El ocultamiento de las cosas es la marca de la casa del régimen obradorista. Minimizar los eventos de alto impacto, también. Normalizar la violencia es una táctica recurrente. Por eso, no extraña que imponer la narrativa de que el ataque al vehículo donde viajaba el martes la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue para robarla, haya sido la línea que marcó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sugirió que fue un intento de robo, aunque agregó que no se han descartado otras hipótesis. En robo se va a quedar, como lo ratificó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, Verónica Hernández, quien al dar su reporte diario sobre la violencia, dijo que no había más información sobre ese hecho que la informada en la víspera.
Casi 24 horas después de haberse efectuado, ¿no tenían nada? Entonces, la versión oficial del incidente con la nieta del gobernador señalado de estar vinculado al Cártel de Sinaloa -en guerra interna desde hace poco más de un año-, ¿significa que ni la autoridad estatal ni la federal tienen la más remota idea de lo que sucedió? No es así. El ataque fue investigado, y la versión pública esconde la verdad, porque es más fuerte de lo que puedan manejar.
Según la versión del gobierno de Sinaloa, interceptaron la camioneta, iban a despojar a sus ocupantes de ella, se dio una balacera y hay dos heridos, escoltas de la menor. La secuencia de hechos está llena de hoyos. ¿En qué sustentaron que iban a despojarlos de la camioneta? ¿Por qué brincaron de la intercepción a una balacera sin más? Si la camioneta tenía balazos por todos lados y dejó un saldo de dos heridos, ¿por qué no hay ningún dato sobre los atacantes? No son incompetentes; no quieren revelar el fondo detrás del ataque.
Es cierto que en los últimos meses de la guerra interna del cártel, el robo de vehículos ha aumentado de manera acelerada porque los recursos de las facciones en pugna, la mayiza y los chapitos, se han ido agotando, probablemente por el incremento de la calidad y letalidad del armamento que están utilizando en su lucha. Necesitan requisar vehículos, por lo que no se entiende que, si apoderarse de la camioneta era el objetivo, por qué la balacearon, como dice la versión oficial, y la dejaron inservible para sus fines inmediatos.
La prensa en Culiacán reportó que se dispararon armas de distintos calibres, pero la autoridad, tras los peritajes del incidente, selló la información. Es otro ocultamiento que esconde la verdad. No quieren que se ventile, en el contexto de un suceso que por su naturaleza atrapa la atención general, el trasfondo del ataque, ni el tipo de arsenal que están utilizando contra sus enemigos.
Como señala un experto, la potencia de sus pertrechos es superior a la que se utilizó en el culiacanazo en 2019, cuando doblegaron al Ejército, y a su armería han incorporado fusiles de asalto de .50 milímetros, que llaman “mata policías”, y armamento del Ejército que compraron o robaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No puede el gobierno federal admitir la gravedad que se está viviendo en Culiacán, donde se pelea también con drones, minas y coches-bomba, cuando el discurso presidencial es que la situación no es tan delicada como reflejan los medios la realidad. Tampoco puede aceptar de qué tamaño fue el desafío al Estado mexicano, que lleva a las inconsistencias de la versión y la cerrazón de información.
No se sabe si la camioneta donde viajaba la nieta de Rocha Moya estaba blindada o no. La hija del gobernador, presidenta del DIF estatal, suele moverse con discreción -como iba su hija- y sin un aparato de seguridad que llame la atención, pero en las condiciones que se viven en Culiacán y la delicada situación en la que se encuentra su padre, se puede argumentar que tendría que moverse en un vehículo blindado.
Los impactos de las balas no permiten tampoco tener certeza si se transportaba en un blindado o no. En el parabrisas hay siete disparos y uno solo, donde iba un escolta con las manos libres, lo perforó. En el medallón se aprecian dos disparos y en un costado, en el asiento de atrás, a la altura de la cabeza, otros dos, que aparentemente no perforaron el vehículo. Se puede asumir que fue atacada desde tres posiciones diferentes en forma simultánea, que parece un operativo alejado de un presunto despojo. ¿A qué distancia se hicieron los disparos? Eso determinaría si fue un intento de robo, de secuestro o de asesinato.
La camioneta circulaba por un boulevard que tiene cámaras de seguridad. Las autoridades tampoco mostraron imágenes de los atacantes en su huida, la ruta del vehículo o los vehículos que la interceptaron y atacaron, ni el número de ellos, desconociéndose también si la camioneta estaba siendo perseguida para cazarla. No atajaron las suspicacias mostrando la videograbación que enseñara la mecánica de la acción, porque la versión oficial, probablemente, no se sostendría y llevaría a nuevas conjeturas que debilitarían la línea presidencial de que se trató de un intento de robo.
El discurso impuesto desde Palacio Nacional, de acuerdo con funcionarios federales, no fue gratuito. La construcción del despojo se fortalecerá por la captura de al menos dos personas, a quienes culparán del ataque. Podrán haber participado efectivamente en la agresión, o ser chivos expiatorios, pero el gobierno mantendrá la distracción de las motivaciones reales, que tienen a la vista de todos, una clave: los balazos en la ventana de atrás y la forma como los tiros están alineados sugieren manos expertas, que realizaron una acción con un objetivo: la menor. No se admitirá en público, pero este ataque tiene un precedente del que poco se supo: el intento de secuestrar a un familiar muy cercano a Rocha Moya hace dos semanas.
El ataque del martes se dio horas después de una reunión del gabinete de seguridad federal en Culiacán con el equipo de seguridad estatal, que integran militares que estuvieron en la Sección III del Ejército, responsable de operaciones, pero no hay conexión entre los dos eventos porque el mensaje solo llevaba un destinatario: el gobernador.
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Cortesía de El Informador
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