En toda democracia, la libertad de expresión constituye uno de los pilares que sostienen la convivencia política. Es el derecho que permite disentir, cuestionar, criticar y, también, reírse del poder. Por eso las caricaturas políticas y los memes —formas contemporáneas de sátira— no son simples bromas: son vehículos de crítica ciudadana. Sin embargo, una reciente propuesta legislativa en México ha encendido las alarmas, pues busca sancionar penalmente la difusión de expresiones consideradas “degradantes” hacia funcionarios públicos, incluyendo imágenes de las llamadas “memes” o “stickers” difundidos en redes sociales. Ante ello debemos preguntarnos si ¿Puede un país democrático castigar el humor político sin traicionar la libertad que dice proteger?
Vayamos por partes. Nuestra Constitución consagra el derecho a la libre expresión y prohíbe abiertamente la censura previa. Por su parte, las limitaciones a este derecho sólo pueden imponerse después de que el discurso sea emitido (a posteriori), y deben ser proporcionales, necesarias y redactadas claramente en la ley pues así se contempla tanto en los estándares nacionales como internacionales que protegen la libertad de expresión. México, además, ha asumido compromisos internacionales que amplían esta protección y en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los funcionarios públicos, por su posición de poder, deben tener un “mayor umbral de tolerancia” frente a la crítica, incluso cuando ésta sea ácida, exagerada o satírica. Así, el humor político, por incómodo que resulte, se encuentra dentro del ámbito protegido de la libertad de expresión.
La propuesta legislativa que busca sancionar el uso de imágenes o expresiones como pueden ser los llamados “memes” o “stickers” hacia servidores públicos plantea varios riesgos. Primero, el de la censura anticipada. Si los ciudadanos temen sanciones por hacer un meme o compartir una caricatura, la consecuencia inmediata será la autocensura: dejarán de opinar, por miedo. Segundo, el de la gravedad en la sanción. Es claro que en el ámbito privado la propuesta reviste una importancia capital, pero al referir que las penas se duplican cuando se trate de servidores públicos, nos lleva a considerar una normativa desproporcionada y que afecta directamente a la libertad de expresión en el ámbito de lo público. Tercero, el de la selectividad política: estas leyes podrían usarse como herramientas para castigar a críticos o periodistas incómodos, en lugar de proteger el honor o la privacidad de las personas.
No es la primera vez que se intenta legislar en este sentido. En años recientes, se han reformado los códigos penales para incluir figuras ambiguas como “difusión digital indebida” o “ciberacoso”, susceptibles de ser usadas contra la crítica en redes. Aunque la intención pueda ser proteger la dignidad personal o evitar abusos, el efecto práctico puede ser el opuesto: restringir el debate público.
Conviene recordar que la crítica política —incluso la mordaz o burlesca— cumple una función social y democrática. Las caricaturas han acompañado la historia de la libertad. Desde las sátiras de José Guadalupe Posada hasta los memes que circulan hoy en X o
Facebook, la risa se convierte en una forma de resistencia, una manera de decirle al poder que no es intocable. Las democracias maduras entienden que la ironía no debilita a las instituciones; las fortalece, porque revela que el poder puede ser cuestionado sin miedo.
Por supuesto, la libertad de expresión no es absoluta. Existen límites legítimos: la protección del honor, la vida privada y la seguridad nacional, entre otros. Pero las restricciones deben ser claras, necesarias y proporcionales. No todo lo ofensivo es ilegal, y no toda crítica constituye difamación o calumnia. La diferencia está en el daño real que se cause, no en la incomodidad que provoque. En otras palabras, la libertad de expresión abarca el discurso chocante, molesto, ofensivo o hiriente.
Es verdad que México necesita normas que protejan la dignidad humana, pero no leyes que silencien la sátira. La función del derecho no es blindar al poder contra el humor, sino garantizar que el poder soporte la crítica. Una sociedad que castiga la burla al político corre el riesgo de volver sagrada la figura del funcionario, y con ello, de debilitar la democracia. La irreverencia, bien entendida, es una muestra de salud cívica.
Por eso, ante cada intento de regular memes o caricaturas, es necesario insistir en la proporcionalidad y precisión de la ley. Que no se confunda la legítima protección de la honra con la censura del disenso. Que se preserve la posibilidad de reírnos de quienes gobiernan, porque ese gesto —el de la risa libre— es la prueba de que seguimos siendo ciudadanos y no súbditos.
Las democracias más sólidas no son las que castigan la crítica, sino las que la soportan con entereza. La libertad de expresión no se defiende solo con discursos, sino con la tolerancia diaria ante la burla y la discrepancia. Si alguna vez el poder se siente tentado a prohibir los memes o los stickers, bastaría recordarle que ningún gobierno ha caído por un chiste… pero muchos han comenzado a caer el día que dejaron de soportarlos.
*El autor es decano de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana. Catedrático de Derecho a la información. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
Cortesía de El Economista
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