La guerra del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el contrabando no surge del aire. Tiene una causa fiscal. Alrededor de 30% de los ingresos tributarios de México provienen de las aduanas.
Entre enero y mayo de 2025, la recaudación aduanera alcanzó casi 600,000 millones de pesos, una cifra 28.5% mayor a la del mismo periodo del año anterior, según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los ingresos mantienen una tendencia creciente en los últimos años.
Proteger ese caudal exige cerrar vacíos. Aquí entra el nuevo capítulo en la lucha contra los fraudes aduaneros.
“El daño que genera a las empresas, a su competitividad, a la generación de empleos”, afirma Miguel Cos Nesbitt, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), justifica cualquier acción para frenar la ilegalidad.
Pero la razón de fondo va más allá: la recaudación va a ser mucho mayor. La presión no viene solo del contrabando. Viene de la necesidad de capturar todo peso que cruce por las 50 aduanas del país.
Desde diciembre, la Secretaría de Economía inició una serie de operativos para contener el fraude aduanero. CAAAREM los respalda.
Aplaudimos cualquier acto del gobierno que vaya tendiente a atacar la ilegalidad, atacar el contrabando
La ofensiva del gobierno no avanza sola. Desde el sector privado se impulsa una propuesta para revivir el antiguo esquema de la Mesa de Combate contra la Ilegalidad, vigente entre 2000 y 2008, pero ahora bajo una nueva figura llamada Observatorio del Fraude Comercial. “Funcionó en aquella época, generó grandes beneficios”, señala Cos Nesbitt en entrevista con Expansión.
Con herramientas como Inteligencia Artificial y trazabilidad digital, la apuesta va más lejos: integrar autoridades, agentes aduanales, sectores productivos y cámaras empresariales para cerrar filas.
La urgencia se justifica con cifras. En el sector textil, 65% del mercado opera en condiciones ilegales, según reportes del sector privado. En el vestido, la Cámara estima niveles similares. “Entendemos el daño que se les da a estos sectores formales, legítimos”, subraya Cos. Por eso urge instalar el Observatorio este mismo año.
La evasión no solo afecta a empresas. También castiga al erario. Los fraudes documentales, la subvaluación y el ingreso de mercancía sin declarar reducen el potencial recaudatorio del país. “La afectación es muy alta”, advierte Cos.
En el centro del problema hay una paradoja: el crecimiento del comercio exterior abre nuevas oportunidades… también para la ilegalidad. “Ese crecimiento,en su mayoría, es el crecimiento maravilloso, es el crecimiento legítimo”, aclara Cos. Pero reconoce que siempre existe “ese pedacito, que yo digo que son los menos, que buscan la ilegalidad. Y para eso están nuestras leyes. Para atacarlo de manera frontal”.
México ya se ubica como la décima potencia exportadora del mundo y la treceava importadora. Cerca de 83% del PIB nacional depende del comercio exterior. Las aduanas, por tanto, operan como columna vertebral de la economía. “Nuestro país tiene una posición muy interesante”, dice. Por eso mismo, cualquier fisura en ese sistema afecta la competitividad y debilita los ingresos.
Lupa sobre agentes
La CAAAREM no se deslinda. “Desde la Confederación vamos a apoyar a quien hace las cosas bien”, afirma. Pero también traza límites. “Quien decida hacer o involucrarse en un acto ilegal, bueno, pues en ese sentido creo que deberá hacerse responsable de sus actos”.
El sector ya comenzó a depurarse. “Actualmente nosotros tenemos conocimiento de que se han iniciado suspensiones a alrededor de 47 agentes aduanales”, confirma Cos. Algunos casos responden a errores. Otros, a acciones deliberadas.
La Confederación trabaja con la Concamin y otros organismos en propuestas. El foco no está solo en facilitar el comercio, sino en cerrar grietas. “Generando muchas propuestas, muchas de ellas encaminadas no nada más al tema de control y facilitación, sino también a cómo cerrar esos vacíos”.
El contrabando adopta formas sofisticadas: ocultamiento, documentos falsos, valores subdeclarados. “Ya se idean una bola de esquemas para poder violentar leyes y pasar por encima de autoridades”, alerta Cos. El fraude no siempre se ve. “Ya se convierte en un problema legal que puede tener cualquier eslabón de la cadena”.
La meta no se limita a castigar. También busca prevenir. “Poner sobre la mesa ideas, acciones, tecnología que nos lleve a detenerlo”.
Y, sobre todo, proteger la caja del Estado. Porque recaudar más significa blindar las aduanas.
Cortesía de Expansión
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