El martes 01 de julio, la Cámara de Diputados sometió a votación la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Desde que fue anunciada como proyecto, partidos de oposición como PAN y PRI sostuvieron que traería una nueva etapa de espionaje a la población, además de adoctrinamiento y censura.
Luego de una serie de modificaciones, y tras ser aprobada en el Senado de la República el sábado 28 de junio, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones fue presentada en la Cámara de Diputados, en donde recibió un total de 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones.
La nueva Ley de Telecomunicaciones implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que hasta ahora regula el espectro radioeléctrico, las redes públicas y otros servicios en el sector. En su lugar queda establecida la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo titular será José Antonio Merino.
Tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el titular de la recién formada ATDT han sostenido en repetidas ocasiones que se trata de una iniciativa con carácter social que también busca garantizar derechos como la educación, la información y la participación ciudadana. Por parte de la oposición, la reforma otorga a la Presidencia facultades de espionaje y acceso ilimitado a la información de los usuarios de servicios de internet y telefonía.
#ALMOMENTO | Por 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones se aprueba, en lo general, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 1, 2025
Señalamientos de censura
Dentro de los principales argumentos para esta postura, se encontraba la incorporación del artículo 109, que brindaba al gobierno facultades para bloquear aplicaciones y plataformas digitales. Este punto, de acuerdo con diputados del PAN, abriría las puertas a la censura indiscriminada. Desde abril pasado, tanto la presidenta Sheinbaum, como la bancada de Morena escucharon estos reclamos y se decidió eliminar completamente el artículo 109 de la versión final.
Otro de los aspectos más polémicos es que bajo esta ley, los servicios de telecomunicaciones como empresas telefónicas y de internet deberán proporcionar los datos necesarios para geolocalización de dispositivos móviles cuando la autoridad lo demande, con el argumento de ayudar al rastreo en tiempo real de personas no localizadas y/o actores de algún delito.
Al respecto, el reclamo vino al considerar que, sin una orden judicial, las autoridades tendrían acceso libre a los datos y dispositivos personales de los mexicanos, violando así el derecho a la privacidad.
Sin embargo, el titular de la ATDT explicó que el artículo 183 del dictamen mantiene el mismo lenguaje que el Artículo 190 de la Ley de 2014 -que fue aprobada por los propios panistas y el PRI-, y que se limita a obligar a los concesionarios a colaborar con las autoridades en términos legales, sin otorgar acceso a datos ni a la Agencia ni al nuevo regulador. Agregó que en el mismo artículo (183), así como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales exigen que cualquier acceso a datos conservados o localización geográfica requiere una orden judicial escrita.
José Antonio Merino, titular de la ADTD y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Por otra parte, la desaparición del IFT y su sustitución por la ATDT fue catalogada como un acto de entrega de control total al Poder Ejecutivo sobre las telecomunicaciones del país.
“La minuta propone eliminar al IFT y concentrar todas las funciones en la Agencia Digital, lo que equivale a entregar al Poder Ejecutivo el control total sobre el espectro radioeléctrico, la supervisión de medios y la vigilancia del contenido de internet”
-Fuensanta Guadalupe Guerrero, diputada del PRI.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones era un organismo autónomo, mientras que la ADTD estará supervisada, en efecto, por el Poder Ejecutivo.
Versión final
La bancada de Morena sostuvo, tras finalizada la votación a favor de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se aplicaron al menos 25 cambios sustanciales a la reforma, a fin de hacerla lo más transparente posible. Entre ellos está la ya mencionada eliminación del artículo 109.
La nueva Ley de Telecomunicaciones establece que las empresas de telefonía deberán entregar equipos desbloqueados a los compradores, y permitir recargas con cualquier operador. También insta a que contactar con servicios de emergencia sea gratuito, Las tarjetas SIM solo podrán ser activadas con una identificación oficial.

A raíz de las transmisiones de spots políticos antinmigrante por parte de los Estados Unidos, que llegaron tanto a las televisiones de mexicanos como a sus conexiones en internet, y que fueron consideradas por parte de la Presidencia como intentos de amenaza, quedó prohibida la transmisión de propaganda política o de ideología por parte de cualquier gobierno extranjero en territorio nacional.
También se ofrecerán descuentos a los operadores y concesionarios de servicios de telefonía, internet y televisión que amplíen su cobertura e infraestructura a las zonas más rezagadas del país, como áreas rurales y carreteras. El objetivo, se dijo, es cerrar la brecha digital. Esta propuesta viene de la mano con la reciente reforma para digitalizar los trámites de documentación oficial, aprobada a finales de junio.
Otro de los aspectos a destacar es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Se tratará de un órgano desconcentrado, con independencia técnica y operativa formado por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, quienes estarán encargados de dictar resoluciones regulatorias.

Tanto momentos previos a la votación, como posteriores a la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, partidos de oposición buscaron persuadir a sus pares a posicionarse en contra. Entre los argumentos y detrás de quienes hacían uso de la palabra se pudieron ver pancartas tachando a Morena de violación a la privacidad de los mexicanos, además de fotografías de diversos dictadores históricos e incluso una copia de 1984, de George Orwell.
Se trata de una novela distópica de ciencia ficción que presenta a un gobierno totalitario que impide la privacidad de sus gobernados al tener acceso y control total de su información.
Cortesía de Xataka
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