La diputada federal suplente, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una demanda de juicio político contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco.
El hoy coordinador de la fracción legislativa de Morena en el Senado de la República fue gobernador constitucional de Tabasco del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021, cuando solicitó licencia al cargo para desempeñarse como secretario de Gobernación, cargo en el que permaneció del 26 de agosto de 2021 al 16 de junio de 2023. El 1 de septiembre de 2024 asumió el puesto de senador de la República. Actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política de esa cámara.
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La demanda presentada este lunes, en calidad de ciudadana, por la legisladora del PAN, plantea que López Hernández presuntamente incurrió en tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, al mantener vínculos con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su administración como gobernador y quien es acusado de ser el líder de la organización criminal conocida como La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre pasado en Asunción, Paraguay, luego de que el gobierno de ese país determinó que debería abandonar la nación por haber ingresado de manera ilegal. El gobierno mexicano, quien lo acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, envió una aeronave para trasladarlo a México y una vez en territorio nacional fue internado en la cárcel de alta seguridad El Altiplano, en el Estado de México.
Pérez-Jaén Zermeño solicitó la destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura de los procesos penales correspondientes, en caso de que los haya.
La demandante presentó como respaldo lo que dijo son informes oficiales de inteligencia militar obtenidos como producto de hackeo y filtración de documentos provenientes del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya, así como notas periodísticas que señalan a López Hernández de haber permitido, encubierto y beneficiado redes criminales en Tabasco, particularmente a la organización delictiva La Barredora, que era liderada por Hernán Bermúdez Requena.
Según esos documentos, mientras López Hernández ocupaba la gubernatura de Tabasco, reportes de inteligencia militar, fechados el 2, 22 y 25 de febrero de 2021, así como el 22 de marzo del mismo año, habrían advertido al gobierno federal sobre las actividades delictivas del entonces secretario de seguridad, Bermúdez Requena y de La Barredora.
La demandante recuerda que el hoy senador de la República sostuvo, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el pasado 21 de julio pasado, haber tenido conocimiento de las actividades delictivas de Bermúdez y La Barredora hasta el 29 de septiembre de 2022, cuando se revelaron los informes de inteligencia militar hackeados por Guacamaya.
“A pesar de eso, y suponiendo que se enteró hasta el 2022, no se tomaron medidas para que fuera investigado y, eventualmente, separado de su cargo, posibilitando frenar con ello sus operaciones delictivas, mismas que incluían robo, extracción y comercialización ilícita de combustibles, extorsión, y narcomenudeo en la región, agravando con ello su responsabilidad”.
Adjunta informes de inteligencia
La demandante señala que un informe de inteligencia militar generado el 2 de febrero de 2021, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), menciona el posible involucramiento de autoridades del estado de Tabasco en actividades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada, así como la investigación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, Hernán Bermúdez Requena, por actividades delictivas.
Otro informe de inteligencia militar, generado por el CERFI, fechado el 22 de febrero de 2021, mencionado en la demanda, establece el probable robo ilícito de hidrocarburos por parte de integrantes de la delincuencia organizada que operaban en el estado de Tabasco.
Además, cita que informes de inteligencia militar, fechados el 25 de febrero de 2021, seis meses antes de que López Hernández tomara posesión como secretario de Gobernación, revelan la relación de complicidad entre el grupo delictivo Los Panteras y el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de dicha organización criminal, llevando a cabo actividades criminales en los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco.
También puso a consideración de los legisladores que atenderán la demanda que informes de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el colectivo Guacamaya, revelan que el 22 de marzo de 2021, cinco meses antes de que el senador Adán Augusto López Hernández asumiera el cargo como secretario de Gobernación, el 26 de agosto de 2021, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador habría dado la orden de investigar las actividades ilícitas del Hernán Bermúdez Requena, encontrándose Adán Augusto López Hernández aún en funciones como gobernador de dicha entidad, cargo desde el cual coordinara las mesas de seguridad semanales en donde rindieran informes las autoridades de seguridad municipales, estatales, Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), contando con un organigrama, exponiendo la red de vínculos de la organización criminal La Barredora, en la cual figura como su líder el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
De acuerdo con la ley, la responsabilidad política se constituye cuando el servidor público, específicamente, aquel cuya función tiene trascendencia en el colectivo y por su evidente nivel jerárquico superior, en el ejercicio de sus actividades incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Esta responsabilidad se determina mediante el Juicio Político, que consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano, a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos.
Cortesía de El Economista
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