniciara el mandato y que abre la puerta a que una acusación de hurto o robo contra un inmigrante indocumentado sea motivo de arresto e incluso deportación.

El nuevo gobierno también expandió el alcance de las deportaciones expeditas o aceleradas, un procedimiento antes destinado a personas detenidas a una distancia máxima de 100 millas de la frontera y que llevaran menos de dos semanas en EE.UU.

Desde enero es aplicable en todo el territorio nacional y a inmigrantes que no puedan probar que llevan más de dos años residiendo en el país.

Además, según un memorando interno obtenido y publicado recientemente por la agencia Reuters, los agentes de inmigración recibieron instrucciones para localizar y expulsar en cuatro fases a miles de niños migrantes que entraron al país sin sus padres.

En 2024 más de 99.400 de los llamados menores migrantes no acompañados fueron dejados en manos de tutores legales, según datos de la Administración para Niños y Familias (ACF), una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El anterior año fiscal la cifra superó los 113.000.

“Y hay otra serie de órdenes ejecutivas, como la ridículamente titulada ‘Poniendo fin al subsidio público de las fronteras abiertas’, que en realidad no cambian nada pero genera un montón de confusión y miedo en torno a los servicios disponibles para los individuos indocumentados”, resume.

En el último mes, según datos federales, el gobierno ha llevado a cabo 23.000 detenciones, notablemente más que durante la presidencia de Joe Biden, aunque la cifra diaria ha disminuido con respecto a los primeros días después de que Trump asumiera el cargo.

Y las expulsiones no han seguido el ritmo de los arrestos, lo que ha hecho que los migrantes se acumulen en los centros de detención del ICE.

Según confesó Thomas D. Homan -nombrado como”zar de la frontera” y al frente de las operaciones de deportación- a The New York Times, Trump le habría pedido aumentar las detenciones.

“Cuanto más dinero tengamos, más éxito obtendremos”, contestó Homan, haciendo referencia a los fondos reducidos del ICE para ello, lo que ha dejado a muchos preguntándose cuál será el siguiente grupo afectado.

Pero el hecho de crear políticas migratorias más draconianas ha llevado a una mayor concienciación, organización y preparación, advierten los expertos.

“Hay un mejor trabajo en el terreno, por parte de organizaciones en defensa de los migrantes, centros comunitarios, escuelas e iglesias, que están colaborando para promover un sentido de comunidad y pertenencia y proveer de apoyo y asistencia a las familias que están, realmente, muy asustadas”, dice Lovato.

“Está circulando mucha desinformación”, confirma a BBC Mundo Andrés Martínez, profesor de un instituto de Boyle Heights, un barrio histórica y predominantemente latino de Los Ángeles.

“Y los estudiantes empezaron a preguntarnos qué va a pasar con sus padres y tutores, si estarán bien, si podrán ir a la universidad”, continúa Martínez, quien da clases de inglés a recién llegados al país.

Ante ello, grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan semanas ofreciendo talleres y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.

También reparten la “tarjeta roja”, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.

Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos, y para recordar a las familias que no están obligadas a dejar pasar a los agentes si estos no traen una orden judicial.

Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.

“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo el “zar de la frontera” Homan.

Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.

“Las familias están consultando a las organizaciones y expertos legales sobre la documentación que deben tener lista, están haciendo que los hijos porten copias de su estatus legal en sus mochilas, están firmando autorizaciones, nombrando a quienes se harán cargo de los menores en caso de que ellos no estén e informando de lo planeado a todos los miembros”, dice Lovato.

E insiste en la importancia de comunicar el plan a todos los miembros, sin excepción. “Es vital decirles a los niños: ‘Mira, si algo pasa, esta es la persona que se encargará de cuidarte'”, subraya.

Marisela y Mario firmaron una declaración jurada de autorización de cuidador y, con ello, será una prima lejana que cuenta con residencia permanente (la llamada green card) quien podrá tomar decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos si ellos son expulsados del país.

Además, están valorando una tutoría legal, un acuerdo más formal.

“Porque lo que más nos preocupa es que a nosotros nos manden de vuelta y nuestros hijos se los lleven a un albergue” y queden bajo custodia estatal.

“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dice a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.

“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia.

“Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explica.

“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanja.

*Nombres ficticios para proteger su identidad.

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