El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 consolida una tendencia que no sólo golpea a las instituciones culturales y los medios públicos en México, sino que refleja un fenómeno internacional: las alternativas públicas de radiodifusión están en retroceso presupuestario y político.
El Paquete Económico para 2026 muestra recortes o aumentos mínimos en partidas que sostienen canales y emisoras históricas (Canal 22, Canal Once, IMER, Radio Educación) y deja a estas instituciones al borde de una precariedad operativa permanente.
La tabla que acompaña el análisis presupuestal exhibe números elocuentes. Canal 22 ve su asignación caer a 139.8 millones de pesos para 2026; Canal Once disminuye hasta 551.3 millones; el IMER mantiene cifras cercanas a 191.3 mdp; Radio Educación aparece con 87.5 millones para 2026. Estos recursos distan de lo necesario para sostener programación cultural, investigación, producción local y mantenimiento de infraestructura.
Este problema no es exclusivo de México. En Reino Unido la emblemática BBC atraviesa otra crisis de confianza y presupuestal. Han sido décadas de reducción real en su presupuesto, recortes de personal y un debate constante sobre su modelo de financiamiento que la coloca en tensión con el gobierno y la opinión pública que subsidia la BBC vía un canon que paga cada hogar por ver la televisión. Han ocurrido renuncias de directores, despidos, pérdida de ingresos por licencias y la necesidad de redefinir su rol público.
En España, RTVE permanentemente cambia sus políticas y tiene que justificar menores partidas ante el Parlamento, con la dirección corporativa defendiendo recortes y ajustes de gasto operativo.
En Estados Unidos la embestida ha sido aún más directa con Trump. Durante 2025 el debate sobre la financiación federal a través de la Corporation for Public Broadcasting (CPB) desembocó en recortes abruptos y demandas judiciales de las propias cadenas públicas para proteger su financiamiento. La eliminación de fondos federales y las presiones políticas han puesto en riesgo a numerosas emisoras locales y su capacidad de cubrir asuntos públicos, educación y servicios de emergencia.
¿Qué une estos recortes internacionales y la situación en México? Dos hechos convergentes: una menor prioridad fiscal para lo público y una narrativa política que exhibe los medios públicos (tanto si son críticos al gobierno como sus propagandistas) como prescindibles o sesgados.
En México, la situación entra en un nuevo contexto por la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) bajo la órbita de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo cual modifica el marco regulatorio.
Queda la incógnita de si la CRT será más vigilante de las obligaciones de los medios públicos en términos de derechos de las audiencias o independencia editorial o si optará por “mejor no meterse” con las políticas y líneas editoriales gubernamentales, dejándolos irrelevantes frente a la radiodifusión privada.
La débil asignación financiera a los medios públicos en 2025 y 2026 (primer y segundo años de la administración de Claudia Sheinbaum), en algunos casos aparece en la serie histórica como dos de los ejercicios con menor asignación durante la llamada Cuarta Transformación.
Los montos del presupuesto sugieren que los incrementos sólo alcanzaron a empatar la inflación o, en otros, retroceder en términos reales. El resultado es menos capacidad para producir contenidos de calidad, menos investigación y menor capacidad política para defender su independencia editorial ante el gobierno y la Secretaría de Hacienda.
Un punto clave es la percepción pública de que estos medios no han logrado desprenderse del estigma de que son medios gobiernistas, oficialistas, facciosos o propagandistas. Esa sombra deformante del derecho a la información y la libertad de expresión anula su credibilidad como plataformas independientes de interés público.
No es lo mismo sostener un proyecto público que propaganda gubernamental. ¿Para qué darles más presupuesto a quienes usan estos espacios como altavoz del gobierno? Hacer propaganda cuesta poco porque no requiere investigación, ni creatividad prolongada, ni innovación. La genuina inversión es producir contenidos originales, profundos, investigativos y atrevidos que obliguen a pensar a la ciudadanía. La creatividad, la originalidad y la investigación periodística requieren inversión. Producir propaganda es un gasto de corto alcance.
Esa pérdida de relevancia tiene consecuencias como menos producción cultural de calidad, menos espacios para la diversidad de opiniones y puntos de vista, menos periodismo de servicio público y menos capacidad para atender coberturas nacionales e internacionales.
La gran asignatura pendiente es convertir esos medios en plataformas de la libertad de expresión realmente públicas. Independientes en gestión editorial, con financiamiento sostenido por ley y con mecanismos genuinos de rendición de cuentas y participación ciudadana.
Un país que reduce el apoyo a sus medios públicos renuncia a un instrumento de cohesión cultural, pluralidad informativa y servicio público. Si la tendencia global se profundiza (como ocurre con las crisis de la BBC, RTVE y el sistema público estadounidense), la radiodifusión pública corre el riesgo de transformarse en un residuo simbólico: existirá en el papel, pero sin capacidad real para cumplir su función social.
Recuperar ese rol exige voluntad política, reglas de autonomía, financiamiento digno, exigencia ciudadana y, sobre todo, una apuesta por el talento, la creatividad y la investigación que no se compra con propaganda.
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Cortesía de El Economista
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