Bajo las consignas de “¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!”, “Juventud sin casa, sistema que fracasa” y “La vivienda es un derecho, no un privilegio”, casi medio millar de personas conformaron la primera marcha contra la gentrificación y el despojo en Guadalajara, convocada por el Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio.
Después de dos meses de discutir y debatir en asambleas con representantes de diversos colectivos, el pasado sábado salieron desde el Parque Morelos hasta el Andador Escorza, renombrado como Andador Palestina Libre. A diferencia de otras manifestaciones que usualmente terminan frente a las sedes de los poderes públicos (Ejecutivo o Congreso del Estado), esta manifestación decidió deliberadamente no acudir a estos palacios. Así lo expresaron en el mitin al final de la marcha: “Hoy no marchamos hacia los edificios vacíos del Estado, porque sabemos que sus instituciones están podridas desde la raíz. No creemos en burócratas asalariados que se visten de pueblo, pero actúan como puercos al servicio del capital”.
Como lo dice su nombre, los integrantes de este frente decidieron organizarse para protestar en contra de los procesos de gentrificación y el despojo del territorio que impide el derecho a una vivienda digna para la mayoría de la población, especialmente a la más joven.
Si bien hace unos años la palabra gentrificación era un tanto desconocida en el debate público (aunque circulaba en el debate académico), ahora todo mundo entiende que este concepto trata de explicar los procesos económicos y sociales que generan el desplazamiento de la población más pobre de los territorios con mejores servicios en las ciudades. Estos procesos se explican por una política de vivienda que es dejada a la mano del mercado, lo que termina por encarecer la compra o renta de viviendas.
Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el promedio de las viviendas nuevas en la zona metropolitana de Guadalajara es de 3.7 millones de pesos y las rentas más caras fluctúan entre 50 mil y 70 mil pesos, mientras que las más baratas entre 5,800 y 8,800 pesos. No está de más recordar que el salario mínimo mensual es de 8,364 pesos.
Estas condiciones sociales y de mercado -salarios bajos y vivienda cara- producen que en los hechos se niegue el derecho a la vivienda a la mayoría de la población. Estas condiciones se agravan porque, en la práctica, los gobiernos -el Estado- han renunciado a elaborar una política pública regulada y orientada realmente a la satisfacción del derecho a la vivienda digna. Para ello, tendrían que regular a las empresas inmobiliarias y el acceso al territorio, garantizando el acceso a las zonas con mejores servicios a todos los sectores de la población y no concentrados solo en los sectores de altos ingresos. Es oportuno recordar aquí que las empresas inmobiliarias son uno de los principales donantes para partidos y candidatos en las campañas electorales.
El Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio presentó un pliego de diez puntos orientado hacia una política pública que garantice el derecho a la vivienda digna. Entre los puntos destacan: precio de la renta vinculada al salario; acceso libre, indiscriminado y seguro a vivienda para todas las personas; paralización inmediata de los desalojos; reducción de las tasas de interés hipotecarias; asignación o aportación de tierra o terrenos a cooperativas que gestionen colectivamente la autoconstrucción de vivienda; un parque de vivienda social; reordenación territorial y planificación urbana; y regulación de los negocios a través de la plataforma Airbnb.
En su mensaje, los integrantes del frente contra la gentrificación relacionaron este problema con el despojo y una política orientada a los “contraterritorios”, es decir, los que no propician una vida digna: “Es precisamente frente a estas realidades de despojo, violencia y mercantilización de la vivienda y el territorio que se decide conformar el Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Somos una organización nacida desde la indignación y la conciencia de quienes habitamos esta ciudad y nos negamos a ser expulsados de ella. Somos trabajadoras, trabajadores, jóvenes, estudiantes, familias enteras que sabemos que la vivienda es un derecho y no un privilegio. Nos manifestamos hoy porque no aceptamos que la Zona Metropolitana de Guadalajara, Chapala y buena parte de Jalisco sean convertidos en escaparates para el turismo y la especulación inmobiliaria, mientras cientos de miles de personas son condenadas al desarraigo. Salimos a las calles para defender lo más básico: el derecho humano fundamental a tener una vivienda digna”.
Cortesía de El Informador
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