Los resultados de la evaluación de la pobreza del INEGI son claros: la pobreza cayó sustancialmente entre 2018 y 2024; muy positivo por las familias cuya situación mejoró y también para el país.
Pero a largo plazo las consecuencias no son positivas. El abatimiento de la pobreza no es resultado de la salud de la economía, sino de decisiones político-administrativas. La principal causa es la mejoría de los ingresos laborales de los hogares, debido al enorme aumento del salario mínimo (SM), 110% en términos reales de 2018 a 2024.
Cabe mencionar que lo sucedido no prueba que el SM no impacta la inflación, como muchos lo afirman. En 2018 el SM era muy bajo, sólo cubría al 15.6% de los trabajadores y una reforma lo había desligado de muchos precios. Al principio era lógico que el aumento del SM no impactara la inflación. Pero hacia 2022 ya era percibido por el 30% y en 2024 por el 35%, cuando alcanzó el nivel real de 1983, año de inflación mayor al 100%.
Entre 2018 y 2024 el SM aumentó 180%, los costos laborales en alrededor de 60% y la inflación alcanzó 36.4%, la más alta para 6 años desde 2006. No me explico cómo muchos pueden afirmar que no hay relación alguna entre esas cifras.
Más importante es que la escalada del SM se dio mientras la productividad cayó. El indicador de productividad laboral del INEGI disminuyó más de 5% entre 2018 y 2024. Hay indicios de que la productividad cae en el sector formal y aumenta en el informal, lo que no sorprende: el incremento de los SM y costos laborales con menor productividad eleva el costo de la formalidad y nutre la informalidad. A su vez, reduce la productividad promedio de la economía, que es ampliamente reconocida como el problema endémico de la economía mexicana.
El otro factor que permitió bajar la pobreza son los programas sociales de transferencias en efectivo sin requisitos relevantes, cuyo costo en gasto público aumentó en casi 50% real de 2018 a 2024.
En este y otros espacios se ha insistido sobre los riesgos de sostenibilidad fiscal, que se agravaron entre 2018 y 2024 con el pronunciado incremento de los programas sociales. El aumento del gasto público fue significativo, 3 puntos porcentuales del PIB, concentrado en los programas sociales y energía, en mucho menor medida en salud y educación y cero en seguridad pública; funciones clave para la generación de capital humano, que es requisito fundamental para el crecimiento sostenible a largo plazo y el desarrollo de las personas.
En la evaluación de la pobreza multidimensional del INEGI, el rezago educativo y la carencia de salud empeoraron entre 2018 y 2024. El primero no toma en cuenta el deterioro ampliamente documentado de los servicios educativos. La carencia de servicios de salud más que se duplicó para llegar a 44.5 millones en 2024, a pesar del fuerte incremento en el gasto público en esta función.
¿Hasta dónde aguantará esta situación fiscal? Puede sostenerse por años si se sigue sacrificando la Salud, Educación y Seguridad públicas —además de la infraestructura— en detrimento del desarrollo y productividad a futuro, sin causar preocupaciones inmediatas a los mercados financieros, pero hundiendo al país en la mediocridad económica y social.
Cortesía de El Economista
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