México busca aumentar el acceso y uso de productos financieros, reducir el predominio del efectivo y expandir el crédito a empresas y hogares, de acuerdo con la recién presentada Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 (PNIF). Sin embargo, especialistas y organismos internacionales coinciden en que sin interoperabilidad plena entre sistemas —pagos, ahorro, crédito, y remesas— la inclusión financiera difícilmente será efectiva.
En otras palabras, México puede abrir más cuentas, pero eso no significa que las personas las usen o que puedan mover su dinero entre servicios sin fricción.
Según Interledger Foundation, México cuenta con una infraestructura sólida —pagos en tiempo real, ecosistema fintech, penetración móvil creciente—, pero la falta de estándares abiertos y conexiones reales entre plataformas provoca que muchos usuarios terminen regresando al efectivo.
Esto ocurre cuando un pago digital no se integra a otros servicios, cuando una remesa no puede convertirse fácilmente en ahorro o crédito, o cuando un pequeño comercio necesita múltiples apps y credenciales que no “se hablan” entre sí.
“La infraestructura central por sí sola no es suficiente si no se atienden tres cuellos de botella, tales como conectividad rural, costos y usabilidad para pequeños comercios, y la interoperabilidad entre sistemas”, señala Briana Marbury, CEO de Interledger.
La PNIF reconoce la importancia de la interoperabilidad, pero no detalla un plan operativo para construirla. Aunque habla de estándares abiertos y de promover pagos digitales, no establece un cronograma específico de implementación, una arquitectura nacional de rieles abiertos ni una estrategia para evitar la creación de nuevos silos digitales, es decir, servicios financieros aislados, cada uno con sus propias reglas, su propia app y su propia información.
De hecho, el éxito de Pix en Brasil se explica en gran parte porque el banco central creó una infraestructura única y obligatoria para todos los bancos y apps, evitando que cada quien operara por su lado. Esa red común impidió la formación de “silos” y permitió que cualquier usuario pudiera enviar y recibir dinero al instante sin importar la plataforma, acelerando la adopción masiva y la disminución del uso de efectivo.
Y esto importa porque, sin esa capa común, el sistema financiero se sigue fragmentando, a decir de los especialistas, pues cada actor desarrolla su propia solución, pero el usuario final sigue teniendo que saltar de un ecosistema a otro.
A diferencia de otros países de la región, México sigue rezagado en pagos digitales y la mayoría de las transacciones cotidianas todavía se realizan en efectivo, una proporción mucho mayor que en Brasil, donde el sistema Pix ya es el método preferido y las transacciones digitales dominan el día a día. Mientras Brasil lleva una década de ventaja en digitalización y conectividad de servicios, en México herramientas como CoDi o DiMo no han logrado desplazar al efectivo ni acelerar la adopción de pagos electrónicos de forma significativa.
Ley Fintech y SPEI 2.0 caminan en esa dirección
Ante esta crítica, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) —uno de los órganos sectoriales que participan en la implementación de la PNIF— reconoce el reto, pero subraya que el país “sí cuenta con bases sólidas” y que la regulación de APIs estandarizadas derivada de la Ley Fintech y la evolución hacia SPEI 2.0, diseñada para fortalecer rieles abiertos y estándares comunes, constituyen los cimientos de esa interoperabilidad.
Aunque la PNIF no incluye un cronograma técnico, Unifimex afirma que existen mecanismos de coordinación entre CNBV, Banxico y Hacienda donde se ajustan normas y se integran opiniones técnicas de bancos y fintech. “Nuestro objetivo es contribuir a una interoperabilidad que funcione para instituciones de todos los tamaños”, señaló la organización en respuesta a Expansión.
La entidad también reconoce que el riesgo de crear “islas digitales” es real si los servicios financieros no se comunican entre sí. Por ello, afirma que la PNIF promueve elementos centrales como portabilidad, estandarización de datos y neutralidad tecnológica, mientras que SPEI 2.0 será la pieza clave para conectar pagos digitales entre distintas plataformas.
El tema, dicen, forma parte de la agenda activa del Comité de Normatividad y Regulación de Unifimex, que analiza junto a bancos medianos, grandes y fintech cómo evitar una fragmentación que termine desincentivando el uso de canales digitales.
Cinco apps, para cinco cosas distintas… no funciona
Luis Hernández Rangel, CEO de Actinver, insiste en que la digitalización solo generará inclusión real si los servicios que hoy están dispersos —pagos, transferencias, inversiones, ahorro, seguros— pueden conectarse bajo reglas comunes.
“Si el usuario tiene que usar cinco aplicaciones para cinco necesidades distintas, no va a usar ninguna; la interoperabilidad no solo es técnica, es experiencia de usuario y competencia efectiva”, explicó el ejecutivo durante la premiación del Reto Actinver, un concurso de trading donde cada participante simula invertir en acciones, con un millón de pesos virtual.
Hernández Rangel también señaló que SPEI 2.0 y la regulación de APIs abren una oportunidad histórica para democratizar productos de inversión y ahorro, siempre y cuando la capa de infraestructura se diseñe como un bien público digital y no como un conjunto de soluciones cerradas, como hasta el momento.
Cortesía de Expansión
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