Con la novedad de que los estudios previos y los proyectos ejecutivos importan cuando se trata de hacer obra pública. No, no son caprichos tecnócratas o neoliberales, son herramientas para asegurar que la inversión tenga el mejor retorno social posible.
Todos los políticos tienen ideas, y un séquito de colaboradores dispuestos a decirles que las suyas son las mejores. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, que los Gobiernos morenistas presumen como un dechado de eficiencia y honestidad, son los mejores ejemplos de obras hechas a base de ocurrencias presidenciales y aplausos zalameros.
Vamos a dejar de lado la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Vamos a suponer que efectivamente era una mala idea y un nido de corrupción. La pregunta es dónde está el proyecto ejecutivo que dijo que el mejor lugar para construir un nuevo aeropuerto en la ciudad de México era Santa Lucía, a 35 kilómetros del Centro de la ciudad en un lugar sin comunicaciones. Dice el refrán que tontería es la primera decisión, lo demás son consecuencias. La decisión de hacer el aeropuerto en medio de la nada, simplemente porque ya estaba la pista de la base aérea, generó muy poca respuesta de los usuarios y nulo entusiasmo de las líneas aéreas.
Para que funcionara se tuvo que tomar una serie de decisiones arbitrarias, como obligar a la carga aérea a salir del aeropuerto Benito Juárez contraviniendo convenios internacionales previamente firmados y que hoy tienen como consecuencia otra decisión unilateral, ahora de Estados Unidos, como represalia. No hubo un solo estudio o proyecto ejecutivo para trasladar la carga de forma paulatina, en acuerdo con las empresas. Fueron reacciones de pánico tomadas ante una realidad que no se acomodaba a los deseos presidenciales. Hoy otros, líneas aéreas y usuarios, pagan por el capricho.
El Tren Maya se hizo contra viento y marea, pasando por encima de cualquier consideración ecológica porque, decían, era fundamental para la comunicación de la Península de Yucatán. Se hizo sobre la marcha, haciendo los trazos de acuerdo con lo que ya existía y respondiendo a lo que se iba presentando. No hubo estudios de suelo ni de impacto ambiental, tampoco de origen y destino. Resulta que a los habitantes de la región el tren no les resolvió su problema de comunicación porque, entre otras cosas, nadie les preguntó cuáles eran sus necesidades. El presidente decidió arbitrariamente -como parte de esos ahorros mal entendidos- que el Tren no entrara a las ciudades de Campeche y Mérida. Hoy, para remediar esas decisiones tomadas desde el Olimpo del poder y aplaudidas por colaboradores abyectos el nuevo Gobierno está obsesionados en reconvertir el Tren de pasajeros a carga y promoviendo descuentos.
¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias?, ¿Cuál es el costo para el país de esas decisiones? Esa y no rollos en las Mañaneras es la verdadera transparencia, la que nunca hemos tenido, pero que hoy está más lejos que nunca.
Cortesía de El Informador
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