Más de 60 países firmaron este sábado en Vietnam un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia, a pesar de la oposición de un grupo de empresas tecnológicas y organizaciones de derechos humanos que advierten del aumento de la vigilancia estatal.
El nuevo marco jurídico mundial tiene por objeto reforzar la cooperación internacional para luchar contra los delitos digitales, desde la pornografía infantil hasta las estafas cibernéticas transnacionales y el lavado de dinero.
El acuerdo entrará en vigor una vez que sea ratificado por los Estados que lo rubricaron este sábado.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la firma como un “hito importante”, pero señaló que era “solo el comienzo”.
“Cada día, estafas sofisticadas destruyen familias, roban a migrantes y drenan miles de millones de dólares de nuestra economía… Necesitamos una respuesta global fuerte y conectada”, dijo en la ceremonia de apertura celebrada en Hanói, la capital vietnamita.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia fue propuesta por primera vez por diplomáticos rusos en 2017 y aprobada por consenso el año pasado tras largas negociaciones.
Críticos afirman que su lenguaje amplio podría dar lugar a abusos de poder y permitir la represión transfronteriza de los detractores a los gobiernos.
“A lo largo de la negociación del tratado se plantearon múltiples preocupaciones sobre cómo acabará obligando a las empresas a compartir datos”, afirmó Sabhanaz Rashid Diya, fundadora del grupo de expertos Tech Global Institute.
“Es casi como dar el visto bueno a una práctica muy problemática que se ha utilizado contra periodistas y en países autoritarios”, dijo a la AFP.
Salvaguardias “débiles”
El gobierno de Vietnam afirmó esta semana que 60 países se habían inscrito para la firma oficial, sin revelar cuáles. Pero es probable que la lista no se limite a Rusia, China y sus aliados.
“La ciberdelincuencia es un problema real en todo el mundo“, afirmó Diya. “Creo que todo el mundo está lidiando con ello”.
La industria de las estafas en línea, por ejemplo, se ha disparado en los últimos años en el sudeste asiático, con miles de delincuentes involucrados y víctimas en todo el mundo a las que se les ha robado miles de millones.
“Incluso los Estados más democráticos necesitan cierto grado de acceso a datos que no obtienen con los mecanismos existentes”, añadió la experta del Tech Global Institute.
Los países democráticos podrían describir la convención de la ONU como un “documento de compromiso”, ya que contiene algunas disposiciones sobre derechos humanos, añadió.
Sin embargo, estas salvaguardias fueron tachadas de “débiles” en una carta firmada por más de una docena de grupos de derechos humanos y otras organizaciones.
Sector tecnológico
Las grandes empresas tecnológicas también han expresado su preocupación.
La delegación del Acuerdo Tecnológico sobre Ciberseguridad en las negociaciones del tratado, que representa a más de 160 empresas, entre ellas Meta, Dell e Infosys de la India, no se hizo presente en Hanói, declaró su jefe, Nick Ashton-Hart.
Entre otras objeciones, esas empresas advirtieron anteriormente que la convención podría criminalizar a los investigadores en materia de ciberseguridad y “permitir a los Estados cooperar en casi cualquier acto delictivo que elijan”.
El posible exceso de poder de las autoridades supone “graves riesgos para los sistemas informáticos corporativos de los que dependen miles de millones de personas cada día”, afirmaron durante el proceso de negociación.
Por el contrario, un acuerdo internacional ya existente, el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, incluye directrices para utilizarlo de forma “respetuosa con los derechos”, según Ashton-Hart.
El lugar elegido para la firma también ha suscitado recelos, dado el historial de represión de la disidencia en Vietnam.
“Las autoridades vietnamitas suelen utilizar las leyes para censurar y silenciar cualquier expresión en línea de opiniones críticas con los dirigentes políticos del país”, afirmó Deborah Brown, de Human Rights Watch.
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Cortesía de El Economista
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